Por: Alfredo Torres
Hoy toca hacer la pregunta más incómoda de todas: ¿quién vigila cómo se gastan los impuestos que pagamos? Imaginemos por un momento que hemos invertido en una empresa y como accionistas, un día, al revisar los estados financieros, descubres que el Director General gasta millones sin presentar facturas, les entrega los contratos más lucrativos a sus amigos sin comparar precios y, año con año, reporta pérdidas millonarias en proyectos mal planeados. ¿Qué harías? ¿lo despedirías de inmediato? ¿exigirías una investigación penal?, recordemos que el dinero aportado es fruto de nuestro esfuerzo y trabajo, mucho o poco, pero nos ha costado, la respuesta pareciera ser obvia, pero eso lo dejamos a la imaginación de cada uno. No obstante, cuando se trata de la empresa más grande de todas “el Estado Mexicano”, parecemos padecer de una extraña amnesia colectiva o simplemente justificamos. Olvidamos que nosotros somos los accionistas y que los gobernantes son, simplemente, administradores temporales, contratados para gestionar esos recursos. Tanto en la academia, como en el sector privado, a los mecanismos que evitan que un director abuse de su poder se les conoce como Gobierno Corporativo, este mecanismo exige transparencia, consejos de administración independientes y auditorías rigurosas, lo trágico en el estado mexicano es que carece de una verdadera gobernanza corporativa pública, por así llamarle.
Veamos los datos que evidencian esta falla estructural: El monopolio de los «amigos». Una regla básica de buena administración es que las compras deben licitarse para obtener el mejor precio y calidad, sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha documentado consistentemente que, a nivel federal, la enorme mayoría de los contratos públicos (históricamente rondando el 70% o más en diversas administraciones) se entregan por adjudicación directa o invitación restringida. Esto demuestra como el sistema ha venido operando en la opacidad, recordemos que, cuando no hay competencia, el dinero simplemente se fuga en sobrecostos y amiguismo. Auditorías sin dientes, ¿Qué pasa cuando se detectan desvíos? prácticamente nada, año con año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa la Cuenta Pública y detecta miles de millones de pesos con irregularidades o sin justificar, en diversas dependencias y estados. Además, según la misma ASF, el porcentaje de ese dinero que realmente se recupera o que termina en algún tipo de sanción para los responsables, es estadísticamente minúsculo (históricamente menor al 5%). Tenemos también auditorías que señalan el robo, pero no tenemos un sistema judicial que castigue al ladrón. Una democracia funcional requiere mucho más que ir a votar cada tres o seis años; requiere una rendición de cuentas constante. Debemos ser conscientes de que el poder, por su propia naturaleza, tiende a corromperse si no tiene contrapesos institucionales fuertes. Un principio de administración básica y de ética establece que, a quien se le confían muchos recursos, se le debe exigir un nivel equivalente de responsabilidad. Mientras toleremos que el Estado opere en la opacidad y sin consecuencias por su mala gestión, seguiremos pagando impuestos de primera para recibir resultados de cuarta.
Para reflexionar, como ciudadanos y «accionistas» del país, ¿qué deberíamos impulsar para que los gobernantes estén obligados a rendir cuentas en tiempo real sobre cada peso que gastan?.
