La apertura democrática en México no se dio en agosto de 1990 -—con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)—, como erróneamente lo han divulgado consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —otrora IFE—, sino durante el sexenio de José López Portillo, al ser creada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (Loppe) —cuya autoría se atribuye a Jesús Reyes Heroles—, que otorgó legalidad a las fuerzas políticas antes proscritas.
Hacia la segunda mitad de la década de los setentas, el mosaico político sólo contemplaba con registro oficial a los partidos Acción Nacional (PAN), Popular Socialista (PPS), Comunista Mexicano (PCM), Socialista de los Trabajadores (PST) y Revolucionario Institucional (PRI).
Pero con la Loppe otras expresiones alcanzaron el grado de partidos nacionales como el Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Mexicano de los Trabajadores (PMT), al igual que en su oportunidad lo hiciera el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).
El reconocimiento oficial a esos membretes, por cierto, mereció la anuencia gubernamental sin ningún problema.
Y es que desde mucho antes de ser creada la Comisión Federal Electoral (1973) —que en poco o nada participó en la redacción de la ley en la materia—, áreas específicas de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República se manejaban a su libre arbitrio —por ser las responsables de los procesos comiciales—, otorgándoles registros a las organizaciones afines a ellas pese a que éstas, regularmente, no cubrían los requisitos mínimos exigidos por la misma autoridad gubernamental; y al mismo tiempo ponían trabas a los grupos que consideraban peligrosos.
Es decir, se daba una auténtica simulación democrática, pues en realidad los partidos tenían que mantenerse sujetos a la supervisión gubernamental, que concedía y cancelaba proyectos basado en la conveniencia del sistema.
Ese rosario de membretes sirvió de válvula de escape a miles de mexicanos que empezaban a sufrir el hartazgo y la imposición de un solo partido, “el oficial” —ostentaba el orgullo de ser heredero de la Revolución Mexicana—, aún con toda la manipulación y el control ejercido desde los altos mandos de la estructura gubernamental.
La también llamada “primavera política” —hay teóricos y analistas que insten en citarla así—, que trajo la Loppe, propició que muchos rebeldes que optaron por la vía armada a fin de modificar el “status Quo”, una vez aminorada la represión, pidieran su incorporación a los partidos afines a la ideología que profesaban, además de ser absueltos por los delitos cometidos durante el tiempo de su asonada.
Ello acabó con la distensión del ambiente que privó a lo largo de casi dos décadas en el país, abriendo la posibilidad de que todos los partidos tomaran parte en los procesos electorales y se disputaran el poder, aun cuando existieran condiciones limitadas para ello merced al minucioso control político gubernamental.
Algunos dirigentes de izquierda y derecha coincidieron en señalar que con esa apertura las autoridades pretendían redimir pecados, pero de ninguna manera buscaban compartir en condiciones de equidad y menos abandonar el poder vía las urnas.
Decisiones verticales
De esta forma, los más difíciles conflictos electorales en la época de López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari se resolvieron en las oficinas de Gobernación y no en las urnas, como se supone debería ser; y los problemas registrados en los procesos del 2000, 2006 y 20012 tocó sancionarlos al Instituto Federal Electoral (IFE), que tampoco cantaba mal las rancheras en eso del autoritarismo y la parcialidad para inclinar la balanza.
No obstante la aceptación de los partidos bajo el amparo de la ley, el establecimiento de nuevas reglas de participación política y la (cuestionable) autonomía que hoy distingue a los órganos electorales, hay avance democrático.
Pero quizá sólo en la letra, pues en la práctica la legislación vigente mantiene prácticamente amordazada toda expresión político-partidista que no comulgue con el señor de Los Pinos.
Y eso que ya suman diez los membretes: PAN, PRI, PRD, Panal, PVEM, MC, PT, MORENA, Humanista y Encuentro social.
Elección de Estado
Un comentario harto socorrido en las contiendas políticas más recientes, sobre todo en las de nivel federal, subraya la existencia de una elección de Estado.
Pero más que eso, lo que se quiere denunciar es una serie de problemas que impiden a las instituciones electorales cumplir a cabalidad su encomienda, o bien desacreditar su participación en las justas electorales por el costumbrismo de pescar a río revuelto.
Leamos algunos motivos que alientan la hipótesis:
1) Existe la presunción de que los organismos electorales no actúan de manera imparcial y que inclinan su preferencia hacia un segmento de los contendientes, generalmente hacia el membrete albiceleste;
2) Subyace la idea de que los órganos electorales que se dicen imparciales son una prolongación del gobierno federal, y que por lo tanto defienden a ultranza los intereses que representan; y
3) Se presume que la nueva ley y las modificaciones que se llevan a cabo en materia electoral, tienen por finalidad mejorar y transparentar los procesos electorales, pero los opositores al régimen cuestionan en forma permanente esta circunstancia, ya que afirman que ello se realiza en aras de favorecer al partido que detenta el poder.
Lo señalado, repito, es parte de los que algunos políticos manejan como una elección de Estado, misma que aparte de lo anterior consiste en utilizar la fuerza del Gobierno Federal y sus recursos a favor de un partido determinado.
Buscando
imparcialidad
Con respecto al proceso electoral actual, todas las corrientes antagónicas al albiceleste elevan su voz con el propósito de ser escuchadas en sus demandas de imparcialidad.
Piden que el Gobierno Federal no incidan en la contienda que se hoy vive a través de sus delegados; y que las visitas que los colaboradores del señor de Los Pinos hagan a las entidades federativas no estén orientadas a la manipulación ciudadana.
Esto lo han denunciado hasta distinguidos militantes priistas, quienes sostienen que en la provincia mexicana ya empezó a funcionar la elección de Estado que pretende sacarle el mayor provecho al proceso cuyos comicios están programados para desarrollarse el siete de junio del año que cursamos, pero en las instancias electorales, porque en las urnas, a como se ven las cosas, resultaría casi menos que imposible.
Cohesión PriIsta
La unidad que tanto requiere el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para llegar plenamente fortalecido a la etapa de campañas, en teoría es sencillo lograrla, pero en la práctica hay necesidad de emplearse a fondo e ir al rescate de los cuadros que hasta hoy se sienten marginados.
A ellos se les debe convencer mediante el diálogo permanente, abrirles espacios de activismo partidista e involucrarlos en un pacto político que debe sellar la gran familia revolucionaria, si acaso el interés común es jugarse el todo por el todo para recuperar los espacios en las últimas cuatro contiendas federales.
De otro modo se correría el riesgo de que esos inconformes sean contaminados por otros militantes cuya indefinición ideológica salta a la vista; y que la oposición trate de cooptarlos con el viejo cuento de hacerlos candidatos a las curules que estan en juego.
Lo más sencillo, para los malos consejeros priístas, sería dejarlos marcharse.
Pero no es lo adecuado; y menos cuando hay quienes han dedicado años al partido y en esta ocasión sólo piden se les tome en cuenta como activistas; reclaman la atención de su dirigencia nacional y buscan participar abiertamente en las campañas de sus candidatos.
Por ahí debe empezar la tarea más importante de César Camacho Quiroz.
Sobre todo cuando son múltiples las voces que exponen la necesidad de vigorizar la unidad hacia dentro (del PRI) y la competitividad político-electoral hacia fuera; una democracia de calidad y una política social de avanzada que reposicione al tricolor.
Los “contreras”
En el plano doméstico, desde que se estrenó como dirigente priísta y hasta la fecha, inclusive, Rafael González Benavides se ha dado a la tarea de recorrer todos los municipios de la entidad en busca de la cohesión política, de la unidad partidista, de la definición y del fortalecimiento de cuadros, como nunca antes lo hiciera otro dirigente estatal.
A su paso por el PRI ha demostrado que tiene el ímpetu necesario para trabajar y hacer las cosas bien; practica una política incluyente, no exclusiva, y en sus apuntes toma en consideración el sentir de todos los militantes del partido, porque sólo de esta forma, ha dicho, se puede avanzar cuando los tiempos son adversos.
No obstante algunos “cartuchos quemados” parecen no entenderlo así.
Y se niegan a entenderlo porque son entes a quienes les aterra la modernización política –como parte de su disputa por el poder, ya negado para ellos–, y porque maniobrando en contra tratan de recuperar terreno, sus ínsulas, ésas posiciones que antaño los hicieron intocables y hasta ricos.
De otra forma no se entiende el por qué tras bambalinas buscan ponerle trampas a su dirigente, que, dicho sea de paso, las sortea con tino por ser un gallo jugado.
En lo sucesivo, lo sé de buena fuente, Rafael dedicará todo su tiempo al fortalecimiento de la unidad priísta –aun cuando los observadores ya lo ubiquen como el aspirante más seguro a ocupar uno de los primeros lugares en la lista plurinominal de la segunda circunscripción–, pues de esa cohesión depende en gran parte el triunfo electoral.
¿Crisis Crónica?
La falta de recursos económicos ha sido harto notoria en todos los municipios de la geografía tamaulipeca, según advierten los prestadores de servicios, contratistas, proveedores y el personal de base.
Por eso no le extrañe que en lo sucesivo haya alcaldes que le pidan prestado y la burocracia municipal se manifieste en las plazas y calles para exigir que al menos sus salarios sean cubiertos.
De todo ello tienen conocimiento el gobernador Egidio Torre Cantú quien analiza cada caso y tiene la firme voluntad de ir al rescate de los programas y obras sociales, por lo que un grupo de asesores en la materia ya ofrece orientación a los presidentes municipales.
En el caso del señor de Los Pinos, no sé hasta dónde tenga interés de resarcir a los ayuntamientos lo que su administración les arrebata y él sigue negándoles; aunque tampoco sé si el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Luis Videgaray , quiera resolver el problema enviando a las entidades federativas lo que no es propiedad del Gobierno Federal.
En fin, lo cierto es que mientras en la residencia oficial de Los Pinos se habla cotidianamente de que la crisis económica es pasajera, en los municipios de la geografía tamaulipeca los estragos de ese revés financiero son harto palpables y lesivos para sus comunidades.
Entidades, en la mira
Sobre el mismo tema, hay la sospecha de que como medida de presión contra los gobiernos de las entidades federativas que no comulguen con el membrete tricolor –incluyendo al Distrito Federal–, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los meses venideros, podría recurrir a nuevos recortes en la aplicación del gasto social, pretextando una estrategia financiera llamada por fórmula, que opera de la siguiente manera:
En la medida en que la recaudación federal sea más baja, también serán menores las participaciones que al ramo social se destinen a los estados.
Sin embargo la dependencia quiere disfrazar las cosas diciendo que estas disminuciones no obedecerían a una baja en los ingresos tributarios, sino que en la Federación hay muchos gastos irreductibles que aumentan de manera inercial, lo que comprime la disponibilidad del gasto para otras áreas y rubros.
Mar de
inconformidades
En la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se ha consignado cualquier cantidad de quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los abusos cometidos en el cobro de sus servicios.
Lamentablemente la filiación partidista del delegado y el desconocimiento de la forma en que se aplica la medición del suministro de energía eléctrica (esto por parte de sus colaboradores), son la razón principal de que ninguna queja prospere y, por el contrario, cuanta denuncia ahí llega pase a engrosar el archivo muerto.
Ante esa actitud ya suman decenas de miles los consumidores que han optado manifestar su irritación por otras vías y son muchísimos más los que ya estamos dispuestos a secundar los apagones pa’ protestar contra el abuso.
Sólo falta que hasta por eso se nos reprima violentamente.
E-m@il:
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