MÉXICO, D.F.- La activista Isabel Miranda de Wallace planteó la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el caso Iguala.
En conferencia de prensa, la presidenta de Alto al Secuestro consideró que el GIEI no ha trabajado con bases científicas y existe un conflicto de interés del secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
Miranda de Wallace propuso que quien investigue el caso de manera externa sea la Oficina de Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas.
“Esto debe ser una cosa científica, en México tenemos excelentes peritos, pero si no están los padres satisfechos con esta investigación, conformes, tienen todo el derecho de traer a personas a nivel internacional y que trabajen de manera colegiada para conocer la verdad.
“Y por eso es que tenemos esta propuesta. La ONU sí tiene este personal, que lo traiga. Las cosas no son blanco ni negro, tenemos que ir probando cosa por cosa”, expuso.
Tras afirmar que a su consideración no hubo desaparición forzada, Wallace hizo un llamado al Congreso y a la Procuraduría General de la República (PGR) a que dejen de politizar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron vistos por última vez el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
“Hay un uso solamente político del caso, que lo único que nos va causar es un gran problema. Esto se ha salido de control. No son las personas indicadas para llevar el caso desde el punto de vista de la investigación”, sostuvo.
Samuel González, ex funcionario de la PGR, coincidió con Wallace en el sentido de que hay conflicto de interés de Álvarez Icaza, pues éste debió de excusarse para conocer del caso y opinar sobre él.
“Doña Isabel tiene toda la razón en hablar del conflicto de intereses, porque el señor Emilio tiene intereses en el estado de Guerrero, siempre los ha tenido y sus organizaciones han estado ahí siempre presentes”, comentó.
Es inviable, añadió el especialista en seguridad y justicia, que se establezca una fiscalía internacional vía la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar el caso, como lo proponen algunos legisladores.
