Por Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS.- La empresa importadora de combustible Portacelis Gas and Oil subdeclaró ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el equivalente a más de 83 millones de litros de diésel que ingresaron al país por las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros entre febrero y junio de 2025, de acuerdo con una declaratoria de perjuicio que la autoridad fiscal entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejercer acción penal.
Según ese documento, revelado por Méxicos contra la Corrupción, la empresa declaró formalmente en aduanas el ingreso de 6.6 millones de litros transportados por ferrotanques, cuando en realidad habrían entrado al país alrededor de 90 millones de litros. Lo declarado representaría apenas el 7% del volumen real estimado por el SAT.
El mecanismo documentado por la autoridad consistió en reportar en el pedimento aduanal un volumen de combustible menor al que efectivamente cruzaba la frontera por las aduanas tamaulipecas, lo que habría permitido a la empresa omitir el pago de 834 millones de pesos en derechos e impuestos. Esa práctica —subdeclarar el volumen real para reducir la carga fiscal— es uno de los mecanismos mediante los que opera el huachicol fiscal en el país.
Los registros de comercio exterior de la propia empresa muestran la dimensión de la discrepancia. Entre febrero y julio de 2025, Portacelis reportó formalmente la importación de 13 millones 654 mil litros de diésel en 150 operaciones, realizadas por las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y Veracruz, principalmente a través de dos proveedores texanos: Brownsville GTR y MG Energy, esta última señalada también por su vínculo con una red investigada por contrabando de combustible conocida como «los señores de los trenes».
De esas 150 operaciones, 141 correspondieron a embarques por ferrotanque realizados entre el 9 de febrero y el 28 de junio de 2025 —el periodo revisado por el SAT—, con un volumen declarado de 6 millones 683 mil litros de diésel y un valor de 72.5 millones de pesos.
Tomando como referencia la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) vigente para diésel en 2025, de 7.09 pesos por litro, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, los 834 millones de pesos omitidos equivalen a un volumen adicional de alrededor de 83 millones de litros que la empresa habría introducido por ferrotanques sin declarar, considerando un valor promedio de 11.5 pesos por litro para el combustible de importación en ese periodo. Es decir, frente a los 6.68 millones de litros reportados formalmente, la empresa habría introducido en realidad cerca de 90 millones de litros en cinco meses.
El volumen estimado rebasa el límite que la Secretaría de Energía (Sener) había autorizado a la empresa. El 27 de septiembre de 2024, la dependencia le otorgó un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel desde Estados Unidos. El volumen que, según esta estimación, Portacelis habría introducido realmente por ferrotanques superaría en 73% ese límite autorizado.
Tribunal confirma sanción por ocultar volúmenes
La subdeclaración documentada por el SAT es también el trasfondo de otro procedimiento contra la empresa, mediante el cual la autoridad fiscal canceló su sello digital al constatar que Portacelis no reportó los controles volumétricos de los hidrocarburos que importaba, obligación que permite contrastar lo transportado con lo declarado. Sin sello digital, una empresa no puede emitir facturas y, en consecuencia, no puede vender de manera legal el combustible que introduce desde Estados Unidos. Un tribunal federal confirmó a inicios de febrero que esa cancelación fue legal.
El artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación obliga a quienes importan, transportan, almacenan o comercializan hidrocarburos y petrolíferos a enviar mensualmente al SAT reportes de sus controles volumétricos. Cuando la autoridad detecta que un contribuyente no envía esos reportes, el artículo 17-H Bis del mismo código la faculta para restringir de forma temporal el uso del sello digital y, si la irregularidad no se corrige, cancelarlo de manera definitiva.
El 26 de agosto de 2025, Portacelis demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) la restricción de su sello digital, argumentando que el SAT carecía de competencia para imponerla y que no había precisado el supuesto legal bajo el cual se le consideraba obligada a enviar los reportes volumétricos. En el litigio, la propia empresa reconoció que importaba diésel y que apenas tramitaba la licencia del software requerido para los controles volumétricos, pese a que ya había realizado cientos de operaciones de importación por ferrotanques y buques.
La Sala Regional en Tabasco del TFJA declaró infundados los argumentos de la empresa y confirmó la validez de las resoluciones del SAT, en una sentencia dictada el 15 de enero de 2026 y firme desde el 5 de marzo. El tribunal se apoyó, entre otros criterios, en jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en junio de 2025, que establece que la restricción de un sello digital no constituye una sanción sino una medida cautelar.
Una consulta al Sistema de Recuperación de Certificados del SAT muestra que Portacelis ha tenido tres Certificados de Sello Digital desde su constitución, los tres revocados el mismo día, el 27 de junio de 2025, por la causal del artículo 17-H Bis. La empresa obtuvo una nueva firma electrónica el 17 de junio de 2026, vigente hasta 2030, pero no cuenta con ningún Certificado de Sello Digital activo a su nombre, por lo que no tiene forma legal de timbrar comprobantes fiscales ni de vender el combustible que importa.
El litigio por el sello digital es distinto del procedimiento por el que la empresa fue suspendida del padrón de importadores el 1 de agosto de 2025, aunque ambas suspensiones tienen como trasfondo la misma discrepancia entre el volumen de diésel declarado en los pedimentos aduanales y el que, según las guías de embarque, transportaban realmente los ferrotanques y buques de la empresa.
Portacelis Gas and Oil fue fundada el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco, con Juan Carlos de la Cruz Murillo como administrador único. La empresa recibió el permiso de importación de la Sener tres días antes de que concluyera la administración federal anterior, en septiembre de 2024, y comenzó sus operaciones de importación cinco meses después, en febrero de 2025.
