Esta semana la Cámara de Diputados aprobará la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, un entramado jurídico que busca poner un alto a las trampas gubernamentales.
De no haber sorpresas, se trata de la primera consecuencia tras la crisis de credibilidad que desataron las casas de Grupo Higa, y muchos otros escándalos que tomaron dimensiones internacionales.
Más recientemente, por ejemplo, The New York Times destapó la inmensa fortuna en forma de bienes inmuebles con que cuenta José Murat, el exgobernador de Oaxaca.
Ejemplos todos de que algo anda muy mal en el sistema político mexicano. Por primera vez en mucho tiempo se puso la «lupa» sobre las fortunas espontáneas de funcionarios de todos los niveles. Lo que parecía natural, comenzó a cuestionarse por distintas voces que en conjunto, se convirtieron en clamor social: la urgencia de frenar la corrupción.
Por eso, no está de más dejar a un lado nuestro explicable pesimismo para dar el beneficio de la duda al proyecto de ley que acordaron ayer las principales fuerzas políticas del estado y que sería votado esta misma semana.
Eran tres temas los que habían «atorado» la discusión en San Lázaro. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no veía con buenos ojos que el Senado tuviera que ratificar al secretario de la Función Pública, nombrado por el Presidente.
Ayer cedieron y dieron entrada a esta propuesta de la oposición.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción elimina la práctica del «borrón y cuenta nueva». Es decir, las faltas graves no prescribirán sino hasta dentro de siete años, por lo que los actos ilegales cometidos en el pasado podrán ser juzgados.
Finalmente, acaso la más importante de las novedades, es que el 100% del dinero que gasta el gobierno federal será revisado.
Las participaciones federales serán fiscalizadas hasta en 92% por la Auditoría Superior de la Federación, y el porcentaje restante será revisado por nuevos órganos locales que serán creados con la nueva ley.
Queda claro que desde Los Pinos se bajó la línea para dar a la oposición lo que pedía.
En un momento tan delicado como el que vive el país, el gobierno federal necesita hacer esas concesiones para recuperar aunque sea en cierta medida la confianza de la ciudadanía.
El mismo Luis Videgaray Caso reconoció que en estos momentos, la prioridad número uno de la administración de Peña Nieto es precisamente dejar atrás la desconfianza social.
Aprobar una ley con el consenso de las principales fuerzas políticas del país no es suficiente para ello. El verdadero triunfo de este Sistema Nacional Anticorrupción se registrará cuando comience a operar y dé resultados. Es a final de cuentas lo que se ha venido señalando desde que el presidente anunció sus medidas contra el conflicto de interés.
Que se perciban las consecuencias de violar la ley: que se castigue a los funcionarios públicos corruptos.
Comentarios: mdominguezf@gmail.com
