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El Paquete Económico 2027, entregado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre, trae consigo un conjunto de reformas que apuntan a recaudar más sin subir impuestos.
La estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del gobierno de Claudia Sheinbaum se apoya en tres pilares: el combate frontal al huachicol fiscal, la ampliación del régimen simplificado para pequeños y medianos contribuyentes, y la creación de una plataforma nacional que finalmente pondrá orden en el catastro del país.
Golpe certero al huachicol fiscal
El Paquete Económico 2027, entregado por el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, incluye nueva estrategia de trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolina y diésel. La propia presidenta Sheinbaum lo adelantó semanas antes de la presentación formal del paquete: se trata de blindar el que ya existe para que nadie pueda seguir evadiéndolo.
Durante años, la estrategia oficial contra el contrabando de combustibles se concentró en medir litros: cuánto entra, cuánto se almacena, cuánto sale de cada eslabón de la cadena de hidrocarburos.
Ahora se seguirá también la ruta del dinero, cruzando facturas y pagos de IEPS para detectar, con precisión, en qué punto exacto de la cadena comercial se está evadiendo el fisco.
El mecanismo, contenido en una nueva fracción XIX que se añadiría al artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación, es sencillo de explicar: hasta ahora, las comercializadoras, transportistas y gasolineras que no son fabricantes, productoras ni importadoras de combustible estaban exentas de declarar el IEPS, gracias a una disposición del artículo 8 de la propia Ley del IEPS.
A partir de la entrada en vigor de esta disposición, estas empresas tendrán que calcular mensualmente la diferencia entre los litros que venden y los litros que formalmente adquirieron. Si venden más de lo que compraron -la huella digital clásica del combustible ilegal que entra sin pagar impuestos- esa diferencia quedará sujeta al pago íntegro del IEPS, sin posibilidad de aplicar estímulos, descuentos o acreditamientos que pudieran diluir el cobro.
La medida viene acompañada de un candado adicional que conviene subrayar: la ley prohíbe expresamente que este costo se traslade al consumidor final o se incluya en el precio de venta.
El peso de la irregularidad recae en quien la comete, no en el automovilista que llena su tanque en la estación de servicio.
Hoy, solamente Pemex y las empresas importadoras presentan declaración de este impuesto. Con la reforma, el universo de contribuyentes obligados se ampliará a todo el eslabón comercial —comercializadoras, transportistas y gasolineras—, lo que permitirá al SAT cruzar información y detectar con mayor eficacia dónde se están generando los diferenciales sospechosos.
La disposición no entrará en vigor de manera inmediata junto con el resto de la Ley de Ingresos —que arranca el 1 de enero de 2027—, sino hasta el 1 de julio de ese año. Ese margen de seis meses es una muestra de responsabilidad en el diseño de la política pública: le da tiempo al propio SAT para adecuar sus sistemas de cruce de información antes de exigir el cumplimiento a los contribuyentes, evitando así una implementación apresurada que pudiera generar confusión o afectaciones injustas.
RESICO se hace más grande y más flexible
El segundo gran capítulo de las novedades fiscales 2027 tiene un destinatario muy concreto: los pequeños y medianos contribuyentes que hoy tributan -o que podrían empezar a tributar- bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), uno de los esquemas más exitosos de simplificación administrativa de los últimos años.
La propuesta amplía de manera notable el universo de contribuyentes que pueden beneficiarse de este régimen.
Para las personas físicas, el límite de ingresos anuales subiría de 3.5 millones a 5 millones de pesos; para las personas morales, el salto es todavía mayor: de 35 millones a 50 millones de pesos. Se trata de un ajuste que reconoce el crecimiento natural de miles de pequeños negocios mexicanos y evita que, por el simple hecho de haber prosperado, se vean forzados a saltar abruptamente a un régimen fiscal general mucho más complejo.
Uno de los cambios más celebrados por organizaciones empresariales como CONCANACO Servytur es que, para las personas morales, el régimen dejaría de ser obligatorio para convertirse en opcional. Esto le da a cada empresa la libertad de comparar, con base en su propia realidad financiera, si le conviene más quedarse en RESICO o migrar al régimen general de personas morales.
Es un gesto de confianza hacia el contribuyente: en lugar de imponerle un esquema único, se le da la posibilidad de elegir el que mejor se adapte a su operación.
La propuesta también resuelve un problema que había generado dolores de cabeza a muchos pequeños empresarios: hasta ahora, quien salía de RESICO por incumplir alguna obligación fiscal quedaba prácticamente vetado para reincorporarse.
La reforma elimina esa restricción, permitiendo el reingreso al régimen siempre que el contribuyente se ponga al corriente con sus obligaciones y cumpla nuevamente los requisitos. Es una segunda oportunidad que premia la corrección de errores por encima del castigo permanente, un enfoque que puede ayudar a que más negocios se mantengan dentro de la formalidad en lugar de optar por la informalidad tras un tropiezo administrativo.
El sector primario -agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores- también recibe una buena noticia: el monto de ingresos anuales exentos pasaría de 900 mil pesos a 1 millón de pesos, y el impuesto se calcularía únicamente sobre el excedente. Es un reconocimiento directo a las particularidades de estas actividades productivas, que suelen enfrentar ciclos de ingresos más irregulares que otros sectores.
Adicionalmente, se contempla la posibilidad de que los contribuyentes de RESICO opten por un esquema de IVA del 7% sobre las contraprestaciones efectivamente cobradas, y se prevén mayores porcentajes de depreciación para sus activos fijos, dos herramientas que —bien aprovechadas— pueden traducirse en un alivio real de carga administrativa y financiera para miles de micro y pequeñas empresas del país.
Una plataforma catastral para modernizar
Un tercer eje de esta ofensiva fiscal 2027 es la creación de la Plataforma Nacional Catastral, contenida en la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, enviada también por la Presidencia al Congreso.
El diagnóstico detrás de esta iniciativa es honesto y necesario: hoy, cada municipio de México tiene su propio nivel de desarrollo catastral, sus propios criterios de valuación y sus propios sistemas —muchos de ellos todavía en papel.
Esa fragmentación no solo dificulta la administración del territorio, sino que deja fuera del radar fiscal a miles de predios que jamás han sido correctamente valuados o ni siquiera están inscritos. La nueva plataforma, que administrará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, busca resolver ese rezago de fondo mediante una arquitectura común para todo el país.
El diseño técnico de la propuesta es notablemente completo. Contempla un mapa base con la cartografía unificada de la propiedad civil, social y pública de México; una Clave Única Catastral que identificará de manera inequívoca cada inmueble del territorio nacional, sin importar que cambie de dueño o se modifiquen sus características; y una Cédula Única Catastral y Registral que conectará esa clave con el Folio Real del Registro Público de la Propiedad, vinculando por fin la información física de cada predio con su situación jurídica.
Se trata del primer intento serio de que México cuente con un padrón inmobiliario homologado y verdaderamente actualizable en todo su territorio.
Un elemento que merece destacarse es que la propia iniciativa es enfática en un punto: esto no es un aumento de impuestos. La lógica es distinta y, en el fondo, más sana: se trata de actualizar valores catastrales que en muchos municipios llevan años —a veces décadas— sin revisarse, e incorporar al padrón predios que hoy operan al margen de cualquier registro formal.
Ampliar la base gravable de esta manera, sin tocar tasas ni crear nuevas contribuciones, es exactamente el tipo de eficiencia recaudatoria que los especialistas en finanzas públicas llevan años recomendando.
El calendario de implementación es exigente pero realista: estados y municipios deberán adoptar la nueva plataforma a más tardar el 31 de diciembre de 2026, para que el sistema entre en operación formal el 1 de enero de 2027, con 180 días adicionales para armonizar sus marcos legales locales.
