Por. Josué Sánchez Nieto
En el Congreso de Tamaulipas deberían reservar un espacio en el Muro de Honor para las sentencias de la Suprema Corte, ahí junto al tablero, para recordarles que juntar manos no convierte cualquier ocurrencia en una buena ley.
Nota mental 1: Una mayoría sirve para aprobar; pero para legislar bien hace falta estudiar y mucho.
El revés del 10 de septiembre es la más clara y reciente muestra: la Corte invalidó la reforma al Código Municipal que establecía restricciones para acceder o permanecer en cargos municipales por su situación penal.
¿La razón? Se publicó el 1 de julio, dentro de los noventa días previos al inicio del proceso electoral, cuando la Constitución prohíbe cambios electorales fundamentales.
La Corte ni siquiera necesitó resolver el fondo de esas restricciones; bastó revisar el calendario. El último día para publicar esos cambios era el 15 de junio. Una reforma puede reunir votos, pero si llega fuera del plazo constitucional, llega mal. Conocer los tiempos tendría que ser requisito básico del oficio.
Por si eso fuera poco, el 18 de agosto hubo otra corrección. Al resolver sobre normas que reservaban al menos 3% de los empleos públicos municipales para personas con discapacidad, la Corte encontró que el Congreso había omitido consultarlas. Dio doce meses para realizar la consulta y volver a legislar, difiriendo los efectos de esa invalidez.
Además, anuló de inmediato la exigencia de una certificación de competencias impuesta a esas personas, por discriminatoria. La paradoja es incómoda: una legislación presentada para incluir terminó excluyendo a sus destinatarios de la decisión y colocándoles una barrera adicional.
Nota mental 2: Las buenas intenciones también necesitan leer la Constitución.
El tercer asunto es del 20 de abril. En un amparo, la Corte declaró inconstitucionales disposiciones de Tamaulipas que criminalizaban el aborto y protegían la vida desde la fecundación. La protección inmediata correspondió a quienes promovieron el juicio; sería incorrecto venderlo como una eliminación general y automática de todas esas normas.
Sin embargo, la señal al Legislativo es contundente: mantener disposiciones contrarias a los derechos obliga a las personas a buscar en los tribunales lo que sus representantes deberían garantizarles.
Nota mental 3: El costo de una ley mal hecha, o de una actualización que nunca llega, lo paga alguien real.
Estos tres casos muestran que al Congreso le han corregido la plana en asuntos trascendentes. No todas las normas nacieron en la actual Legislatura, pero quienes hoy ocupan las curules deben corregir lo heredado y evitar nuevos tropiezos. Eso exige revisar precedentes, respetar plazos y escuchar a las personas afectadas antes de votar.
Ha trascendido en redes que Tamaulipas es el estado con más reveses ante la Corte. Sería irresponsable afirmarlo sin un comparativo verificable, pero tampoco necesitamos ganar ese campeonato para preocuparnos: con los casos que ya tenemos documentados alcanza para exigir una revisión de cómo se ha venido legislando en nuestro Estado en los últimos años.
Que estos asuntos no acaparen reflectores no les resta trascendencia: una sentencia exhibe una falla, aunque haga menos ruido que una pelea en tribuna; pero también esos resultados deben entrar en el balance del Congreso, aunque incomoden al informe y descompongan la fotografía.
La Corte (ahí como la ven con todas sus deficiencias) cumple su función al revisar las leyes; el Congreso debe cumplir la suya aprendiendo de las correcciones…
Es un hecho que Tamaulipas ha ocupado un lugar importante en las discusiones jurídicas a nivel nacional en los últimos años ―y no lo digo necesariamente como un cumplido―, ojalá que nuestros legisladores locales entiendan que levantar la mano toma segundos; hacerse responsable de lo que se aprueba exige mucho más.
