13 julio, 2025

13 julio, 2025

Desaparecidos: nuevo abordaje a la crisis

CATALEJOS/ MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

La reforma en materia de desaparición en México ha entrado en una nueva etapa. Buena noticia: ésta responde a  la incorporación de propuestas directas de familiares y colectivos de personas desaparecidas.

En un contexto donde el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza a más de 127 mil personas en esa condición desde los años cincuenta (13,498 en Tamaulipas), la iniciativa de reforma a la llamada “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas” ha sido modificada con 570 propuestas recopiladas a través de 84 mesas de trabajo, según informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

Todos esto, después de que con toda la razón del mundo, los colectivos reclamaran que nadie los había tomado en cuenta.

Las modificaciones derivadas de este proceso ciudadano abarcan 23 artículos de la ley y se han propuesto 30 nuevos artículos, integrados con base en las demandas de los colectivos.

Entre los elementos propuestos por las familias y colectivos, se plantea la implementación de protocolos específicos con planes de seguridad y protección para quienes realizan labores de búsqueda, así como el registro inmediato y obligatorio de los reportes de desaparición por cualquier autoridad competente.

Se establece que las carpetas de investigación deberán iniciarse sin demora y que existan sanciones para las autoridades que omitan tanto los registros como el inicio de las investigaciones. Otro aspecto relevante es la creación de una plataforma única de identidad que sea segura y rastreable, la cual facilitará el cruce de información entre distintas dependencias, incluyendo un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que las fiscalías tengan acceso a los datos de identificación. También se contempla el trato digno para los familiares y un registro actualizado de restos bajo resguardo institucional, así como la aplicación obligatoria de pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de cualquier inhumación.

Este conjunto de modificaciones será enviado al Senado como reservas al proyecto original del Ejecutivo, que se encuentra congelado en comisiones.

Ayer también se firmó un exhorto dirigido al Senado para que emita la convocatoria para renovar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el mecanismo civil que representa a las familias dentro del Sistema Nacional.

En conjunto, son buenas señales de la visión que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y su evidente intención de saldar la deuda histórica con los desaparecidos y sus familiares.

Por. Miguel Domínguez Flores

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