CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En los primeros siete meses del año, la Procuraduría General de la República abrió en Tamaulipas 183 averiguaciones previas contra detenidos por posesión de drogas, pero sólo una por el delito de comercio de estupefacientes, que incluye la venta, compra o cualquier tipo de adquisición de algún narcótico.
Además, en lo que va del 2017 no hay un solo expediente por los delitos de tráfico, transporte, producción o suministro de sustancias ilegales, de acuerdo a las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Tamaulipas es el tercer lugar nacional en averiguaciones por posesión de drogas, sólo por debajo de Chihuahua con 191 y Sonora con 214. Sin embargo, está muy por debajo de estas entidades en las consignaciones por los otros delitos contra la salud.
En Chihuahua hay además de las averiguaciones por posesión, 33 por producción, 27 por transporte, dos por tráfico y 26 por comercio, además de 26 catalogadas como “otros”.
Mientras que el primer lugar, Sonora, tiene ocho por producción, 114 por transporte, cuatro por tráfico, ocho por comercio y 18 por “otros”.
Lo que estas cifras reflejan es que en entidades como Tamaulipas, la autoridad federal está enfocando sus recursos en perseguir el consumo de drogas, más que en atacar de manera directa a la gran industria del narcotráfico, afirma la investigadora Catalina Pérez Correa, quien integra el Programa de Política de Drogas, del CIDE.
“Lo único que están haciendo es desaprovechar los recursos del Estado en términos de persecución del delito que son recursos muy escasos, y que sobre todo en un lugar como Tamaulipas deberían estar siendo usados para la prevención del consumo problemático o para detener a los grandes narcotraficantes o para perseguir delitos más relevantes como el
secuestro, homicidio, extorsión”, señaló en entrevista.
En Tamaulipas, como en el resto del país los consumidores pueden tienen la “tolerancia” de poseer hasta 5 gramos de marihuana y 500 miligramos de cocaína, lo cual no significa que los policías dejen de detener a quienes porten estas cantidades, corresponde a un Ministerio Público decidir si se ejercerá acción penal.
“Entonces toda la posesión es un delito y no solo eso, sino que es un delito muy particular porque no necesita que se compruebe una intención para perseguirlo, lo único que se necesita es comprobar que la persona está en posesión de alguna sustancia prohibida, entonces eso lo que implica es que en términos de que las autoridades penales que son muy incompetentes, que no hacen investigación del delito, lo más fácil es perseguir delitos en flagrancia y los delitos en flagrancia que mejor se pueden probar son los delitos de posesión”, explica Pérez Correa.
Los meses con más averiguaciones abiertas por la PGR en Tamaulipas por delitos contra la salud fueron abril y mayo con 35 y 32 respectivamente, mientras que en éste último se registró la única por comercio.
Los meses con menos incidencia fueron enero y febrero con 19 y 21, mientras que en julio pasado se iniciaron 24 averiguaciones.
La especialista Pérez Correa no duda en afirmar que debería despenalizarse el consumo de drogas: “Si consideramos que el consumo es un problema social, en todo caso es un problema de salud, y ponerlo en el ámbito penal lo único que hace es poner a los consumidores, quienes tienen problemas de salud, frente a instituciones que no saben nada de salud y que normalmente vulneran la salud de las personas”.
La persecución del consumo de drogas implica una saturación del sistema de justicia y del sistema carcelario, de por sí sobrecargado.
Se estima que entre un 40% y un 50% de la población de los diferentes penales del país están recluidos por delitos contra la salud, y la inmensa mayoría de ese porcentaje, más del 73%, por posesión y consumo de drogas, sobre todo marihuana.