TAMPICO, Tamaulipas.- Aunque la propuesta de Petróleos Mexicanos (Pemex) era crecer la edad de jubilación de 55 a 65 años, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se impuso en la negociación previa de la cláusula 134. Ambas partes acordaron la nueva edad de retiro a los 62 años.
Integrantes de la Sección Uno revelaron que en las 36 asambleas, ocurridas el pasado 15 de septiembre, se difundió el clausulado firmado y el pacto preliminar que beneficia a la base de Pemex a diferencia de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tras alargar el plazo, el miércoles 9 de septiembre por la noche, el director general de la empresa nacional, Emilio Lozoya Austin, y el secretario general del STPRM, Carlos Romero Deschamps, firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2015-2017 y solicitaron un plazo de 90 días para negociar el tema de la edad de jubilación. La fecha límite es el último día laboral de diciembre.
Uno de los puntos que los petroleros celebraron fue que el servicio médico se mantendrá en las clínicas y los 17 hospitales exclusivos para la planta petrolera. Esto después de que se temió que pasaran al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).
Antes de dar a conocer el pacto previo, en Tula, Hidalgo, el líder Carlos Romero Deschamps sostuvo que la negociación para revisar las cláusulas de las jubilaciones ocurre sin tomar en cuenta la opinión de los sectores económicos que piden homologar la edad de retiro, para beneficio de la petrolera.
“Efectivamente habrá que hacer conciencia de que la expectativa de vida del ser humano es mayor. Les pido unidad y nos demos cuenta de lo que estamos viviendo los petroleros, tenemos que ocuparnos por cuidar la empresa y hacerla más productiva para que cada vez que tengamos que acudir a ella nuestras peticiones sean atendidas”, pronunció Romero Deschamps.
La reestructuración del sistema de pensiones y jubilaciones de los empleados petroleros es una exigencia estipulada en la reforma energética. La Federación gasta 1.3 billones de pesos en pensiones y jubilaciones de Pemex. Esta cantidad representa el 28 por ciento de los 4.6 billones de pesos de la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
Uno de los temas que aún se discutirán es la cláusula 136. Por ahora contempla que Pemex otorgaría en forma directa pensiones post-mortem cada 14 días, estimada sobre el monto de la pensión jubilatoria que recibía el fallecido por periodos de 3, 5 y 8 años o de forma vitalicia.
El Sindicato prevé que en una semana la empresa y el gremio instalen la comisión revisora encargada del tema de las jubilaciones, que incluye edad de retiro y plazos de implementación del nuevo esquema, entre otros aspectos.
Aumentan prestaciones
El Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2015-2017, además del aumento al salario ordinario de 3.9 por ciento, cuenta con el 1.75 por ciento de incremento en las prestaciones. Del total de beneficios destacan los gastos funerarios y seguro de vida.
La cuota de gastos funerarios, consistente en 140 días de la pensión jubilatoria que percibía el retirado, no podrá ser menor a 25 mil 633 pesos, cantidad 12 por ciento superior respecto al contrato anterior, cuando el monto era de 22 mil 813.60 pesos.
Con el nuevo pacto, los familiares o derechohabientes del jubilado fallecido recibirán 66 mil 417 pesos. Antes el también llamado “seguro de vida” era de 59 mil 111.60 pesos, es decir 12 por ciento menor. A pesar de que las Cámaras empresariales e inclusive la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advierten que el sistema de jubilaciones, pensiones post-mortem y primas de antigüedad ‘ahogará’ a Pemex, el nuevo esquema contractual no obedece a los señalamientos de la reforma energética.
“Los montos de las obligaciones pensionarias y del déficit actuarial continuarán creciendo, deteriorando cada vez más la estructura del capital de la institución y haciendo aún más difícil su financiamiento hasta el momento en que no sea posible cumplir con los compromisos adquiridos, lo cual propiciaría graves contingencias laborales y legales e importantes problemas de solvencia y liquidez”, indica la ASF en un informe.
