Por José Luis Rodríguez Castro
Expreso-La Razón
TAMPICO, TAM.- Cuatro kilos y medio de carne de cocodrilo estaban almacenados junto a pescados y mariscos de venta regular en los congeladores de un establecimiento localizado en el muelle de Tancol, en Tampico.
El producto permanecía en el mismo establecimiento donde se comercializaban pescados y mariscos.
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) los localizó durante una inspección y procedió al aseguramiento del producto y la clausura del negocio.
UN DELITO FEDERAL
El doctor César Cedillo Leal, coordinador del Comité de Interacción Humano-Cocodrilo para México y de los grupos SOS nacionales, recordó que tener ejemplares vivos de cocodrilo, o partes y derivados de ejemplares muertos, sin la documentación correspondiente, es un delito federal que puede derivar en multa económica o incluso cárcel.
El especialista también advirtió que no es recomendable mantener ejemplares de vida libre, ya que no cuentan con una regulación en su alimentación ni en su salud.
UN RIESGO QUE EL CONSUMIDOR NO PODÍA VER
Cedillo Leal explicó que los cocodrilos son depredadores tope y funcionan como bioindicadores del estado de los ecosistemas: acumulan metales pesados e hidrocarburos, y pueden portar enfermedades sin manifestarlas de forma visible.
«No sabemos de qué cuerpo de agua pueda venir», advirtió el especialista, en referencia al riesgo de consumir carne de origen incierto. En la zona sur de Tamaulipas, señaló, los cuerpos de agua están expuestos en distintos grados a descargas de aguas residuales y desechos sólidos urbanos, lo que eleva el riesgo si el ejemplar procedía de un cuerpo de agua local y no de una granja certificada.
Por ello, recomendó no consumir carne de cocodrilo si no se tiene certeza sobre su procedencia.
Cedillo Leal explicó que en México existen granjas productoras de cocodrilos, concentradas en el sureste del país, que comercializan el producto de forma legal a cualquier punto del territorio nacional. «Es carne de legal procedencia, donde te dan una factura, un número de guía donde dice de qué granja es y los permisos que tiene esa granja para podértelo vender», dijo.
Para poder vender carne de cocodrilo de forma legal, explicó, es necesario contar con una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y un esquema conocido como pie de cría: ejemplares reproductores adquiridos de otra granja certificada, cuya descendencia sí puede aprovecharse, siempre que se acredite su procedencia.
Pero «en todo el país está prohibida la venta de carne de cocodrilo de vida libre», afirmó. Los ejemplares de vida libre no pueden ser aprovechados para la comercialización de carne, piel u otros derivados.
NECESARIO MANTENER OPERATIVOS
El especialista consideró necesario que las autoridades mantengan operativos periódicos y sorpresivos para detectar comercialización de fauna silvestre fuera de los canales legales. «Sí, te tiene que haber un seguimiento, operativos cada cierto tiempo, operativos sorpresa, por lo que se ve, esto fue un operativo sorpresa», señaló.
Añadió que las sanciones cumplen una función disuasiva frente a este tipo de delitos.
PROFEPA INVESTIGABA VENTA DE CARNE DE COCODRILO
A través de un comunicado, la Profepa informó que la revisión derivó de acciones de investigación del personal de la dependencia.
Fue realizada el pasado 18 de septiembre, con el objetivo de verificar la existencia, venta y comercialización de ejemplares de cocodrilo y sus derivados en establecimientos de la zona sur de Tamaulipas.
En el lugar fue localizada carne de Crocodylus moreletii, especie sujeta a protección especial conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
Según el comunicado, la venta de partes y derivados de esta especie —incluida la carne— requiere autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o, en su caso, de la autoridad estatal correspondiente.
La Profepa anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con fundamento en el artículo 420 del Código Penal Federal, que contempla penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil días de multa a quien dañe ilícitamente a estos ejemplares.
La dependencia dijo que continuará «las acciones de investigación y estrategias necesarias para detener el tráfico y comercio ilícito de ejemplares de vida silvestre, así como desmantelar mercados clandestinos» que operen con partes y derivados de fauna protegida.
