CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En Tamaulipas existen 153 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con los resultados de la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, realizada por el Inegi.
A nivel nacional, la tasa promedio fue de 173 presos por cada 100 mil habitantes, número más abajo que el de Estados Unidos que es de 693, pero por encima de Canadá que tiene un promedio de 114 personas privadas de su libertad por cada 100 mil habitantes.
Entre los datos relevantes de la Encuesta para Tamaulipas, se destaca que el 94.1 por ciento de la población penitenciaria sabe leer y escribir y el 72 por ciento cuenta con estudios de educación básica, (primaria, secundaria, preparatoria o carrera técnica).
El 67.3 por ciento provenía de un hogar con padre y madre pero en el 32.8 por ciento los padres consumían alcohol, les gritaban frecuentemente, recibían agresiones físicas que provocaban lesiones, insultos, estuvieron presos, consumían drogas y el 1.5 por ciento recibió agresiones sexuales por parte de los padres o adultos que los cuidaban.
En el momento del arresto, el 75.6 por ciento recibió algún tipo de violencia psicológica, entre ellas, fue incomunicado, aislado, desvestido, atado, le vedaron los ojos, presionado para denunciar a alguien, la sofocaron o metieron su cabeza en agua, fue amenazada o le hicieron daño a su familia.
En tanto que las agresiones física que recibieron el 63.8 por ciento fueron patadas o puñetazos, golpes con objetos, presiones por aplastamiento, descargas eléctricas, quemaduras, lesiones con arma blanca, de fuego o fueron violados.
Ya en la etapa del Ministerio Público, tan sólo el 28 por ciento de la población penitenciaria del estado durante el 2016, pudo contactar a un abogado cuando fue presentada ante el MP.
Del total de los presos en las cárceles de Tamaulipas, el 37.3 por ciento afirmó haber recibido presiones o amenazas por parte del Ministerio Público o alguna otra autoridad, para declararse culpables.
A nivel nacional el 49.4 por ciento señaló haber sido aislada o incomunicada durante su estancia ante el Ministerio Público, mientras que el 40 por ciento fue amenazada con levantarle cargos falsos.
Quienes afirmaron haber recibido agresiones físicas señalaron las patadas y puñetazos (39.4 %) como la principal agresión por parte o con el consentimiento de las autoridades que lo custodiaron durante su estancia en el Ministerio Público; el 23. 5 por ciento recibió golpes con objetos y 23.1 por ciento recibió lesiones por aplastamiento.
Ya en la etapa del proceso judicial, el 70.1 por ciento contó con sentencia dictada y de ese porcentaje, el 27.5 por ciento obtuvo una condena de 21 años o más; en tanto que en Tamaulipas el 71.2 por ciento de la población privada de su libertad durante el 2016 en proceso de ser sentenciada, lleva más de un año con su proceso.
El 39.3 por ciento de los presos que cuentan con sentencia, esta fue condenada por el delito de robo y el 27.6 por ciento de la población en proceso de recibir sentencia se encuentra recluida por este delito en la modalidad de robo de vehículo, a transeúnte, en la vía pública, negocio, casa o hurto de autopartes.
En tanto que el 24 por ciento de los sentenciados y el 18.7 por ciento de los procesados es por homicidio como segundo delito, seguido del de violación, portación de ilegal de armas, secuestro, posesión o comercio de drogas, lesiones, secuestro y extorsión.
Sobre la distribución de la población por celda, en el estado el 25.1 por ciento señaló haber compartido celda con más de cinco personas y en promedio el 43.8 por ciento señaló haber recibido algún bien básico por parte del centro penitenciario, siendo la ropa el más común con un 76.5 por ciento.
Por otra parte, el 19.3 por ciento de los internos en los Cedes del estado señalaron que en las cárceles existe algún tipo de separación entre los internos que cuentan con una sentencia dictada y aquellos que se encuentran en proceso de obtenerla.
Sobre las actividades que llevan a cabo dentro de los penales, el 82. 2 por ciento señaló que realizó de manera regular alguna actividad física, en tanto que el 71.3 por ciento señaló como actividad la lectura.
Sobre las actividades laborales que llevan a cabo dentro de los Cedes del estado, el 71.1 por ciento señaló haber realizado alguna de ellas, siendo las artesanías la que mayormente realizan con un 23.2 por ciento, seguida de la maquila con el 20 por ciento y la carpintería por el 18.1 por ciento de los internos.
Asimismo, el 18.8 por ciento de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 y realizó alguna actividad laboral recibió algún beneficio no monetario. De ella, 52.3 por ciento recibió cartas de buena conducta y 19.3 por ciento obtuvo comida.
La percepción de inseguridad también fue medida en esta encuesta, el 19.1 por ciento de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 se sintió insegura al interior de su celda, mientras que 31.9 por ciento se sintió insegura en el Centro Penitenciario.
Esta percepción se refleja en el hecho de que el 33.2 por ciento de los presos fue víctima de alguna conducta ilegal; el 29.6 por ciento fue víctima de robo de objetos personales, 24.6 por ciento de lesiones, 20.1 por ciento de extorsión, 18.3 de amenazas y el cinco por ciento de delitos sexuales.
En la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 realizada en Tamaulipas se destaca que el 27.3 por ciento de los presos fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión (siendo el arresto en donde más actos se cometen, seguido del Ministerio Público, el proceso judicial y el centro penitenciario.
En el caso de los centros penitenciarios, señalan haber tenido que pagar por exentar el pase de lista, tener aparatos electrónicos, cambiar celda, salir al patio de visitas, tener agua, acceder a un teléfono, servicios médicos, comida, tener cama, energía, ir al juzgado, acceder a la visita conyugal, usar baño o regaderas, protección o participar en algún taller.
A nivel nacional, el 87.4 por ciento señaló haber pagado a los celadores (87.4 por ciento) a los internos (36.1 por ciento), personal técnico penitenciario (7.8 por ciento), médicos (6.4 por ciento), personal administrativo (6.3 por ciento) y otros (1.4 por ciento).
Pese a ello, el 94.2 por ciento no presentó denuncia por temor a represalias, a que la corrupción es la práctica común, sería inútil, obtuvo un beneficio por el pago, lo considera inútil o desconocimiento de ante quien denunciar.