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Expreso-La Razón
La recaptura la noche de este martes de José «A», exintegrante del extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), volvió a arrojar luz sobre la masacre de migrantes de Camargo, ocurrida hace cinco años.
El caso se remonta al 22 de enero de 2021, cuando fueron localizados 19 cuerpos calcinados en el ejido Santa Anita, municipio de Camargo. Las víctimas eran 16 guatemaltecos —muchos originarios de Comitancillo—, un salvadoreño y dos mexicanos que trabajaban ayudando a migrantes a cruzar la frontera. Viajaban hacia la frontera para cruzar a Estados Unidos cuando fueron asesinados a balazos y después incinerados.
La zona no es casual: Camargo forma parte de la llamada Frontera Chica, un corredor estratégico para el tránsito ilícito de drogas y migrantes hacia Texas.
La versión inicial no apuntaba a los responsables. Los agentes pertenecían a un grupo de élite que primero declaró haber encontrado los cuerpos calcinados. La investigación cambió de rumbo con el testimonio de uno de los policías del operativo, quien decidió cooperar y afirmó que los propios agentes mataron a los migrantes y los incineraron. Según la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes, los policías detuvieron, torturaron y asesinaron a las víctimas; a algunas les dieron el tiro de gracia antes de prenderles fuego.
La reacción internacional
El crimen tuvo eco inmediato en Centroamérica. El diputado guatemalteco Carlos Barreda pidió que la investigación se llevara al ámbito federal y se ampliara a funcionarios del INM, y el Congreso de ese país citó al canciller Pedro Brolo para informar sobre el caso.
Los restos de los 16 guatemaltecos fueron repatriados en marzo de 2021, con gastos cubiertos por el Instituto Nacional de Migración. En la ceremonia en la base de la Fuerza Aérea, el entonces presidente Alejandro Giammattei afirmó: «No descansaremos hasta lograr la reparación, juicio y castigo de los responsables». En Comitancillo, un estadio con mil 500 personas recibió los cuerpos.
Del lado mexicano, en febrero de 2021 el entonces subsecretario Alejandro Encinas aseguró a las familias, en reunión con autoridades guatemaltecas, que el daño se repararía con una compensación para reconstruir su proyecto de vida.
Sentencia de 50 años
El 14 de septiembre de 2023, el juez Patricio Lugo, del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, emitió el fallo condenatorio. Once de los 12 policías procesados recibieron 50 años de prisión, y el que colaboró con la investigación, 19 años, por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia. Al fijar la pena, el juez sostuvo que el estatus migratorio no justifica el asesinato y que al pisar territorio mexicano las víctimas adquirieron los mismos derechos que cualquier ciudadano.
Ricardo García, padre de una de las víctimas, Santa Cristina, de 20 años, resumió la postura de las familias: «también pedimos que no se repita otra masacre».
La sentencia no cerró el caso. A finales de 2023 los defensores de los 12 policías apelaron el fallo, y en algunos casos pidieron retroceder a etapas previas a la sentencia. Además, aunque se sabe que más de 20 policías participaron en los hechos, solo 12 fueron procesados; tras la masacre se emitieron 20 órdenes de aprehensión. Las organizaciones acompañantes han señalado que no se ha investigado a la cadena de mando ni a servidores del INM, pese a que el vehículo de los migrantes había sido retenido por la delegación de Nuevo León en diciembre de 2020. En la Fiscalía de Tamaulipas existe una investigación abierta, sin mayores avances, contra los autores intelectuales.
En el ámbito federal, la FGR anunció el cierre de su carpeta tras la sentencia, determinación que las familias rechazan.
La reparación pendiente
La sentencia fijó como reparación el pago de 335 mil 709 pesos por cada víctima, monto que podría variar según el criterio del juez de ejecución. En paralelo, la CNDH emitió en septiembre de 2024 la Recomendación por Violaciones Graves 168 VG/2024, que ordena la reparación integral, incluida compensación y atención médica y psicológica, cuyo cumplimiento quedó a cargo de la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas.
En enero pasado, al cumplirse cinco años, las familias realizaron una caminata de memoria en Comitancillo, San Marcos, y denunciaron que no han recibido reparación ni una disculpa pública del Estado mexicano. Entre sus exigencias figura la reactivación del Mecanismo de Acompañamiento Binacional entre México y Guatemala para identificar a todos los responsables.
La recaptura de José Arturo «A» devuelve al proceso a uno de los señalados. Para las familias de Comitancillo, el expediente sigue abierto en los mismos puntos que hace cinco años: la verdad completa y la reparación.
