El Congreso abre periodo el 1 de septiembre con la regulación de la inteligencia artificial entre sus prioridades, y lo hará como si el tema empezara ahora, ante una opinión pública que ya la aprobó sin conocerla y un Estado que decide con algoritmos desde hace treinta años sin preguntárselo a nadie.
Solo en la aduana de Nuevo Laredo, durante 2025, un sistema resolvió 5 millones 208 mil veces, en dos segundos cada vez, si una carga se abría o seguía, sin firmar, sin explicar y sin responder por nada.
Se llama mecanismo de selección automatizado, está en el artículo 43 de la Ley Aduanera, y gobierna la aduana que cerró 2025 como la primera del país en recaudación, con 215 mil 227 millones de pesos. La reforma publicada en el Diario Oficial el 19 de noviembre de 2025, vigente desde enero, facultó a las aduanas para convenir con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el análisis de datos.
Esos convenios debían firmarse a más tardar a los 180 días naturales de la entrada en vigor, plazo agotado en junio, y el semáforo dejó de ser lotería estadística para alimentarse de cruces de información.
La opacidad tiene justificación fiscal, porque un semáforo predecible sería inútil, y aun así conviene nombrarla, una decisión sin explicación sobre 40% del comercio terrestre con Estados Unidos. Y sin embargo la ley ya sabe hacerlo distinto, porque el artículo 291-J de la Ley Federal del Trabajo obliga a las plataformas a entregar una política de gestión algorítmica escrita, clara e incorporada al contrato.
El 291-P exige además que las decisiones que interrumpen el acceso a la plataforma las revise personal con autonomía y no algoritmos, con multa prevista en la propia ley. El decreto del 14 de mayo de 2026 avanzó igual con el artículo 305 Bis, que obliga a pactar en contrato la remuneración por el uso de la voz o la imagen de artistas.
México ya tiene transparencia algorítmica y derecho a revisión humana, los tiene desde antes de discutir cualquier ley general, y los reservó para quienes tienen contrato, gremio y voz pública.
Un repartidor puede exigir que le expliquen el algoritmo, un importador de Reynosa no, y un ciudadano al que un modelo le niega un crédito tampoco, y esa asimetría es la verdadera historia del periodo que ahora se abre, sin ley general y con tres rutas legislativas que no se encuentran. Mientras tanto la adopción avanzó sola, y el estudio de Strand Partners para Amazon Web Services calcula que las empresas usuarias pasaron de 38 a 48% en un año.
Son 2.5 millones de empresas, aunque 63% permanece en un uso básico, apenas 13% opera sistemas avanzados y 53% invertiría más si el sector público acelerara su propia adopción.
El dato decisivo es que 88% reporta mejoras de productividad mientras 46% no puede medir el retorno, es decir, casi la mitad no demuestra el beneficio que casi todas afirman obtener.
La ciudadanía repite el patrón, y el Monitor de Inteligencia Artificial 2026 de Ipsos reporta que en México 63% se dice entusiasmado, 52% reconoce nerviosismo y 35% cree probable que le quite el empleo.
Y el hallazgo que debería ordenar el debate, 67% la usa sin confiar plenamente en sus resultados, mientras 37% admite que no verifica la información obtenida. No es ignorancia, es algo más difícil de gobernar, porque la gente sabe que la herramienta falla, lo declara en la encuesta y actúa como si no lo supiera.
La ENDUTIH 2025 del INEGI reporta 104.9 millones de personas usuarias de internet, 86.1% de la población, aunque solo 38.1% usó computadora, de modo que se legislará sobre inteligencia artificial donde seis de cada diez no la usaron.
Falta la pieza que vuelve exigible cualquier regla algorítmica, porque desde 2025 las funciones del extinto INAI quedaron dentro del mismo Ejecutivo que administra los sistemas por vigilar, justo cuando la Ley General de Población incorporó huellas e iris al registro. En Tamaulipas el Congreso local legisla por fragmentos, con propuestas sobre compras públicas, investigación científica y datos del estudiantado, pertinentes todas y sin ley marco que las sostenga.
Los foros del Ejecutivo sobre plataformas y redes sociales, que llegaron al noreste el 19 de agosto y cierran el 17 de septiembre, discuten el uso que hacen los menores de edad.
Es legítimo y urgente, y también el tema que permite legislar sin tocar lo demás, la decisión automatizada sobre una carga, un crédito, una plaza, un apoyo social. Regular la pantalla del menor es popular, regular al Estado que decide con algoritmos no lo es, y ahí se juega la diferencia entre una ley de opinión pública y una de derechos.
Mi conclusión es incómoda y la sostengo, porque el problema no es la ausencia de ley, sino la comodidad de legislar el síntoma y dejar intacta la estructura.
La tamaurocracia y su versión federal comparten método, la norma llega después del hecho, bautiza lo ocurrido y se presenta como previsión. Conviene anticipar el guion, porque habrá foros, habrá consenso, habrá agradecimientos a la sociedad civil y habrá una ley con la palabra ética en el primer artículo.
Lo que difícilmente habrá es una autoridad con presupuesto propio, facultad sancionadora y atribución para abrir el código de un sistema del mismo gobierno que la nombraría. Sospecho, además, que esa ley se redactará con las mismas herramientas que dice regular, y que nadie revisará el resultado, porque el 37% que no verifica también legisla.
La salida no obliga a inventar nada, porque basta extender a cualquier persona lo que el 291-J y el 291-P ya le reconocen al repartidor, explicación clara y revisión humana. Si aprueba una norma sin autoridad independiente, sin obligación de explicar la decisión automatizada y sin alcance para quien no usa computadora, no habrá regulado la inteligencia artificial, habrá redactado su coartada.
Habrá votación, habrá foto y habrá encuesta favorable, porque el aplauso ciudadano nunca ha necesitado entender aquello que aplaude, y la decisión seguirá tomándose donde siempre, en dos segundos, sin firma y sin derecho a explicación.
