CHILPANCINGO, Gro.- Félix Rosas Rodríguez, portavoz de los familiares del normalista identificado Alexander Mora Venancio, informó que para ellos es posible que los restos del joven de 19 años hayan sido «sembrados» al margen del río San Juan, para que la Procuraduría General de la República (PGR) sustente su teoría de que los estudiantes fueron quemados y sus cenizas arrojadas al mar, como lo declararon tres integrantes del grupo delictivo «Guerreros Unidos».
«Los peritos argentinos con nosotros fueron claros, el ADN recabado de esas muestras sí corresponde al papá de Alexander y a su hermano (Ezequiel Mora y Hugo Mora), pero no saben a dónde fueron encontradas esas muestras, porque los peritos (del Equipo Argentino de Antropología Forense) las vieron ya colocadas con otras, nunca vieron de dónde las extrajeron», sostuvo.
Además, Rosas Rodríguez abundó que los restos de Alexander Mora Venancio -originario de El Pericón, Tecoanapa, en la región de la Costa Chica del estado-, serán entregados en dos semanas.
Dijo que es muy lamentable que la vida del normalista identificado haya terminado en «fragmentos de dos centímetros y en un molar. Así terminó su existencia Alexander, por ello nosotros vamos a continuar con nuestro movimiento, la lucha sigue y exigimos la presentación con vida de los otros 42 muchachos».
Félix Rosas, quien también es dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) en Tecoanapa, de donde era originario Alexander, dijo que la PGR no puede cerrar las investigaciones por el hallazgo de los restos que corresponden al normalista.
«Aún nos hacen falta 42 y hay cosas en la investigación de la PGR que no concuerdan».
Para la familia de Alexander es importante que el Estado acate el convenio firmado entre padres de familia y funcionarios del gobierno federal «es necesario que se integren a las investigaciones los expertos internacionales. El gobierno tampoco ha acatado las recomendaciones de la Comisión Interamericana».
El 13 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió cuatro medidas cautelares, obligaciones del Estado, para preservar la integridad física y los derechos de las personas que fueron afectadas por los hechos del 26 y 27 de septiembre, entre los que se incluye las medidas para determinar la situación y paradero de los normalistas.
Propuso que hubiese asistencia técnica para la investigación del caso, la cual implica que se integre un grupo de entre 10 expertos por parte de la CIDH, quienes elaborarían planes de búsqueda, revisarían las investigaciones que ha hecho al momento la PGR y plantearían un plan de atención a víctimas.
Rosas Rodríguez lamentó que al momento no haya nada al respecto y mucho menos claridad de qué les pasó a los 43 normalistas el 26 de septiembre, luego de que policías municipales de Iguala y Cocula, apoyados por narcotraficantes dispararan contra los estudiantes y asesinaran con esas acciones a seis personas, tres de ellos normalistas de Ayotzinapa.
«Continuaremos con la lucha, está tomado el Ayuntamiento de Tecoanapa, pero muy pronto lo declararemos Consejo Municipal Popular, como a toda la Costa Chica de guerrero. Ese fue el acuerdo con las organizaciones, si el gobierno no nos daba los resultados, pasaríamos a la desaparición de poderes, y creo que ya se tiene que dar esa etapa», señaló.
