La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, mediante la cual se busca establecer “que el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero”.
Es importante destacar que fue una iniciativa suscrita por legisladores de todos los partidos políticos, lo que da muestra de la comunión en la idea de empezar a mejorar la regulación de la deuda pública.
Las propuestas contenidas en dicha reforma, cuya aprobación definitiva depende ahora del Senado, son: el establecimiento del principio de estabilidad de las finanzas públicas y su consideración en el sistema de planeación democrática del desarrollo (planes nacionales, estatales y municipales); la definición clara del concepto mejores condiciones del mercado; el otorgamiento al Poder Legislativo federal de la atribución de expedir una ley general en materia de endeudamiento de estados, municipios y Distrito Federal, la cual contendrá los límites y modalidades del señalamiento de las participaciones federales como garantía; ampliación de facultades de la ASF para fiscalizar la deuda pública, el destino y ejercicio de las garantías, la prohibición de pagar con deuda el gasto corriente, entre otras.
La opinión pública sobre la deuda pública es delicada por diversas razones, pero en sí misma no es perjudicial cuando los recursos obtenidos son utilizados en la generación de bienestar para la gente y las garantías establecidas no afectan la operación diaria de los gobiernos.
En ese sentido, el dinero prestado puede sacar adelante a un gobierno e incluso a un país. Es igual que pasa en una empresa privada, si el crédito se destina para costear las vacaciones de los accionistas o sus familias, con seguridad la deuda será impagable al cabo de unos años, pues no se utilizó para elevar la producción o hacer crecer el patrimonio social.
Lo mismo pasa con los gobiernos, si el dinero prestado se utiliza para obras de impacto social como obras de infraestructura o mejora notoria de los servicios públicos, a la larga esa inversión se verá reflejada en mayor bienestar para la gente, atracción de inversión e incluso con el incremento del valor de ciertas cosas, como los inmuebles, lo que permitiría obtener mayores recursos a través de contribuciones locales para liquidar el debitum.
Por otra parte, en la parte ejecutiva la reforma debe acompañarse de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan a la sociedad dar seguimiento a la aplicación de los créditos. Asimismo, se requiere seguir impulsando el desarrollo de indicadores del desempeño y ejercicio de los recursos para comparar a las administraciones con el único propósito de encontrar áreas de oportunidad comunes y, sobre todo, para detectar con certeza las necesidades específicas para la construcción de políticas públicas que permitan manejar con mayor eficiencia y honestidad los recursos asignados.
El tema es particularmente escabroso, pero paso a paso se puede demostrar que la deuda puede ampliar las posibilidades de hacer más en beneficio de la gente, adquiriéndola y usándola en términos responsables.
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