Avanzar hacia un México con desarrollo y mejores condiciones de vida para toda la población implica reforzar las instituciones y poner atención en la integridad de las personas que las hacen funcionar, por ello, prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés son cuestiones que importan y sobre las que se está trabajando, tanto desde el Poder Legislativo como del gobierno federal.
El Presidente de la República anunció una serie de acciones ejecutivas que contribuirán a mejores prácticas en un entorno de transparencia. Para la instrumentación de dichas acciones, se solicitará la asesoría de la OCDE, de manera que se pueda aprovechar la experiencia internacional.
Como parte de estas medidas, a partir de mayo, todos los servidores públicos federales tendrán la obligación de entregar además de su declaración patrimonial, la declaración de posibles conflictos de interés. Asimismo, se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, dentro de la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de determinar la existencia de conflictos de interés, establecer medidas preventivas y velar porque se apliquen las sanciones correspondientes.
También se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal, así como protocolos que definan lineamientos claros y específicos en la relación entre particulares y funcionarios responsables de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los funcionarios con estas facultades, de manera que se puedan someter a una certificación que asegure un mejor desempeño.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, en 2010 se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos previstos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. De ahí que sea pertinente acelerar la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno para reducir posibles espacios para la corrupción, ya que se elimina la interacción entre funcionarios federales y los particulares.
Mejorar la transparencia y combatir la corrupción implica la participación activa de la ciudadanía, por lo que las acciones planteadas por el Ejecutivo Federal también contemplan mecanismos de colaboración con la sociedad, para identificar procesos y trámites que puedan ser susceptibles de conflictos de interés o corrupción.
En la Cámara de Diputados, tenemos el compromiso de concretar el marco jurídico anticorrupción. En este período aprobaremos la Ley General del Sistema Nacional de Integridad Pública. Para su correcto funcionamiento se requiere la creación de la Fiscalía anticorrupción, parte de la Fiscalía General de la República, que tendrá un papel importante.
Asimismo, ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para que cuente con mayores facultades de investigación y sanción cuando se detecten irregularidades. Llevar a cabo la reforma del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, para que además de obligar a los funcionarios a rendir cuentas, pueda aplicarles sanciones administrativas. Fortalecer las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública para que tome medidas y pueda prevenir irregularidades en todos los niveles de gobierno y en todos los órganos del Estado. Además, se deberá armonizar la legislación en materia de Transparencia, derivadas de la reforma Constitucional que crea el órgano garante en la materia.
Buscamos que la legislación cree barreras a la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, que todos los que quieran participar en el gobierno jueguen bajo reglas en las que no haya espacio para la corrupción y la impunidad que tiene consecuencias tan negativas en el desarrollo económico, político y social de nuestro país.
