EL MANTE, Tamaulipas.- Un castigo de 7 a 15 años de prisión y una multa de 200 a 400 días de salario, es la sanción que a partir de octubre recibirá aquel empleado del servicio educativo que intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, públicos o privados.
El supervisor de Escuelas Secundarias Generales, el profesor José Carlos Balboa Anaya, fue el encargado de presentar ante directores de escuelas secundarias en sus diferentes modalidades, los delitos estipulados en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, quienes a su vez tendrán la encomienda de bajar la información a la plantilla docente, administrativa y de apoyo, pues a partir de este día quien considere algún acto de rebeldía o protesta deberá pensarlo dos veces y no podrán argumentar que desconocen dicha Ley.
Balboa Anaya dio a lectura a la norma jurídica para secundarias, basado en el Articulo 156 Quáter del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, a quien dañe, destruye o ilícitamente entorpezca con el fin de perturbar la vida económica del estado o municipio, o afecte sus capacidades para garantizar el orden público.
La pena de 7 a 15 años y una multa de 200 a 400 días, se impondrá aquel empleado del servicio educativo, que porte o traslade en vías públicas, banquetas, calles, carreteras, caminos, o brechas; mantas, cartulinas grafitis, pintas, o cualquier otro material que contenga, “palabras, mensajes, textos o símbolos que produzcan alarma, temor o situación de peligro físico o sicológico de la población”.
Dicho dictamen aclara que las sanciones administrativas se aplican a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten a la honradez, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, “Habrá sanciones al personal que niegue el acceso a los trabajadores al presidente público o privado, suspensión, renovación de administración, inhabilitación temporal para desempeñar cargos y recesión de la relación del trabajo”.
Además, en otro apartado, advierte de la misma situación se aplicará a quien financie o elabore las matas, cartulinas, grafitis, pintas o cualquier otro tipo de material.
En la reunión, también especificó la definición del servidor público, particularmente quien desempeña en el servicio educativo, “Son aquellos que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el poder”.
“Para mí esta Ley llega tarde, el 80 por ciento de mis canas son producto de problemas, escuelas tomadas, esta es una nueva Ley que nos instruye a levantar un acta administrativa y posteriormente una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público contra el o los responsables”.