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Expreso – La Razón
En la margen del río Bravo, al este de Camargo, Tamaulipas, está la estación La Frontera. Por ahí entra desde Agua Dulce, Texas, el gas que mueve la industria del centro del país.
El ducto cruza 118 kilómetros el subsuelo de la Cuenca de Burgos hasta Los Ramones, Nuevo León, con capacidad de 2 mil 100 millones de pies cúbicos diarios.
Bajo ese suelo está el gas que Tamaulipas dejó de extraer. En 2025 produjo 170 millones diarios de gas no asociado, según Monitor Energético con datos de Pemex.
Fue el mínimo histórico por entidad: caída de 33 por ciento en un año y seis años a la baja. En 2001 era el primer productor nacional, con 549 millones diarios.
Un solo ducto de importación mueve más de 10 veces lo que produce el estado. Esa es la paradoja de Burgos: corredor de gas ajeno mientras el propio queda bajo tierra.
PROMESA NUNCA CUMPLIDA
La cuenca produce gas desde 1945. Abarca norte de Tamaulipas, parte de Nuevo León y franja de Coahuila. A finales de los 90, Pemex lanzó el Proyecto Integral Cuenca de Burgos, la gran apuesta gasera.
En 2010 la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos de Diputados describía planes enormes. El Activo Integral Burgos preveía 578 pozos exploratorios y mil 520 de desarrollo para llegar a 2 mil millones diarios. Aportaba 70 por ciento del gas no asociado nacional.
La meta nunca se cumplió. El pico fue en 2009 con mil 515 millones diarios y desde entonces cae. Tampoco se cumplió la promesa de hace 20 años.
Pemex firmó con Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila un convenio de desarrollo sustentable para municipios de la cuenca. En 2023 Petroquimex hizo balance: no se ha cumplido. Los municipios siguen pobres, sin empleo, mientras gasoductos tamaulipecos operan con más de 65 por ciento de capacidad ociosa.
EL AUGE TEXANO
La formación Eagle Ford no reconoce fronteras. Geólogos coinciden: Burgos es su continuación en México, misma roca, misma edad, potencial comparable.
En Texas el primer pozo se perforó en 2008. Seis años después, según UTSA, generaba 123 mil millones de dólares en 21 condados del sur y sostenía 191 mil 153 empleos. Solo en 2012 aportó más de 2 mil millones a arcas estatales y locales. Pueblos ganaderos en declive renovaron calles, comercios y finanzas.
Precisión: el gas de lutitas no migra, Texas no succiona gas mexicano. Lo que separa ambos lados no es geología, sino decisiones. De un lado se explotó. Del otro se robó, se dejó declinar o se sustituyó por el vecino.
LA ORDEÑA, GRAN NEGOCIO
La primera gran fuga no fue por ducto legal. Entre 2006 y 2011, Cártel del Golfo y Los Zetas robaron condensado de campos de Pemex en la cuenca, con complicidad de empleados, contratistas y agentes aduanales, y lo exportaron a Texas. Dejaba casi tanto como la droga.
En demandas civiles en Houston, Pemex sostuvo que cárteles se llevaron hasta 40 por ciento del condensado. Métodos: asalto a pipas, secuestro de empleados y ductos clandestinos. Cruzaba con documentos falsos a compradores estadounidenses.
La red salió por investigación de EU, Operación Reckoning. En 2010 Pemex demandó a compradores. En 3 rondas acusó a 23 empresas: BASF, Murphy Energy, Trammo Petroleum, Plains All American, Western Refining y filiales de Shell y ConocoPhillips.
Fue un fracaso. Reclamó 300 millones de dólares y obtuvo sentencias por 71 millones contra 5 empresas y una persona. Ninguna tenía fondos, no recuperó un dólar.
Más grave: ante tribunal de Houston, Pemex admitió que sabía del robo desde 2006. Presidencia fue informada desde 2007, en sexenio de Felipe Calderón. Función Pública se declaró incompetente.
En México nadie fue procesado por la red que surtió condensado a industria texana, justo cuando despegaba Eagle Ford.
DESPLAZAMIENTO INTENCIONAL
Mientras el condensado cruzaba el río, municipios se vaciaban. San Fernando, Mier, Guerrero, Camargo, Miguel Alemán y Díaz Ordaz vivieron entre 2010 y 2014 lo peor de la guerra entre Golfo y Zetas.
La antropóloga Séverine Durin, del CIESAS, documentó el caso extremo. Entre 2010 y 2012, San Fernando perdió entre cuarta parte y mitad de población por asesinatos, desapariciones y huida masiva. Hasta 90 por ciento de ejidatarios dejó tierras. Muchos vendieron ranchos a precio de remate por temor a despojo.
Durin advirtió que caída del valor de tierra resultaba atractiva para inversionistas energéticos interesados en Burgos.
En 2023 investigadores Raúl Iglesias Nieto y Pierre Gaussens, de Colmex, y Guadalupe Correa-Cabrera, de George Mason, publicaron estudio en Crime, Law and Social Change. Hallazgo: municipios más golpeados por violencia y despoblamiento en noreste coinciden con Cuenca de Burgos, mayor reserva de gas de lutitas. Plantean desplazamiento con lógica estratégica más allá de disputa entre cárteles.
Autores piden cautela. Método muestra coincidencia geográfica, no plan probado. Despoblamiento rural comenzó antes de guerra. Pregunta abierta: quién compró, arrendó o se quedó con tierra abandonada.
EL DUCTO DE LA IMPORTACIÓN
El giro se decidió lejos de Tamaulipas. El 8 de noviembre de 2011, en Guaymas, Sonora, Calderón anunció con Sener, Pemex, CFE y CRE programa de gasoductos con capital privado. Lógica: EU tenía gas de lutitas de sobra, a México le salía más barato comprar que desarrollar propio.
Gobierno de Enrique Peña Nieto concretó proyecto. En noviembre 2013 EU autorizó gasoducto y en marzo 2014 conexión transfronteriza. Fase I de Los Ramones se construyó entre marzo y diciembre 2014, en plena violencia fronteriza.
En 2014 prensa notó detalle: cruce se ubicó en tramo de Camargo donde río se estrecha, punto conocido por trasiego de lanchas, helicópteros y balaceras.
Propiedad no quedó en manos públicas. Según PODER, desde 2016 gasoducto pertenece, además de Pemex, a BlackRock, First Reserve y Sempra vía IEnova. Negocio del gas que entra por Camargo quedó en buena parte en manos extranjeras.
Hoy México importa 70 a 75 por ciento del gas que consume, sobre todo de EU. Buena parte entra por Tamaulipas y pasa sobre cuenca que dejó de producir.
LOS VOTOS DE LA REFORMA
En diciembre 2013 Congreso aprobó reforma energética de Peña Nieto con votos PRI, PAN y Verde. Siete años después, exdirector de Pemex Emilio Lozoya denunció ante FGR esa votación.
Según denuncia conocida en agosto 2020, legisladores panistas no negociaron: extorsionaron a cambio de votos. Señaló a Ricardo Anaya y senadores Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Francisco García Cabeza de Vaca.
Afirmó que por órdenes de Hacienda, Luis Videgaray, se entregaron unos 80 millones de pesos. Sostuvo que senadores usaban proyectos políticos en Tamaulipas, Campeche y Querétaro para pedir más dinero y llevaban a Pemex contratistas cercanos para contratos.
Acusación se cruzó con urnas. En 2016 PAN ganó 7 gubernaturas y arrebató al PRI, por primera vez en 80 años, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Quintana Roo. Algunos senadores que votaron reforma llegaron a gobernar sus estados, entre ellos Cabeza de Vaca y Domínguez. En 2015 Javier Corral había denunciado que votos se compensaban con dinero no transparentado.
Nada ha sido probado ante juez. Anaya calificó acusación de falsa y recordó que su partido impulsaba reforma desde antes. De 70 denunciados por Lozoya, solo Lavalle fue detenido y vinculado en abril 2021. Sigue sin sentencia. Para 2025 expediente Odebrecht seguía sin castigo para Peña Nieto y Lozoya.
El caso exhibe cómo infraestructura, violencia y política energética se entrelazaron para convertir a Burgos en corredor de importación y no en polo de producción nacional.
Burgos pasó de promesa a paradoja: de aportar 70 por ciento del gas no asociado a depender de importaciones que cruzan su subsuelo. El declive productivo coincide con ordeña, violencia, desplazamiento y privatización del transporte. La cuenca produce menos, importa más y sigue pobre. Entender esa trayectoria es clave para cualquier política energética futura que aspire a rescatar su potencial y revertir dependencia externa.
