Hace días le comenté aquí en este mismo espacio que fuentes dignas de todo crédito me advirtieron que en los ocho distritos electorales de la geografía tamaulipeca se fraguaba una campaña de descrédito en contra de los funcionarios del Gobierno estatal; y de los candidatos priistas que juegan en el actual hándicap legislativo, como parte de una maniobra electorera (más) del membrete albiceleste.
Igual le comenté que en circunstancias normales rumores como éste no impactarían negativamente en la opinión pública, por sólo ser tácticas recurrentes para mendigar espacios en la prensa al través de estruendos alarmantes.
Pero en el contexto actual, me parece una atrocidad.
Sobre todo cuando hay retrógradas que buscan la descomposición del sistema. Entes amafiados con gavillas enfermas de poder que quizás quisieran ver a Tamaulipas (nuevamente) hundido en la pobreza, atraso, la anarquía y la inseguridad, cuando menos.
Sólo así podría entenderse la arremetida difamatoria, que, estoy seguro, no hará mella en el ánimo de los ocho candidatos priistas en el comportamiento político de los tamaulipecos, por conocer de antemano la procedencia del golpeteo, que, seguramente, habrá de arreciar al arrancar las campañas político-electorales (en abril cinco), recrudecerse durante el proceso y hacer crisis en la víspera y/o día de la jornada comicial (cinco de junio).
Inclusive, para agredir a Tamaulipas, el Gobernador, funcionarios de la administración pública e incluso los candidatos a diputados federales, los Maquiavelo(s) de guarache procurarían trasladar su pueril conducta hasta la Ciudad de México, tratando de engatusar a los medios de comunicación masiva (mal) llamados nacionales, que mucho se prestan al juego a través de los gatilleros del sistema.
No obstante esa operación podría abortar, pues sus maquinadores principales empiezan a quedar al descubierto y, en unos días más, podrían ser blancos del escarnio provocado por su propia tenebrosidad.
En los últimos días, también, desde Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, Mante, Madero y Tampico, se han hecho circular (vía internet) los más descabellados rumores en contra de la estructura del partido tricolor, con la única finalidad de ir preparando el terreno para la arremetida en serio y en serie que se daría a partir del mes próximo.
Y para ello, también, la ultraderecha se vale de quintacolumnistas que por su misma falta de oficio no acostumbran confirmar la veracidad de las versiones tendenciosas, aunque hay otros colegas más profesionales que hacen caso omiso a ese juego sucio.
Por tanto, hay que abrir bien los ojos pa’ no hacer eco a mentiras.
¿Verdad?
Intrusión extranjera
En el actual escenario electoral (en el ámbito nacional), que se distingue por el golpeteo y la descalificación –incluso utilizando a las instituciones del Estado–, nadie quiere ceder ante lo que consideran un legítimo derecho.
No obstante si las autoridades no muestran ecuanimidad y alcanzan un acuerdo en beneficio del país al que se sujeten los candidatos, tanto a gobernadores como a diputados locales, alcaldes y legisladores federales, los ánimos podrían desbordarse.
Mientras ello ocurre, los medios de comunicación masiva tienen como referencia obligada cualquier movimiento que estos hagan.
Y más Allende el río Bravo.
Se lo comento porque fuera de los lugares comunes, lo cierto es que hay una evidente influencia del país más poderoso del mundo con respecto al nuestro –en ámbitos económicos, tecnológicos y, en cierta forma, políticos–, por lo que existe temor de que en Washington otra vez se decida al relevo legislativo.
De esa realidad se originan los comentarios y análisis que ponderan al factor externo como un elemento determinante o de gran influencia en cada proceso electoral federal.
Ateniéndonos a tal posibilidad, tendríamos que caer en la cuenta de que tal vez los ojos de Washington estén posados en los personajes de origen mexicano pero de corazón norteamericano, que deban atender la Cámara baja a su propio gusto.
En tal virtud, no tendríamos qué esforzar el cerebro para entender que la derecha seguiría gobernando el país.
Pero aceptar de manera mecánica este tipo de posturas políticas y afinidades ideológicas que sobre dimensionan la influencia del factor externo, es ignorar la historia de la Patria y sus instituciones; la identidad y fortaleza de los mexicanos.
Sería, en síntesis, negar el principio de autodeterminación y relativa independencia que tenemos, merced a las luchas libertarias.
No obstante el elemento foráneo en este proceso sería insuficiente para determinar el rumbo del país; fundamentalmente en materia política.
Más bien la clave se ubica en lo interno.
Y es aquí donde las aguas están más que revueltas.
Agresión a pobres
En este mismo espacio, he comentado que, por salud del mismo sistema político mexicano, el Gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto obligado está a reintegrarles a las entidades y municipios los millones de pesos que arbitrariamente les ha recortado –desde que asumió el cargo, hace ya más de dos años–… y les sigue conculcando.
Máxime cuando los recursos están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2015 aprobado en su oportunidad por la Cámara de Diputados; y que para el grueso de los (2 mil 457) municipios de la República Mexicana significan un importante soporte para enfrentar la crisis económica sin necesidad de recurrir al endeudamiento.
Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) no han dado visos de querer resarcir los recortes, y, por el contrario, avivan esta crisis, avalando incrementos a la canasta básica, pese a que en la acometida contra el pueblo atice el fuego de la hoguera que ya alcanza al señor de Los Pinos.
Cascada de aumentos
Por si fuera poco, los incrementos (diarios) a los precios de la leche y los combustibles; los abusos en las tarifas leoninas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos cobra; la despiadada persecución en contra de empresarios, que realizan el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit por lo menos (siendo benévolos), animan el descontento hacia el Gobierno federal, sin que les importe a sus jerarcas que, torpemente, siguen agrediendo a los contribuyentes como si ello resarciera el repudio en su contra.
Lo peor del caso es que hay dos rumores que empiezan a cobrar fuerza –y se dice que cuando el río suena, es que agua lleva–, refiriendo la posibilidad de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, sea sacrificado como chivo expiatorio y la Federación disponga de los recursos de los trabajadores que tanto han ahorrado para su retiro, para otra vez destinarlos a disfrazar la creciente inflacionaria.
Esto significa que el señor de Los Pinos pudiera dejar con un palmo de narices a los que reclaman los recursos que a su libre arbitrio dispuso no les fueran entregados (en clara violación jurídica), sólo para refrendar que quien manda en México es él. Y nadie más.
Tal elucubración no es descabellada –como podría suponerse–, y lo es menos, cuando hay voces autorizadas en economía y finanzas, que a Peña Nieto le recomiendan evitar encuentros con los gobernadores, para según sus puntos de vista evitarle mayor presión por parte de éstos y los presidentes municipales.
De cualquier forma unos y otros –mandatarios estatales y alcaldes–, en un justo reclamo, piden que la Federación les envíe los dineros de las participaciones a que tienen derecho.
Y hacen bien.
Sobre todo cuando los miles de millones de dólares que el Gobierno Federal ha pedido prestados al Fondo Monetario Internacional (FMI), son manejados al libre arbitrio del señor de Los Pinos y ni un solo centavo ha ingresado a las arcas de los ayuntamientos, como tampoco los recursos autorizados por el Poder Legislativo.
Programas
conculcados
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais), es una de las principales fuentes de ingresos para los estados y municipios, en que los índices de pobreza sean considerables.
Esto lo determina el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal que lo rige. Pero el Gobierno Federal ha dispuesto no entregar esos recursos a tiempo, y, lo peor, recortarlos en detrimento de millones de ciudadanos, que por simple justicia social debieran ser beneficiados.
Sobre todo, cuando las comunidades contempladas son vulnerables por la falta de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal, electrificación rural; servicios básicos de salud y educación; el mejoramiento de vivienda, caminos rurales y medios técnicos que hagan factible la productividad del campo.
Cito estas asignaturas porque son las que contemplan los fondos de Infraestructura Social Estatal (Fise); y de Infraestructura Social Municipal (Fism) –ambas ramificaciones del Fais–, que son, precisamente, las que más desatiende la Federación… salvo cuando hay elecciones en puerta.
En el caso concreto de Tamaulipas, por años se le han negado esas participaciones a los municipios con alta marginación social –aun cuando figuran en el padrón oficial como localidades candidatas a la ayuda–, por lo que insisto en que la conculcación de los recursos ofende y lastima, no sólo a los adultos de la tercera edad, mujeres y niños, sino también a los estudiantes y trabajadores rurales, que cansados están (ya) de mendigar una ayuda que no llega todavía.
O quizás nunca.
Teorizo sobre el hecho, porque apenas hace unos días se aplicó un nuevo recorte a los programas de desarrollo social, con el pretexto de la caída en el precio del petróleo.
Como ejemplo de esa mala aplicación presupuestaria por parte de la Federación, basta recordar que año anterior los recursos recurrentes que se enviaron al estado, para el campo, fueron menores a los aplicados por el más reciente régimen presidencial albiceleste y el que lo antecedió, según la percepción de los panistas y hasta perredistas.
A esto obedece que cada día el pueblo le crea menos al Presidente.
Sobreviviendo
de milagro
Según cifras oficiales, en México existen 54 millones de personas que sufren pobreza moderada y 21 millones sobreviven de milagro en asentamientos urbanos y rurales.
Sin embargo hasta la fecha no existe ningún programa institucional que brinde resultados efectivos contra la miseria, que es uno de los males sociales que al paso del tiempo se ha vuelto crónico.
La desigualdad entre los segmentos poblacionales es notable.
Por una parte se encuentra la minoría que vive las mieles del primer mundo y la civilización, y en la base piramidal se localizan ejércitos de pobres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades elementales de vestido, vivienda, empleo y alimentación.
En el mejor de los casos –y de acuerdo a informes del Banco Mundial (BM)–, las personas pobres en forma moderada viven con menos de dos dólares al día; algo así como 26 pesos.
El organismo también ha establecido que las diferencias por país son generalizadas y se reflejan en aspectos como las desigualdades en ingresos, étnicas, regionales, y la diferencia de acceso a los servicios básicos.
Por décadas –y pese a las buenas intenciones de los hombres y mujeres que arriban al poder y se comprometen a combatir este flagelo–, el fenómeno continúa y eventualmente se agudiza, como se ha visto acá en el terruño.
No hay discursos de políticos o autoridades del partido que se trate –izquierda, derecha, centro–, que no aluda al compromiso histórico de combatir la pobreza, sin que ello pase de ser una estrategia de imagen pública o parte de la retahíla de argucias que inducen al voto a favor de tal o cual candidato a puestos de elección popular.
La visión asistencial de los gobiernos emanados del PRI y la terquedad de la ultraderecha –representada en el PAN–, de ver en cada familia un potencial núcleo de empresarios –sin considerar las condiciones culturales de la gente–, se han convertido en esquemas obsoletos que no atacan el problema de raíz.
Programas
no impactan
De acuerdo con la opinión de especialistas, la pobreza debe ser abordada de manera integral, impulsando el desarrollo sustentable que parta de las condiciones específicas de cada región o comunidad y considere tanto aspectos económicos, ambientales y sociales, como el establecimiento de una gran alianza cuyos autores centrales sean los afectados, el gobierno y la iniciativa privada.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sostiene que si se busca superar la pobreza estructural, los programas que alientan la producción y el empleo locales tendrán efectos más sostenibles que los que reparten alimentos y recursos.
Ahora bien, pese a que organismos internacionales clasifican a México dentro de las primeras 20 economías del mundo, esto no se refleja en la disminución de la pobreza.
Los avances macroeconómicos no impactan a los hogares de millones de compatriotas, que cada día que pasa ven disminuidas sus posibilidades de superación en todos los rubros, desde los niños hasta los adultos de cualquier edad.
Hay evidencias que demuestran que los planes productivos nacidos en las esferas del actual Gobierno Federal no han dado los resultados establecidos; sobre todo porque se diseñaron desde el escritorio y los que se ejecutaban con anterioridad –algunos aún aplican–, tienen una cobertura limitada que las más de las veces ahondan la problemática en el mediano y largo plazo.
Otro de los factores que contribuyen a convertir en un mal endémico la pobreza son la crisis económica, la imposición de programas, la falta de continuidad en los que resultan viables, la mala distribución del ingreso, los impuestos onerosos que se nos obliga a tributar a cambio se pésimos servicios públicos, y las profundas asimetrías que persisten en el país (regiones y grupos sociales).
El crecimiento poblacional –de 20 millones de habitantes que éramos en 1940 pasó a cerca de 106 millones en 2010–, aunado al abandono de la rectoría del Estado de importantes áreas de apoyo social, la restricción presupuestal hacia el combate a la pobreza y la falta de vocación social de los gobiernos neoliberales, se suman al fracaso para combatir la miseria.
Igual que los rezagos sociales como el desempleo, el empleo inestable y el consecuente deterioro del poder adquisitivo.
Complejidad
del problema
El problema que nos ocupa es muy complejo, ya que está ligado al crecimiento de la economía y a las políticas sociales que implementen los gobiernos en turno en sus tres niveles; y a la organización y participación que deben tener los actores en la superación de esta problemática que se ha convertido en un lastre histórico y amenaza la seguridad nacional de no ponerse atención al mismo.
De ahí la urgencia de fortalecer y renovar a las instituciones relacionadas con la problemática social, a fin de que den respuestas a las necesidades sociales y a la vez reduzcan las desigualdades que genera el modelo económico neoliberal.
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