MÉXICO, DF 21-Ago .- Un juez federal de Hermosillo rechazó ordenar la aprehensión de 22 ex trabajadoras de la Guardería ABC, acusadas por la PGR por los delitos de homicidio y lesiones culposas, es decir, no intencionales.
Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, juez Tercero de Distrito en Sonora, concluyó que las pruebas indican que las trabajadoras hicieron todo lo posible por evacuar a los niños durante el incendio de junio de 2009 en el que murieron 49 de ellos.
Según la acusación presentada el 6 de agosto por la PGR, las empleadas fueron negligentes y faltaron injustificadamente a su deber de preservar la integridad física de los menores.
«Del material probatorio integrado a la averiguación previa consignada, se advirtió que las indiciadas, en mayor o menor medida, sí llevaron a cabo acciones de evacuación y salvamento de muchos de los infantes que estaban bajo su cuidado, pero que no pudieron desalojar a la totalidad de ellos, por la rápida propagación del fuego, rapidez ocasionada, según dictámenes periciales, por la falta de medidas preventivas en la construcción del establecimiento habilitado como guardería», explicó el juez.
«Dada la mecánica de los hechos, les fue imposible real y físicamente hacer más, pues las circunstancias que rodearon al fatal acontecimiento, en este caso, el incendio que culminó con la muerte de 49 infantes, fueron de tal magnitud, que no permitieron que llevaran a cabo el desalojo de todos los menores que se encontraban en la guardería».
Las omisiones en este caso, según Ruiz del Hoyo, son atribuibles a los dueños de la guardería, a los arrendatarios de la bodega contigua perteneciente a la Secretaría de Hacienda del Estado y a las autoridades tanto del IMSS como de Protección Civil Estatal y Municipal.
La PGR puede apelar la resolución ante un tribunal unitario de circuito, pero aún si se ordenan la aprehensiones, las acusadas podrán enfrentar el proceso penal en libertad, ya que se les imputan delitos no intencionales.
El caso ABC ha sido objeto ya de múltiples acusaciones y pronunciamientos del Poder Judicial, e incluso de la Suprema Corte de Justicia, que en 2010 concluyó que no se podían imputar graves violaciones a derechos humanos a altos funcionarios del IMSS, sino únicamente a servidores públicos adscritos a Hermosillo.
