Aclaró que la acusación sobre el dirigente blaugrana por presunto delito fiscal en 2014 no tiene fundamentos.
Además, argumentó que «la petición de imputación está relacionada con un pago de cinco millones de euros, el último plazo de los 40 millones que el club estaba obligado a pagar a la sociedad N&N por el fichaje del jugador, y que se estipuló que se pagarían el 31 enero de 2014».
Por último, manifestó que «el proceso del fichaje del jugador fue realizado sin ánimo de vulnerar la ley en ninguno de sus preceptos», por lo que el club mantendrá la serenidad y se guiará con prudencia.
«El FC Barcelona no permitirá que ninguna actuación dañe la imagen del club ni pueda deteriorar o desprestigiar un fichaje que considera histórico y estratégico», concluyó.




