CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La fracción del Partido Revolucionario Institucional propuesto que las elecciones locales en Tamaulipas se celebren un mes después de las federales y que las elecciones sean nulas cuando el candidato ganador exceda el cinco por ciento del tope de gastos de campaña.
En su propuesta de reforma del segundo párrafo del inciso I del artículo 20 de la Constitución de Tamaulipas, la iniciativa priista señala que: «las elecciones se llevarán a cabo el primer domingo de julio del año que corresponda».
Actualmente en el artículo 20 de la Constitución local vigente prevé que las elecciones se celebren el primer domingo de julio, al igual que lo señala la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (Lgipe) que prevé como fecha el primer domingo de junio, pero la propuesta del PRI lo cambia a julio para los comicios locales.
» Las elecciones de Gobernador, de los Diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado se realizarán el primer domingo de julio del año que corresponda», dice la propuesta.
» Artículo 22. 1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda», dice la Lgipe.
Esta fecha sería para elegir diputados federales, cada tres años; senadores y Presidente de la República, cada seis años.
Uno de los cambios más importantes propuestos es que cuando el candidato ganador de la elección haya excedido por un cinco por ciento o más el tope de gasto de campaña, las elecciones serían anuladas.
También serían nulas cuando se compruebe que hubo recursos de procedencia ilícita, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.
«En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada», dice la propuesta iniciativa presentada el miércoles ante el pleno del Congreso local y la cual fue enviada a comisiones.
La propuesta de reforma también prevé la posibilidad de postular durante este tiempo y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, se suspenda la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de los municipios y cualquier otro ente público.
