La reducción al gasto público federal –que propuso el presidente Enrique Peña Nieto–, podría ser el pretexto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) en días posteriores anuncie un incremento a los impuestos, en aras de garantizar los ingresos que cubran el Presupuesto de Egresos del ejercicio anual que se avecina, porque hasta donde se ve éstos no los obtendría del sector energético.
Obviamente Luis Videgaray Caso niega que ésta sea intención suya y endosa la medida al Congreso de la Unión, bajo el argumento de que a éste Poder “le corresponde, ahora, la decisión de modificar o no el marco tributario”.
El martes que nos antecede, él entregó a los diputados su propuesta del paquete económico 2016 que implica un gasto total de 4 billones 746 mil 946 millones de pesos.
“Menor al de 2015, que actualizado por la inflación pasó de 4.6 a 4.8 billones”, dijo.
Pero en términos reales la nueva cifra supera en 70 mil 708 millones 900 mil pesos al Presupuesto de Egresos ejercido a lo largo del año (que está por concluir) –el decreto presidencial lo publicó el Diario Oficial de la Federación el día 5 de septiembre del 2014–, sin considerar el ajuste por un monto de hasta 124 mil 300 millones de pesos, que
determinó realizar el señor de Los pinos al finalizar enero del año que cursamos.
De ahí que el apretón por un monto de 97 mil millones de pesos que según el secretario de Hacienda se hará en 2016 –de 135 mil estimados, por él mismo sólo en el papel–, resulte una explicación poco convincente pues nadie más ajeno al séquito presidencial conocía la apreciación.
Esto quiere decir entonces que no habría una reducción en el monto total de 221 mil millones de pesos (que dijo Videgaray), sino un ajuste en la repartición del presupuesto, afectando más las finanzas de los estados y municipios, como se ha hecho durante este ejercicio a causa de la caída de los precios del petróleo.
Tan es así que Videgaray Caso, para justificar el nuevo presupuesto ante el Poder Legislativo suma ése recorte efectivo al (presumible) de 97 mil millones cuando (habla del ‘apretón’ y) asegura que no habrá marcha atrás en la reforma fiscal para el 2016.
O sea, ya advirtió que no bajarán los impuestos, dejando la decisión de incrementarlos a las cámaras de Senadores y Diputados.
Ingreso no logrado
La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se tasó en la LXII Legislatura en 4 billones 470 mil 249.8 millones de pesos, a fin de que el Presupuesto de Egresos no sufriera alteración a la baja porque así lo determinó el jefe del Ejecutivo.
El Senado de la República por el contrario, para compensar el ajuste (de diez mil millones de pesos) derivado de las correcciones a la reforma energética autorizó, al señor de Los Pinos, contratar nuevos créditos con organismos internacionales (hasta por 62 mil 510 millones de pesos), por conductos diversos como la Banca de Desarrollo, la Financiera Rural, los Fondos de Fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los Trabajadores.
Así (dijeron), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enfrentaría la disminución recaudatoria por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las colegiaturas, renta de casas habitación e hipotecas, al menos, que no fue autorizado.
Este año, el paquete económico contempla, primero, la discusión del Presupuesto de Egresos. Y una vez zanjado este asunto los legisladores se avocarían a discutir la Ley de Ingresos.
O sea, a los contribuyentes se no cargaría más todavía el gasto que generan nuestras autoridades gubernamentales en el ámbito federal.
No, a los recortes
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre próximo. Y es probable que la Cámara de Diputados no alcance a discutir, a fondo, el reparto del dinero público, ante el mar de inconformidades desatado por la intención de recortarles partidas a los gobiernos estatales.
Conscientes de la situación hay mandatarios que ya cabildean entre los diputados –que despachan en el Palacio Legislativo de San Lázaro–, buscando que a sus entidades se les asignen (para el ejercicio fiscal que viene) recursos suficientes, a fin de no sufrir nuevas reducciones, porque esto repercutiría (negativamente) en los programas de educación básica, normal, tecnológica y para adultos; los servicios de salud, infraestructura social, el fortalecimiento de los municipios, la asistencia social, y, lo peor, en materia de seguridad pública que es el rubro que por el momento más preocupa a los mexicanos.
Ese cabildeo ante los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión –el responsable de corregir la propuesta presidencial (que ya fue remitida al Poder Legislativo, vía Luis Videgaray Caso), adecuarla y/o aprobarla, según lo ordena la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–, es avalado por todos los mandatarios –incluidos los de filiaciones político-ideológicas antagónicas al tricolor–, quienes exigen al través de los medios de comunicación masiva que la Federación tenga sensibilidad política para entender que solamente asignándoles recursos suficientes podrían atenderse las necesidades estatales para ejecutar los programas de desarrollo federalistas.
En el caso de Tamaulipas, bien sabemos, los excedentes petroleros han llegado incompletos; y por eso el gobernador Egidio Torre Cantú una y otra vez ha pedido a la Federación que los recursos de sus programas sociales se apliquen correctamente –hasta eso sin recortes–, puesto que ninguna justificación es valedera cuando se atenta contra el bienestar del pueblo.
Sobre todo cuando es del dominio público que en el país se ha dado una mayor recaudación fiscal; y a Petróleos Mexicanos (Pemex) la venta del crudo y gas natural le ha producido millonarios dividendos, pese a no atravesar por su mejor momento.
Por tanto, los diputados tamaulipecos ya velan armas para defender al estado.
Al menos así lo creo, porque en la reunión con el mandatario estatal, celebrada hace cinco días, los diez priistas se comprometieron a analizar el documento para que los proyectos estratégicos de Tamaulipas puedan desarrollarse en tiempo y forma.
Dicho en otras palabras: acordaron defender cada peso que, por ley, le corresponde a la entidad y es producto de su millonaria recaudación.
Endosando yerros
Insisto sobre el tema, porque, en lo sucesivo, el presidente Enrique Peña Nieto habría de enfrentar a los mandatarios estatales ante un mal reparto presupuestal, pues está visto que la intención del secretario de Hacienda es recortarles participaciones federales.
Y ante la probable acometida hay que recordarle al jefe del Ejecutivo Federal que los estados y municipios han sido sangrados con el desastre con que se opera Petróleos Mexicanos (Pemex), aun cuando cuenta con un seguro internacional por el monto de 350 millones de dólares, a fin de garantizar un ingreso de 27 dólares por barril de crudo, y que por esa simple y sencilla razón su administración no tiene justificación valedera para plantear ningún otro recorte presupuestal a las entidades federativas.
Sin embargo él trata de pasar por alto tal situación.
Y no precisamente por ser congruente entre su decir y su actuar.
¡Ni hablar!, hoy transitamos por el tercer año de extravío en muchos aspectos de la vida nacional.
¡Ah!, pero eso sí, la entrega a la política económica neoliberal que marca el país vecino del norte a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial, significan “La Biblia” para Peña Nieto y compañía, incluidos los animadores del neoliberalismo que lo han apoyado en la aplicación de políticas económicas antipopulares.
Por eso hay que estar al tanto del reparto presupuestal.
Cuentas públicas
En la geografía tamaulipeca los 43 alcaldes ya están metidos de lleno en la revisión del gasto público del segundo año de ejercicio constitucional –incluso, hay quienes ya cancelaron adquisiciones, obras e inclusive la contratación de servicios–, y sé, de muy buena fuente, que en cuanto al anterior período existen muchos cuya rendición de cuentas se advierte plagada de mentiras.
Sobre todo en el destino que dieron al presupuesto.
Pero si la Auditoría Superior del Estado no ha podido darle trámite a la cuenta pública de ejercicios anteriores, por la inconsistencia misma de la información entregada por los alcaldes, menos podría diagnosticar en tiempo y forma lo gastado en los últimos meses de este 2015, al menos que se trabaje a marchas forzadas para sacar avante el problema.
Ordenanza desatendida
La desconfianza y pérdida de credibilidad hacia los partidos políticos que habrán de participar en el proceso electoral 2015-16, encuentra sustento en la marcada incongruencia y poca seriedad con que se conducen.
Esto lo evidencian los mecanismos antidemocráticos utilizados para renovar sus estructuras dirigentes (estatales y municipales), y sobre todo en la notoria dilación para abordar el tema de las candidaturas a cargos de elección popular –que estarán en juego a partir de este día (domingo 13)–, pese a tener bien definidos los estatutos y reglamentos que rigen su quehacer interno y actuación pública.
Generalmente son los grupos de interés quienes malinterpretan la reglamentación partidista, en un claro afán de adecuarla a los caprichos de las camarillas o facciones que en los procesos comiciales se adueñan de los membretes.
A este preocupante fenómeno, por cierto, no escapa ningún partido tradicional ni los de reciente creación.
Es más, cuando de pelear se trata para defender parcelas, los jefes de los clanes pierden la compostura y no asoman el menor pudor al exhibir sus mezquindades que degradan y enturbian la vida democrática de las organizaciones, como se ha visto durante (al menos) las últimas tres décadas.
Así, los pleitos de lavadero sesgan los buenos propósitos y exhiben falta de ética, de principios y sobre todo de madurez política, por lo que los partidos han dejado de ser espacios ideológicos para convertirse en pancracios donde afloran pasiones e intereses individuales y sectarios.
Hay más: la lucha resulta encarnizada hacia adentro de los partidos, cierto, pero al exterior no es menos halagadora.
Corrientes malogradas
Bajo este panorama, es harto notorio que cuando la dirigencia de un membrete se confronta con los adversarios no mide consecuencias y usa cualquier recurso para degradarlos y tratar de anularlos.
El colmo surge cuando les da por establecer alianzas (en apariencia sustentadas en la coincidencia de proyectos), para postular a personajes con arraigo y posibilidades reales de ganar, ya que, las más de las veces éstas se pactan al vapor y sin reglas claras, u obedeciendo a mandatos centralistas.
De ahí que no deba extrañarnos la manera poco cordial en que los aliados de coyuntura pudieran mostrar sus diferencias.
Por cierto, alzando el tono de su voz en contra de los intereses de sus socios ocasionales, para (como siempre) echarse en cara el modo burdo y ruin de imponer voluntades, a fin de alcanzar las posiciones que con candidatos unipartidistas no son capaces de ganar.
Acá en Tamaulipas en los 43 municipios o los 22 distritos electorales ya empiezan a registrarse fuertes jaloneos entre los aspirantes a las candidaturas a alcaldes y diputados de mayoría relativa, cuyos grupos afines no quieren esperar a que sus dirigentes les den la voz de arranque.
Y durante este ‘ensayo democrático, los dirigentes de oposición han hecho todo tipo de acusaciones principalmente contra sus pares del PAN y PRI, mientras algunos de sus militantes más destacados, pero con muy pocas posibilidades de ser nominados, amenazan ser los escurrimientos del presente, ‘pero en favor del cambio y del avance democrático’, según dicen.
Resultado de lo anterior es la pérdida de credibilidad partidista.
Y de las escisiones, en el momento preciso hablaré ampliamente.
Recurso electorero
El rumor es un recurso utilizado por quienes suelen propagar versiones con la aviesa intención de distorsionar la realidad, pues sólo de esta forma los antropófagos contienen la rabia que les produce no acceder a las posiciones que por méritos propios les están negadas.
Es, también (el rumor), un mecanismo de comunicación que se reproduce con rapidez entre los grupos formales e informales, llegando incluso a sembrar inquietud y, en ocasiones, obligando al afectado a desmentirlo públicamente.
Por lo general el rumor provoca inestabilidad y viene a llenar el vacío que genera la falta de información objetiva en torno a un trance o tema, según lo han advertido estudiosos y analistas que del tema sí saben.
Su desplazamiento por el tejido social es paulatino –y en ocasiones efectivo–, por lo que una vez que ha prendido tiene que ser aclarado mediante una estrategia contundente que lo sitúe en su justa y real dimensión.
La fijación de los rumorólogos consiste en acuñar un mensaje o una serie de versiones que tengan consistencia y algo de credibilidad –hasta lógica, según sea el caso–, aunque partan de supuestos y sean contrarios a la verdad, pues sólo de esta forma se lograría el objetivo trazado.
Ellos, los rumorólogos, tratan de ganar la atención de la opinión pública. De manipularla y hacerla copartícipe de sus intereses oscuros, sin el menor pudor de que en ello va implícito el engaño.
De ahí que los servidores públicos, políticos, operadores y profesionales de la comunicación, tengan que estar alertas ante cualquier expresión que falte a la veracidad y trate de dañar una imagen pública tergiversando los hechos.
Surgido de mentes perversas, el rumor se convierte en un arma que incluso puede llegar a afectar un proyecto político y a la persona que lo encabeza.
Habitualmente el rumor no tiene autoría en lo individual, pero se incuba y reproduce entre los grupos de interés que lo magnifican.
Sobre todo cuando se trata de nulificar a la ‘presa’ y trazar una ruta hacia el logro de un propósito, normalmente relacionado con el poder.
De esta manera los funcionarios públicos y/o representantes populares, políticos y aspirantes al poder, son un excelente caldo de cultivo para que se propaguen verdades a medias o
mentiras completas y fluyan de boca en boca hasta prender en el conjunto social.
Más cuando los caníbales saben utilizar los murmullos perversos en su propio provecho.
Pero, para desgracia suya, el jefe político estatal y el alto mando priista, ya los tienen bien ubicados.
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