Guatemala vive un proceso electoral extraño: escoger un nuevo presidente, mientras que el saliente renuncia, acusado de corrupción por la calle, el Congreso y el Poder Judicial. Es una de las paradojas de una miniregión
convulsa y a la vez anunciadora de cambios cruciales en América Latina.
Un recorrido por cuatro países centroamericanos muestra las consecuencias del olvido internacional y del legado de las guerras del siglo pasado. Sociedades entrañables, desgarradas por pobreza, violencia y corrupción, impulsadas por la emigración, instaladas en una democracia inacabada pero resistente: estas son características de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Centroamérica es una de las regiones más inseguras del mundo. Pandillas desagregadas en Guatemala, maras organizadas en El Salvador y la combinación de ambas en Honduras desuelan ciudades y barrios, desangran a sus juventudes y ahuyentan a inversionistas. En Honduras, las pandillas se han entreverado con el crimen organizado, que se ha dedicado a traer drogas desde Venezuela a partir de 2005, y a reenviarlas a México y Estados Unidos.
En El Salvador, el narco tiene menor presencia y las bandas armadas encierran otro origen: las deportaciones de salvadoreños de Los Ángeles hace 15 años. El Gobierno anterior facilitó una tregua con sus dirigentes que, al principio, permitió disminuir la violencia, pero que ya se agotaba cuando el Gobierno actual la clausuró.
En Guatemala las grandes organizaciones delictivas se encuentran incrustadas en el Estado desde hace tiempo, y las pandillas son más un vehículo de movilidad social que otra cosa. Los efectos perversos en Centroamérica de la guerra sangrienta e inútil del ex presidente mexicano Felipe Calderón se multiplican y se resumen en un factor: a pesar de sus debilidades, México es más capaz de administrar y acotar al crimen organizado que sus socios del Triángulo del Norte.
Ese resultado conduce a su vez a un segundo rasgo regional: el peso de la emigración y las remesas en las sociedades y economías. De Nicaragua los nacionales parten al sur: a Costa Rica y a la industria de la construcción de Panamá; las remesas equivalen al 11% del PIB. Como lo describió Joaquín Villalobos, la región corre el riesgo de convertirse en el equivalente de una sociedad asistida, viviendo de remesas y del consumo
que generan, pero condenada a la pobreza que aflige a los desterrados del universo de envíos de dólares.
Hace décadas que Washington no ejercía tal influencia en Centroamérica y centra sus esfuerzos en el narcotráfico y en asuntos que le afectan directamente: la migración, la violencia, la gobernabilidad y la corrupción. Sus políticas contrainsurgentes en los años ochenta y su guerra contra las drogas desde 1971 contribuyeron a las desgracias centroamericanas; hoy EE UU se ve forzado a rectificar y a atender los problemas que en buena medida creó. Lo cual nos lleva al acontecimiento más esperanzador de este tiempo en Centroamérica.
En 2006 Ban Ki Moon y el Gobierno chapín crearon la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su propósito consistía en ser un coadyuvante de la fiscalía y del ministerio público en la investigación y juicio “de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad… como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos… (para) fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro”.
La idea ha hecho su camino. En Tegucigalpa se manifiestan exigiendo la creación de una CICIH: el equivalente en Honduras. En una visita a la capital hondureña, el emisario estadounidense Tom Shannon insinuó que la aprobación de los recursos para la llamada Alianza para la Prosperidad serían más rápidamente desembolsados de surgir una CICIH.
La razón es obvia. Los 1.000 millones de dólares que prometió el vicepresidente norteamericano a los tres países del Triángulo hace casi un año no constituyen una cifra deslumbrante, pero revisten un valor emblemático. Washington puede condicionarlos a la perpetuación de la guerra antinarcóticos, o a la disuasión migratoria, o al combate a la corrupción a través del modelo de la CICIG. Los dos primeros temas serían más de lo mismo; el tercero, con todo y sus implicaciones de soberanía acotada, representarían un avance para la región.
Como lo sería la consumación de un viejo sueño: la unión aduanera de los países del Triángulo, y posiblemente también de Nicaragua y/o Costa Rica. Ninguna de estas economías, ni siquiera Guatemala, es verdaderamente competitiva —o incluso viable— por sí sola. No es seguro que lo sean en un esquema de mercado común, como en los años sesenta, sin México. Y los obstáculos políticos son monumentales. Pero al menos ya empiezan a hablar de eso y a negociarlo. Es otro rayo de esperanza en una región donde no abundan.
