CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- A tres meses de que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció, a través de la figura de “Justicia Cotidiana”, hacer realidad el ideario de José María Morelos, el cual asienta que todo aquel que se queje con justicia, debe tener un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, los mexicanos continúan sufriendo un severo rezago en la respuesta judicial a sus querellas.
En el mundo real, las palabras de Morelos se pierden. Millones de personas no tienen acceso a la justicia frecuentemente ni contra los delitos graves y mucho menos para infracciones menores. “Estamos hablando de los conflictos que se encuentran en la base de la pirámide social”, afirmó la representante del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) Arely Gómez, al presentar al Presidente Peña Nieto las 20 propuestas para graves problemas que requieren atención urgente.
Problemas como los despidos injustificados y el mutismo con el que los procuradores del trabajo seleccionan las denuncias; los abusos de las comisiones de agua potable, de la Comisión Federal de Electricidad, los servicios de un ayuntamiento, los agentes de tránsito, los robos en tarjetas de crédito o débito, las tarifas abusivas de los proveedores de telefonía, los cortes o fallas en el servicio de la televisión restringida que jamás indemnizan al usuario.
Los malos tratos de parte de burócratas hacia quien llega a una aclaración contra una multa injustificada, las quejas contra el vecino ruidoso o abusivo que jamás prosperan, o simplemente el estado de indefensión en el quedan cientos de miles de personas cuando el funcionario público que debería atender su caso, simple y sencillamente, como asienta la voz popular “pasa de noche”.
Apenas unos días atrás, al llegar los recibos de electricidad, cientos de familias en Victoria recibieron, igual que en la misma fecha del año pasado o que en el 2013, un cobro “estimado”. Esta vez la explicación de la CFE fue que por alguna razón su personal no pudo hacer la lectura a los medidores.
En la CFE explican a los quejosos que el cobro resultó estimado con el consumo de fecha similar de los dos años anteriores, en los cuales, el consumo también había sido estimado. La solución que ofrecen es simple: “Pague o tome una fotografía de su medidor”, al llevarles la fotografía del medidor si ésta no tiene fecha impresa, no lo valen si la tiene, explican que alguien de la ex paraestatal irá a tomar la lectura, pero hay que estar en casa, porque en caso contrario la CFE no responde.
Esa lenta y muy poco probable justicia le cuesta a los ofendidos quitarle tiempo a su horario de trabajo porque no hay forma de hacer este tipo de trámites por vía telefónica o fuera de horario laboral.
“Los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias; existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos”, concluye la Consulta Nacional sobre Justicia Cotidiana que encabezó el CIDE.
El organismo no gubernamental añade que la justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social, pues la burocracia administrativa o jurídica privilegia el orden de trámites, frecuentemente absurdos sobre la resolución de los conflictos.
EL CASO MOVISTAR
Otro ejemplo son los abusos de las telefónicas, como Movistar, que según la ley deberían tener una tarifa por segundo, pero el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó las tarifas en donde se muestra que se cobra por minuto a los usuarios y con tarifas absolutamente abusivas y que además son resultado de publicidad engañosa
“Disfruta de los beneficios de Prepago Doble : Obtén el doble de tiempo y 3 números gratis”, reza la publicidad de Movistar, para aplicar el “Prepago Doble”, nunca consultan al usuario y mucho menos le explican que si opta por “Prepago simple”, ahorrará mucho dinero y le saldrá más barato.
El truco de Movistar consiste en duplicar el saldo comprado y luego aplicar una tarifa cuatro veces más cara que el “Prepago Simple”, es decir, el “Prepago Doble” resulta medio prepago, porque la empresa en lugar de aplicar 0.85 pesos por minuto, aplica al “doble saldo” una tarifa 2.14 veces más cara, de 3.96 pesos por minuto.
¿QUIÉN RECIBE MI DENUNCIA?
Una victorense quien se atrevió a denunciar una extorsión en su contra, terminó viviendo en otra ciudad y arriesgándose a vivir con un revólver en el bolso, debido a que tras varias comparecencias y solicitudes de pruebas, decidió desistir y tomar el consejo que le dio un policía ministerial: “Si puede váyase de la ciudad”.
Además de que la justicia, especialmente la administrativa, es lenta, llena de requisitos inútiles, administrada por funcionarios que saben que no le deben el puesto al pagador de impuestos sino al jefe inmediato, al líder sindical, al partido, la población, en su gran mayoría, tiene poco o nulo conocimiento de sus derechos y obligaciones y no existe una estrategia nacional para mejorarlo, concluye el CIDE.
“La propuesta es que el Ejecutivo Federal coordine tanto el diseño como la implementación de una estrategia nacional de comunicación que permita que las personas en todo el país puedan identificar sus derechos y obligaciones así como las vías para hacerlos valer”.
Se requiere, cuáles son los horarios y cuánto tiempo necesita el afectado.
Y LO HACEN “DE AGUA”
Una familia victorense recibió durante seis meses un recibo de agua con la cuota mínima y en los cuales no se asentaba que la lectura del consumo no se había realizado. La familia que consumía un promedio de 20 metros cúbicos por mes, no sospechó que le estuvieran cobrando una cuota mínima, que corresponde para un consumo de hasta 10 metros cúbicos, pero cuando llegó el recibo con el consumo de siete meses, casi se infartaron.
El recibo cobraba casi tres mil pesos por unos 140 metros cúbicos, en lugar de los poco menos de 300 pesos que pagaban al mes, antes de que comenzaran a recibir la cuota mínima de unos cien pesos mensuales.
Al asistir el ama de casa a la Comapa, comedidamente le explicaron que la culpa era de ella, porque durante seis meses no pudieron leer el medidor por “estaba cerrado”. Aunque la mujer explicó que eso no era posible, que el medidor no daba a la calle, en el organismo de agua le dijeron que había tres posibilidades: Pagaba de inmediato, le daban un plazo para pagar o bien, le cortaban el agua.
En las cuentas que hacía el funcionario de la Comapa, nunca se incluyó que, durante seis meses había cobrado y se habían pagado 60 metros cúbicos y que no los estaban contabilizando en el último cobro y que en un consumo de 20 el precio del metro cúbico es mucho menor que si se cobra uno de 140 pesos.
Al consultar un abogado, lo primero que le dijeron es que era un caso difícil, pues la base, la Tarifa de la Comapa Victoria, no decía si los cobros se realizan por mes, por año o por milenio, pues simplemente no da una fecha, ni detalla los mecanismos en cómo se aplican los pagos. Y desde entonces esta familia se roba el agua.
LO GARANTIZADO ES QUE NO HAY GARANTÍA
Las garantías que aplican la mayor parte de los artículos que se compran, especialmente los electrónicos o los vehículos, que son los que pagarlos cuesta más días, semana o años de salario de un persona, siempre son con cargo al cliente quien no encontrará apoyo oficial.
La garantía que tiene celular o una computadora que resulten con defectos, muy probablemente será la reparación del artículo defectuoso, para lo que el comprador deberá ir nuevamente a la tienda, esperar a que una persona, rara vez con disposición, le resuelva y le muestra la opción: Irse a su casa con el entripado y el artículo defectuoso para tirarlo a la basura o entregar la mercancía para que la tienda la envíe al fabricante y esperar que luego de algunas semanas, esta regrese en buen estado.
La famosa cláusula del “uso inadecuado” sale a relucir una y otra vez como la fórmula que tienen fabricante y distribuidor para no hacer caso, a menos que el afectado inicie un verdadero juicio civil o incluso penal y que las empresas, viendo que el NO ya no favorece la relación costo beneficio, decida hacer efectiva la garantía.
Y NI BUSCAR LA VÍA CIVIL
En el Poder Judicial de Tamaulipas se reciben todos los meses un 30 por ciento más de asuntos que el número de sentencias que se emiten, conforme a la estadística que el mismo Tribunal Superior de Justicia del Estado publica en su página de Internet.
Además, para iniciar el cobro de una deuda, de un cheque sin fondos, pedir la restitución de los daños, es necesario contratar un abogado, cuya tarifa rara vez será aclarada desde el principio.
Por ello el CIDE urgió al Gobierno federal a encontrar formas para dar apoyo jurídico a los ciudadanos y para ampliar y mejorar los medios alternativos de solución de conflictos, incrementar el número de mediadores y conciliadores, pues la cantidad y su preparación son insuficientes.
“Que hoy prácticamente no existen en el país; ampliar el alcance y mejorar el diseño y operación de los Centros de Justicia Alternativa de los Tribunales Superiores de Justicia; repensar los modelos MASC (Medios alternativos de solución de conflictos) existentes o crear nuevos en materia laboral, familiar, administrativa, civil, mercantil y especialmente en la mediación local y comunitaria”, dice en sus conclusiones.
EL BULLYING O EL DEDO EN LA BOCA
El maltrato que sufren docenas de miles de alumnos en las escuelas en Tamaulipas no parece tener fin. Esta es una de las principales quejas de los padres de familia contra las escuelas y es de las menos atendidas, pese a que la obligación de legislar al respecto inició por el caso del homicidio de un alumno en una escuela de Victoria y con una declaración al respecto del Presidente Peña Nieto, en esta misma ciudad.
Desde el 17 de septiembre de 2013, existe en Tamaulipas una “Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar”, pero esta norma carece de un reglamento, de funcionarios y organismos que deban aplicarla.
El 28 de mayo pasado la diputada de Nueva Alianza Érika Dávila Crespo, se quejó de que no se hubiera reglamentado esta Ley y consideró que hechos lamentables ocurridos en varias escuelas tenían una directa responsabilidad en la falta de un reglamento y protocolos para aplicar contra la violencia escolar, pero el periodo concluyó sin que la misma legisladora hiciera algo al respecto.
LAS PROPUESTAS.
De las 20 propuestas hechas por el CIDE al Presidente Peña Nieto y cuyos foros estuvieron incluso avalados por el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, además de aprobados por la Conferencia Nacional de Gobernadores, en Tamaulipas solamente se ha aplicado un cambio, el llamado divorcio exprés o la posibilidad de que solamente uno de los cónyuges inicie la disolución del vínculo matrimonial, sin señalar una causa previa.
