ALTAMIRA, Tamaulipas.- De las 600 familias que fueron trasladadas al fraccionamiento Unidos Avanzamos en Altamira para mejorar sus condiciones de vida, una sexta parte se encuentra en situación crítica, pues no tienen energía eléctrica ni agua potable, servicios que les cortaron por falta de pago.
Aunado a esta situación, varias familias enfrentan un proceso con el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), que les ha requerido solventar el pago de los inmuebles, cuyo monto total asciende a 6 millones de pesos.
La dirigente del sector, Raquel Loredo Ruiz, reconoció que a los residentes se les dificulta cubrir la mensualidad de 500 pesos, debido a que la mayoría no tiene un trabajo estable.
“Es bien difícil cubrir con todos los compromisos, es luz, agua, la comida, es la escuela de los niños, pasajes y todo esto implica un gasto grande, se necesita tener un buen sueldo para cubrir con los gastos (…) hay gente a la que le han cortado la luz porque no les alcanza”, dijo Loredo Ruiz.
Algunos de los habitantes a los que les han cortado los servicios básicos, recurren a las veladoras, mientras que otros comparten la energía o el agua. En algunos casos los adeudos con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) superan los 15 mil pesos.
“A mucha gente le han cortado la luz porque simplemente no les alcanza y lo único que hemos pedido desde que nos cambiaron (a este fraccionamiento) ha sido empleo, y por falta de éste se ha ido mucha gente, muchos andan recogiendo plástico en la calle porque está difícil la situación”, indicó quien fuera habitante de la ex invasión Mano con Mano.
Loredo Ruiz señaló que hasta la atención médica es deficiente porque sólo cuentan con una casa de salud que no tiene medicamentos. Además de que la construcción de una escuela primaria permanece detenida.
“Muchas no tienen agua porque se las cortaron hay quien debe 10 mil ó 15 mil pesos y esto es un problema, entre los vecinos se cooperan porque se trata de un panorama muy complicado”, apuntó.
El delegado de Itavu en Altamira, César Gallegos, detalló que son 210 familias las que deben hasta 70 meses el pago de la vivienda, y no descartó que el departamento jurídico del área dé por terminados los contratos y les requiera el inmueble.
