Hasta ahora el gobierno federal y el PRI lo han defendido con todo para mantenerlo a salvo de la justicia, sin embargo, ante las evidencias cada vez más contundente de sus fechorías, el blindaje ha quedado expuesto y todo indica que no pasará mucho tiempo antes de que Humberto Moreira Valdez, sea detenido y enjuiciado.
La acusación de la Casa Blanca de que el ex gobernador de Coahuila es responsable de los delitos de corrupción y lavado de dinero, entre otros, lo mismo que las millonarias cuentas bancarias que tendría en el extranjero, parece que ha sido la gota que derramó el vaso y a las autoridades mexicanas ya no les queda de otra que dejar sólo al ex priista para que responda de las imputaciones, si no lo hace ahora, el costo político será mayor.
Desde la óptica ciudadana ya no se justifica que se siga solapando el escandaloso enriquecimiento ilícito del político al que han exonerado de todo, desde la falsificación de documentos del Congreso de la entidad que gobernó a la que recurrió para endeudar al Estado por 35 mil millones de pesos, hasta su apresamiento y liberación en España.
La expulsión de sus filas, aunque no por corrupto sino porque aceptó postularse como candidato a diputado local por un partido político distinto al ex invencible, y que el propio presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza, exija que se le investigue, son señales de que el ex jerarca tricolor se encuentra a punto de correr la misma suerte que sus homólogos Javier Duarte de Ochoa, preso en Guatemala esperando su extradición a México, César Duarte
Jacques, prófugo de la justicia, y Rodrigo Medina, al que se le sigue en Nuevo León un proceso en libertad.
¿Para qué esperar más? El daño político ya está hecho y haga lo que haga el Revolucionario Institucional y el régimen para evitar que el Maestro vaya a parar a la cárcel, no podrá impedir que las tropelías del nuevo ex gobernador priista en problemas legales repercuta negativamente en la imagen de desprestigio del gobierno y en el resultado de las votaciones presidenciales.
Bajo esas circunstancias, sería otro lamentable error seguir presentando al coahuilense como una blanca paloma y peor aún, ayudarle a escapar.
Los simpatizantes de AMLO deben de estar carcajeándose de risa de las corruptelas que se achacan al tabasqueño y a la recaudadora de MORENA, Eva Cadenas Sandoval, pues, comparadas con las de Moreira o los Duarte, resultan insignificantes y casi pecados infantiles. Es, como dice la Biblia cristiana,
ganas de los priistas de ver la paja en el ojo ajeno y no el leño que traen en el suyo.
Pero en tanto se sabe cuál es el desenlace del caso, el conflicto que protagonizan el ayuntamiento de Madero y el aspirante a candidato del partido del Peje a presidente de la urbe petrolera, Adrián Oseguera Kernion, a causa de un terreno que el empresario morenista otorgó al municipio en comodato y que ahora este pretende expropiárselo, le debe de haber caído como anillo al dedo al interesado de la izquierda en la alcaldía, ya que le
proporciona una nueva bandera de lucha a sus aspiraciones políticas.
En Altamira es al revés, la denuncia de la regidora Angela Vega Herrera de que algunos regidores y directores de la administración del alcalde Armando López Flores aprovecharon su influencia para que el ayuntamiento otorgara becas escolares a sus hijos, parientes y recomendados, es una noticia que le da solvencia moral y adeptos al gobierno de la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz.
45 Y CONTANDO
A manera de colofón, el asesinato del periodista y escritor de Culiacán, Javier Valdez, que se convirtió esta semana en el 45 comunicador que es ultimado en el sexenio, demuestra, además de que el periodismo en México es una profesión del más alto riesgo, la omisión de las autoridades, tanto en materia de protección a los integrantes del gremio de la tecla como del castigo a sus agresores.
Las estadísticas indican que de nada sirvieron los 154 y pico de millones otorgados a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión del 2010 a la fecha porque los resultados han sido nulos. Las cifras de la Comisión de Derechos Humanos aseguran que de los autores de los crímenes únicamente fueron sentenciados 2 personas y existen 798 averiguaciones previas por agresiones a periodistas que no han prosperado.
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