México parece haber encontrado un detector de patriotismo: contar pasaportes. Si usted tiene uno, pase sin problema; si tiene dos, empiece a explicar “cuánto quiere a la patria”… Ojalá fuera tan sencillo identificar a quienes llegan al poder para servir al país y a quienes llegan para servirse de él.
Apenas el pasado 22 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales. Propone exigir nacionalidad única para ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina; quien tenga otra deberá renunciar a ella antes de registrar su candidatura.
Esto de ninguna manera elimina la doble nacionalidad para toda la población; antes bien, establece una condición para competir por algunos cargos de elección popular. Los transitorios de esta propuesta prevén aplicarla desde el proceso electoral de 2028.
Sin duda alguna, venderla como un filtro general para las elecciones de 2027 sería adelantarse al texto, sin embargo, con los legisladores que tenemos, ya nada puede sorprendernos.
Morena y sus aliados defienden la medida como “garantía de soberanía y prevención de conflictos de interés”. La oposición cuestionó su posible uso electoral, sus efectos sobre los derechos políticos y la idea de que una segunda nacionalidad permita medir la lealtad; MC puso el acento en las familias migrantes, mientras que el PAN recordó —nuevamente— que el crimen organizado también vulnera la soberanía.
El propósito de exigir compromiso con México es legítimo. Quien gobierna debe responder al interés público; lo que necesita demostrarse es por qué renunciar a otra nacionalidad garantiza ese compromiso. Un documento puede acreditar una condición jurídica, pero muy difícilmente certifica la conciencia de su titular.
Tampoco partimos de cero: el artículo 32 constitucional ya reserva determinados cargos a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad. La discusión exige explicar qué problema resuelve la nueva redacción y cómo se comprobará la renuncia.
Reformar la Constitución merece algo más que envolver una sospecha en la bandera.
En Tamaulipas, la pregunta tiene domicilio. Compartimos frontera, familias e historias con Estados Unidos; es muy común en nuestro Estado que una persona tenga dos nacionalidades desde que nace, sin haber elegido entre gobiernos ni jurado complicidad con intereses extranjeros. Convertir esa circunstancia en sospecha política exige argumentos sólidos.
El presidente del Congreso, Humberto Prieto ya abrió la posibilidad de extender la restricción a alcaldías y diputaciones locales. Ahí conviene ponerle freno al entusiasmo: ampliar la prohibición sería una decisión con asegunes constitucionales muy debatibles, esto sin mencionar que políticamente sería “pegarse un balazo en el pie”. Por lo que no basta llamarla “armonización” para que lo sea.
Y por no dejar, hay que recordarles a nuestros legisladores locales que la Corte ha limitado la facultad de los congresos estatales para imponer requisitos de nacionalidad por nacimiento en cargos públicos; ese antecedente obliga a revisar competencias antes de anunciar candados… Ojo: la mayoría legislativa alcanza para reunir votos; no sustituye la fundamentación.
Si la reforma prospera, Tamaulipas deberá adecuar sus reglas para la gubernatura al nuevo marco federal. Para cualquier extensión habrá que justificar su necesidad, escuchar a la población fronteriza y precisar procedimientos, plazos y medios de defensa.
Los derechos políticos merecen reglas claras, no ocurrencias de micrófono.
Y si el objetivo es evitar lealtades indebidas, revisemos quién financia las campañas, los conflictos de interés, los contratos y el patrimonio de quienes gobiernan. Ahí hay pruebas que investigar y responsabilidades que exigir. La soberanía se defiende siguiendo el dinero.
Tener dos nacionalidades no demuestra una traición; tener una sola tampoco garantiza honradez. México y Tamaulipas necesitan gobernantes cuya lealtad se compruebe en sus decisiones, porque para saquear a la patria nunca ha hecho falta un segundo pasaporte.
