Había que dejar que bajara un poco el polvo del circo. El 28 de abril, Estados Unidos solicitó a México la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya.
La acusación era grave: presuntos vínculos con Los Chapitos y la intervención del grupo criminal, mediante amenazas y secuestros, para favorecer su elección.
Claudia Sheinbaum respondió:
—Primero, antes que nada, son las pruebas.
Correcto. Una acusación no demuestra culpabilidad.
Al día siguiente añadió:
—En México decidimos los mexicanos.
El argumento comenzaba a moverse.
El 7 de mayo insistió:
—Pruebas, que se envíen pruebas. Y hasta ahora, no han enviado prueba.
Y el 14 de mayo sentenció:
—Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar.
Conviene recordar la frase.
Cambió.
La acusación estadounidense tampoco había caído del cielo.
En la elección de 2021 hubo denuncias de secuestros y amenazas contra opositores. No prueban que Rocha los ordenara. Pero ameritaban investigar.
El 25 de julio de 2024, “El Mayo” Zambada terminó en manos estadounidenses. Ese mismo día fue asesinado Héctor Melesio Cuén, adversario político de Rocha. Zambada aseguró después que había acudido a una reunión en la que estaría el gobernador.
La Fiscalía de Sinaloa dijo que Cuén murió durante un intento de robo en una gasolinera. Hasta presentó un video.
La FGR encontró inconsistencias y elementos que ubicaban el asesinato en el inmueble relacionado con el secuestro de Zambada.
La historia se derrumbó.
¿Quién la construyó y para qué?
Otra oportunidad para investigar. Rocha incluido.
Pero la presidenta continuó pidiendo pruebas.
México había entregado a Estados Unidos a 92 personas reclamadas por aquel país. Sus situaciones jurídicas eran distintas, pero demostraban que, cuando existen fundamento y voluntad, ambos gobiernos encuentran el procedimiento.
Con Rocha apareció otro argumento.
El 3 de junio Sheinbaum sugirió que detrás de las acusaciones podían existir intereses electorales.
Al día siguiente declaró:
—No es un asunto de Sinaloa, es un asunto de soberanía quién pone y quién quita.
Hagamos cuentas.
30 de abril: primero, las pruebas.
1 de mayo: en México decidimos los mexicanos.
7 de mayo: no han enviado pruebas.
14 de mayo: nuestra posición no va a cambiar.
4 de junio: es un asunto de soberanía.
En cinco semanas, una solicitud de pruebas se había convertido en la defensa de la soberanía nacional.
Hasta que Rocha decidió regresar.
El 21 de agosto anunció que retomaría la gubernatura. Su argumento resultaba conocido: no había pruebas suficientes en su contra y había sido elegido por los sinaloenses.
Exactamente.
¿No era eso lo que llevaba meses diciendo la presidenta?
Pero Rocha ¿Se mando solo?
Y ocurrió el prodigio.
La soberanía desapareció.
También la voluntad popular.
Sheinbaum aseguró que no había sido consultada:
—Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo.
¿De cuál pueblo?
Rocha había sido elegido precisamente por el pueblo de Sinaloa.
Después calificó su regreso de “imprudente” y “no pertinente”.
Volvamos a las declaraciones.
Antes:
—Es un asunto de soberanía quién pone y quién quita.
Después:
—No me parecía pertinente, por decir lo menos.
¿Qué ocurrió entre una frase y otra?
¿Llegaron las pruebas?
No lo ha dicho.
¿Dejó de ser un asunto de soberanía?
No lo explicó.
¿Dejó Rocha de haber sido elegido por los sinaloenses?
Tampoco.
Lo que sí sabemos es que regresó sin consultarla.
Mientras las explicaciones cambian, los resultados están ahí.
La ENSU del INEGI reporta que 59.8% de la población urbana mayor de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad; 31% de los hogares sufrió al menos un robo, extorsión o fraude durante el primer semestre y 98% identifica algún problema en su ciudad. Apenas 30.8% considera muy o algo efectivo al gobierno de su ciudad para resolver sus principales problemas.
México Elige da a Sheinbaum 47.4% de aprobación y 46.6 de calificación. Los diputados federales alcanzan 46.2%; los senadores, 46.6%, y los diputados locales, 38.5%. En una eventual revocación de mandato, 51.9% votaría porque la presidenta renunciara.
Una encuesta muestra parte del país que estamos viviendo.
La otra, cómo calificamos a quienes lo gobiernan.
Y quedan algunos expedientes incómodos.
Estados Unidos retiró la visa a Andrés Manuel López Beltrán. Sheinbaum dijo que no había nada contra él y sugirió motivaciones políticas.
Adán Augusto López Hernández también enfrenta serios cuestionamientos.
Ninguno es culpable porque alguien lo señale.
Faltan las pruebas.
Por supuesto.
Rocha, sin embargo, ya nos enseñó algo: una posición que “no va a cambiar” puede cambiar.
Lo que todavía no sabemos es qué se necesita para cambiarla.
¿Pruebas?
¿Conveniencia?
¿Que alguien se mande solo?
Habrá que observar qué ocurre con Andy y Adán Augusto.
Y esperar las pruebas.
O el próximo cambio de posición.
