Parece un juego macabro de palabras:
“Solución para crímenes sin solución”
Es una frase que parece definir una costumbre que empieza a ser histórica en el gobierno federal, cuando trata de externar su aparente preocupación por resolver algún caso espinoso en materia penal. Me refiero a la creación de las llamadas fiscalías especializadas.
Ayer, una nueva muestra de ese hábito se dio en el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de crear una Fiscalía para Personas Desaparecidas, como un paso más en la letanía de acciones oficiales para tratar de esclarecer el destino de los 43 integrantes de la Normal de Ayotzinapa, a quienes difícilmente, a la luz de sus acciones públicas, se les puede definir como estudiantes.
Otra vez, un Fiscal Especial. Y lo más probable es que también se trate, otra vez, de un fracaso más en ese tipo de intentonas. Y peor aún para el mandatario, en casi una certeza de que se convierta en una nueva oportunidad para seguir golpeando la imagen del mismo, en ese cómodo y perverso juego de sus detractores de jugar al error ajeno.
Para valorar la utilidad de esas fiscalías, por favor eche un vistazo a las dependencias de esa naturaleza creadas en otros casos que también conmocionaron al país.
Entre otras, estas son las más visibles, de las más antiguas a las más recientes, con una disculpa si me equivoco en la cronología:
Fiscalía para el asesinato de Luis Donaldo Colosio y para el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
Otra más fue para la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas, así como para las matanzas de Acteal en Chiapas y en la de Aguas Blancas, en Guerrero.
La misma suerte corrió la investigación de la activista Digna Ochoa, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim), que después se convirtió en Fevimtra, cuya facultad se amplió para investigar el delito de trata de personas.
Más fiscalías surgieron, como la que atiende los delitos cometidos contra la libertad de expresión. La que investiga delitos electorales y la especial para movimientos sociales y políticos del pasado.
Es una larga cauda de nombramientos, presupuestos asignados, nóminas abultadas y todo, con un saldo común: Prácticamente nadie ha quedado conforme con sus respectivos trabajos y sobre todo, con sus resultados.
Me pregunto:
¿Un fiscal especial, por el solo hecho de ser bautizado de esa manera, adquiere por arte de magia mayores conocimientos sobre investigación, es un mayor experto en derecho procesal o tiene por ventura dotes de vidente que le permitan aclarar delitos como los que se ponen bajo su responsabilidad?
Por supuesto que no.
Por desgracia, esas fiscalías se han utilizado y se siguen utilizando como maquillaje para disfrazar lo que al parecer es imposible resolver, lo que nadie parece poder esclarecer. Y el caso de los normalistas –de alguna manera hay que llamarlos– no parece ser la excepción.
El futuro asoma en el presente: Pasarán los meses, pasarán tal vez los años y el saldo, por desgracia será el mismo: Avances casi nulos y el desencanto general, gracias al manejo político de un problema social.
¿No sería mejor aplicar el verdadero rigor de la ley y no tratar como personas especiales a unos cuantos, cuando hay decenas, quizás centenas de miles de agraviados, que tienen que conformarse con un agente del ministerio público ordinario?
Se aplicaría así, una vieja perla de la sabiduría popular:
Todos coludos o todos rabones…
Twitter: @LABERINTOS_HOY
