Por ello, es urgente legislar sobre delitos informáticos y promover las temáticas relacionadas a partir de la educación básica, señaló la responsable del proyecto de difusión, educación e investigación en derecho informático y tecnologías de la información y comunicación IUSTICS, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM,
Alertó que “la cultura de la prevención es mínima. La ciberdelincuencia es un problema complejo y para resolverlo se requiere la suma de los esfuerzos de ciudadanos, autoridades, expertos y academia.
“Debemos aprender a utilizar las nuevas tecnologías para beneficiarnos de ellas y ampliar las posibilidades de evitar que un delincuente aproveche nuestra ignorancia o falta de interés”, subrayó.
Detalló que ciberacoso, bloqueo de páginas electrónicas spam, usurpación de identidad, robo de contraseñas e información personal, y clonación de tarjetas bancarias, virus o spyware, son actos ilícitos que vulneran la seguridad informática de cualquier persona, con repercusiones legales, jurídicas y económicas.
Lo son también el acceso a bases de datos de la iniciativa privada, amenazas, divulgación de información personal, uso ilegítimo de imágenes ajenas, fraude, plagio por medios informáticos e intrusión en general.
En este contexto, el proyecto que encabeza Morán Espinosa desarrolla tareas de docencia, investigación y difusión en las temáticas referidas.
Todas ellas encaminadas a promover la utilización segura de la web, correos electrónicos o redes sociales, así como garantizar que los datos de los usuarios no sean manipulados o difundidos con fines delictivos, y así apostar por una cultura de la seguridad informática para todos.
Además de contribuir a la prevención, el espacio del Centro de Desarrollo Tecnológico de la FES Acatlán ofrece asesoría legal especializada en temas de tecnología y derecho e imparte cursos de capacitación o actualización en los asuntos referidos a docentes y alumnos.
Los delitos informáticos van a la alza y profundizan la desconfianza de la población para usar esos medios. Pese a la facilidad que pudiera otorgar la tecnología (seguridad, rapidez y facilidad), sucede en sentido contrario, comentó.
En tanto, las corporaciones enfrentan el robo y tráfico de bases de datos, lo que pone en riesgo información sensible y la propiedad intelectual, añadió la especialista en derecho informático.
Las víctimas de los ilícitos se topan con carencias y deficiencias legales y la falta de jueces, agentes o policías capacitados, y los que existen son insuficientes para hacerles frente. En este ámbito el país requiere una política pública directa y urgente desde el orden federal, puntualizó.
