Se supone que hay pruebas suficientes para proceder contra bandidos
Y las denuncias no aparecen, como tanto lo reclama nuestra sociedad
Los ayuntamientos, están prácticamente ¡quebrados! ¿Y el aguinaldo?
La inseguridad, es quizá el tema que más preocupa a los tamaulipecos
No entiendo, quizá igual que Usted, cómo es posible que el Gobierno del cambio dude para actuar legalmente contra quienes saquearon las arcas públicas en beneficio personal, cuando han sido los mismos funcionarios de la nueva administración quienes han señalado con índice de fuego un cúmulo de ilícitos.
Tanto o más que los diputados locales –de extracción albiceleste–, que, mediáticamente, se muestran dispuestos para llevar al cadalso a tantos malhechores.
Sobre todo por el mar de documentos que aparecen cotidianamente en todas las áreas para sustentar acusaciones –por prácticas contrarias al ejercicio público–, bajo un marco legal, como espera la sociedad, que, con su voto, contribuyó a la alternancia.
Ésa que de ningún modo plantea una cacería de brujas, pero sí una actitud congruente entre el decir y el hacer, por parte de quien es, ahora, fiduciario del poder.
Mucho se comenta sobre el latrocinio indiscriminado con: obras que no existen; una abultada nómina, al pagarle jugosos salarios a gente sin desquitar los emolumentos; desviación de recursos, mediante el rollo del sistema de viáticos y becas; la asignación vertical de contratos, siendo la ley muy clara en cuanto a las licitaciones para adquirir equipo, mobiliario y enseres de papelería y limpieza; la renta o venta de bienes inmuebles; así como en el mantenimiento de la infraestructura (léase oficinas), y del parque vehicular, entre otros ilícitos menos graves a los que serían:
a) El extravío de cientos o tal vez miles de millones de pesos que se supone debieran existir en las arcas;
b) La preferente asignación de los apoyos de programas sociales en beneficio exclusivo de amigos, compadres, caprichos y parentelas de los otrora influyentes jerarcas gubernamentales; y
c) El saqueo millonario mediante el pago de facturas a empresas sin haber brindado servicios –se les llama fantasmas–, que aparecieron con las auditorías practicadas al finalizar el anterior régimen; y las nuevas ya ejecutadas por el régimen del cambio.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas consiga la forma, el método y los procedimientos a seguir en la etapa de transición, así como los plazos para requerir información sobre las finanzas y su consecuente aceptación (u observaciones), previos al análisis de la Auditoría Superior del Estado, apoyada por una comisión legislativa.
Ahí se establece claramente un lapso de 60 días hábiles para que la administración saliente rinda cuentas claras a la entrante, aunque ello no impide que en caso de detectarse irregularidades pueda procederse, vía penal, posteriormente por las infracciones cometidas.
Tal vez por eso el gobierno del cambio no ha actuado, todavía, para proceder contra los saqueadores.
Y eso que sus pillerías han sido detectadas en todas las áreas.
De cualquier forma, hay ciudadanos que se preguntan esto: ¿Hasta cuándo el mandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca llevará al patíbulo a quienes en el pasado tanto daño hicieron a Tamaulipas?
¿Usted también?
Ayuntamientos sin dinero
No sé, con precisión, cuántos alcaldes han solicitado ayuda al Gobierno del Estado, para solventar el pago de salarios correspondiente a las dos quincenas de diciembre y aguinaldos, pero, según me han dicho, la cifra acaricia las tres decenas.
En términos cuantitativos el escenario no pasaría de ser una simple estadística –hasta el momento–, tomando en consideración que la cifra podría disminuir vía el otorgamiento de empréstitos y/o ‘adelantos’ –con cargo a los presupuestos municipales del 2017–, que, por cierto, aún no se han aprobado.
Sin embargo hay que analizar, desde el punto de vista cualitativo, qué circunstancias pudieron provocar el quebranto financiero a cada uno de esos ayuntamientos que carecen de recursos económicos para cubrir en tiempo y forma sus obligaciones.
Ya no digamos en lo concerniente al pago de obras o proveedores –dado que los contratistas o abastecedores (de insumos) ya saben que la deuda prácticamente es incobrable, por este momento–, sino al aspecto laboral, pues la amenaza de conculcarles a los trabajadores los sueldos, honorarios y otras prestaciones
de ley a las que tienen derecho, es tanto como jugar con el hambre del pueblo, aun cuando se tratare sólo de un amago.
Sobre todo cuando sabemos que a los presidentes municipales que hoy piden ayuda y también a los que no, sus antecesores no les dejaron dinero en caja, por lo que tendrían buen pretexto para dejar de pagarle a la burocracia sindicalista y de confianza –ésta última contratada por otra gente–, las dos quincenas decembrinas, aguinaldos y honorarios, según sea el caso.
Por otra parte, cierto es que las participaciones federales no llegan a tiempo; y que los ayuntamientos han enfrentado cualquier cantidad de obstáculos para acceder a las prerrogativas de ley, pero también es una realidad que el Gobierno del Estado no asoma actitudes de abandono.
Sólo que analiza hasta dónde auxiliarlos, porque en algunos casos, es evidente, hay recursos para terminar bien el año-
Lo prueba el hecho de que la mayoría de ayuntamientos (con que cuenta la geografía tamaulipeca) tenga en sus arcas dinero para cubrir, al menos, los salarios del mes en curso y del próximo, el aguinaldo, las compensaciones y otros imprevistos del gasto corriente; pero también sé que hubo ediles derrochadores que no fueron capaces de prever en tiempo y forma el egreso –merced a su ineptitud para administrar el erario que su personal de mayor confianza, durante cerca de tres años, manejó como si hubiera sido fortuna personal–, hasta el grado de que se habla de que suman millones de pesos los que han podido comprobar en qué se gastaron
En fin, ya habrá tiempo de profundizar en cuanto al manejo erróneo del erario municipal por parte de los idos.
Sobre todo en estos días, en que cada uno de los 43 ayuntamientos obligado está, legalmente, a enviar su proyecto de Ingresos al Congreso local para ser adecuado y aprobado, conforme lo permita el Presupuesto de Egresos, de donde saldrá el dinero para hacer frente al gasto del año venidero.
Agravio incesante
Junto al desempleo y la pobreza, es la inseguridad pública uno de los problemas que más lastiman a la sociedad.
El cáncer penetra hasta los rincones más apartados de la geografía tamaulipeca, evidenciando un tropiezo estrepitoso en la materia, aun y cuando el señor de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, insista en que ésta, su guerra, ha resultado triunfal.
Paso a paso el hampa ha sentado sus reales y defiende a sangre y fuego los territorios ‘conquistados’, mientras la autoridad federal hasta la fecha no logra encontrar la fórmula para atenuar, al menos, ese lastre que atenta contra individuos y familias tanto en su patrimonio como en su integridad física y moral.
Ciudades y comunidades otrora pacíficas han pasado a constituirse en espacios de alto riesgo donde impera la ‘ley de la selva, sin que exista poder humano capaz de establecer el orden y satisfacer las demandas ciudadanas.
Por el contrario, es palpable la decepción de las tantas estrategias implementadas para frenar los índices delictivos, como bien lo demuestran los acontecimientos que tienen lugar de manera cotidiana; y eso permite suponer que se cometen en un marco de impunidad constituyendo, además, uno de los principales ingredientes que permiten la propagación del fenómeno.
En reiteradas ocasiones se ha comprobado que el hampa teje relaciones y logra penetrar las esferas encargadas de combatirla, lo que ha sido demostrado cuando se logra detener a facinerosos de alto rango, quienes en algunos casos son servidores públicos en activo, lo fueron o sostienen relaciones de complicidad con los mandos encargados de la seguridad pública.
Es más, en el pasado reciente era común enterarse de cómo delincuentes disfrazados de policías, mediante estipendio, lograban colarse a las mejores ‘plazas’. Este mal quizá aún se practica a fin de estar cerca de los ‘patrones’ y poderles servir adecuadamente.
Secuestros, violaciones, robos, tráfico y venta de estupefacientes, así como viles y cobardes asesinatos, forman parte de una larga lista de modalidades criminales que llenan a diario los espacios y tiempos de los medios de comunicación masiva y siguen a la alza.
Credibilidad a la baja
Todo ello daña la credibilidad hacia las instituciones encargadas de la seguridad pública, hasta el grado de que la población agraviada ya está harta de su incapacidad, ineptitud e ineficiencia.
Sólo cifras alegres y pretextos escuchamos por doquier por parte de los encargados de combatir el crimen, que desafortunadamente avanza a pasos firmes en nuestro estado sin que logren detenerlo las autoridades federales.
Entonces, lo más recomendable para Enrique Peña Nieto, es que anime la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia, a fin de que las mujeres y los hombres de buena fe puedan enjuiciar a los malos servidores públicos, a la vez que determinen el camino a seguir, junto con las autoridades respectivas, para combatir el hampa.
Y es que de ninguna manera sería sano continuar inmersos en el círculo vicioso, donde empieza a borrarse la distinción entre maleantes y policías.
Tendencia a minimizar
Las declaraciones de altos funcionarios federales tratando de minimizar los hechos, podrían formar parte de un guion diseñado en la residencia oficial de Los Pinos. Eso lo entiendo perfectamente, pero de ninguna manera se puede convenir que en ello vaya implícita la tentación de querer negar una realidad que se palpa a diario, como es la inseguridad pública.
Bajo esta óptica tendríamos que aceptar que los crímenes que se cometen de manera frecuente en todo la entidad son algo normal, cosas naturales que no trastocan la vida de la gente y ocurren de manera circunstancial, aunque los sicarios tomen como escenario para dirimir sus desacuerdos las cabeceras municipales, ejidos y hasta las ciudades más pobladas.
Igual tendríamos que convencernos de que las armas y balas de grueso calibre—con que los hampones quitan la vida a personas, estén o no en el tejemaneje de los grupos delictivos–, son artefactos que llegaron a sus manos de pura casualidad.
Sugerir esto es como una aceptación tácita para que los encargados de la seguridad ciudadana se crucen de brazos y no vean ni oigan absolutamente nada que ponga en riesgo el trabajo que desempeñan.
Es, también, como una invitación abierta a vivir en la resignación e indolencia.
Bajo esa óptica tendríamos que admitir que los delincuentes operan a ratos, de manera individual y sólo porque tuvieron la oportunidad de cobrar afrentas, las más de las veces personales o pasionales.
Lamentablemente Enrique Peña Nieto no ha podido explicarle al pueblo su fracaso.
Pero a Tamaulipas y a sus casi cinco millones de habitantes, el tiempo se le agota y muestran justificado hartazgo.
Justa atlética
Ignoro a ciencia cierta el por qué el torneo estatal de natación se lleva a cabo en el Centro Acuático Villas (Nuevo Laredo), cuando se trata de un certamen para calificar a la olimpiada nacional 2017.
Hay padres de familia, entrenadores y los propios atletas, que están inconformes con ello pues el complejo tiene una alberca pequeña –mide 25×25 metros–, y no garantiza las condiciones para su buen desarrollo.
En Matamoros, Tampico, Reynosa y Ciudad Victoria, hay piscinas e infraestructura muy por encima de la que ofrece Nuevo Laredo.
Sin embargo, ¿por cuestiones políticas la justa selectiva tiene lugar allá en la esquina norte del estado?
Ojalá y no, pues de ser así el deporte estatal estaría en manos de la disposición partidista en agravio de los auténticos atletas.
E-m@il
jusam_gg@hotmail.com