CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Desde enero de 2012 y hasta el 31 de octubre de este año, más de ocho mil 900 mujeres en Tamaulipas han solicitado atención médica, sicológica o ambas, por lesiones derivadas directamente de un caso de violencia conyugal o intrafamiliar y se estima que podrían haberse dado en el mismo lapso en la entidad, unos 350 feminicidios no investigados como tales.
Al promedio de seis mujeres por día quienes solicitaron asistencia médica manifestando que las lesiones se derivan de violencia intrafamiliar, se suma un número indefinido que manifestó otros motivos aun siendo víctimas de ese tipo de violencia y muchas otras que prefirieron no solicitar atención médica por miedo a su agresor.
“Muchas mujeres no denuncian por miedo que el esposo, ex esposo o el hombre que la agredió, meta a la familia, a los compañeros de trabajo varones y a veces mujeres –Qué triste, pero es verdad- o que le inventen uno y mil chismes para decir que la atacaron sexualmente, la insultaron o la golpearon por puta”, dijo una sicóloga clínica que aceptó haber sido víctima de un intento de violación por parte de un jefe directo.
Al igual que organismos feministas, la sicóloga (a la que por obviedad se le dio anonimato) asegura que las campañas culturales como “Ni una más”, son buenas pero insuficientes pues el problema surge con la misma educación dentro del seno familiar y en los medios sociales en los que crecen hombres y mujeres.
Aunque en Tamaulipas ya existe la figura delictiva del feminicidio con una penalidad de 30 a 50 años y, actualmente la LXII Legislatura local analiza una iniciativa para volver a armonizar nuevamente el Código Penal Local al Federal y mejorar la definición de este delito y aumentar la penalidad de 40 a 60 años de prisión, no existe el delito de lesiones de género, en cuanto a violencia física, piscológica, económica y simplemente se castiga la violencia sexual.
En la entidad tampoco existe un protocolo de actuación policial en materia de delitos de género, debido a lo cual, en el 98 por ciento de los casos de homicidio en los que muere una mujer no se incluye en la averiguación previa la hipótesis de que se trate de un feminicidio, por lo que casi en todos los casos no se busca al posible culpable en primera instancia, entre los hombres del círculo familiar o laboral de la víctima.
En México cuatro de cada 10 homicidios de mujer son cometidos por el cónyuge, la pareja o un hombre ligado sentimental o sexualmente a la víctima y el porcentaje es similar a los casos de lesiones, aunque no se ha tipificado este delito.
En Tamaulipas casi el 40 por ciento de las mujeres adultas han tenido al menos un episodio de violencia física, sicológica o económica, por parte de quien es o fue su pareja o cónyuge.
En general, seis de cada 10 mujeres aceptan haber vivido al menos un hecho de violencia de género, en los cuales se abusó de su inferioridad de fuerza corporal o su situación moral, con agresiones verbales o físicas, por parte de su pareja, pretendiente, familiares varones, compañeros de estudios, trabajo o desconocidos.
Profesionistas o políticas exitosas en Tamaulipas afirman que adentrarse y progresar profesionalmente en lo que aún es mayormente un mundo masculino, requiere de aguantar supuesto piropos que esconden insinuaciones sexuales, agresiones y con las que siempre quiere manifestar una supuesta inferioridad de la mujer.
SE HA HECHO MUCHO PERO FALTA MÁS
Tres tamaulipecas que han sido parte de los cambios a las legislaciones para incluir el feminicidio y leyes para prevenir el maltrato de la mujer, consideraron que además de perfeccionar las leyes, es preciso una mayor conciencia social respecto a que todos somos parte del problema y de la solución.
“Es necesario trabajar con la sociedad para establecer el cómo podemos ser solidarios con ese grave problema”, manifestó Paloma Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La subsecretaria de Gobierno de Tamaulipas, Guadalupe Flores Valdez, aseguró que en Tamaulipas se ha armonizado el marco jurídico local con el Federal, en cuanto al delito de feminicidio y, desde 2008 está vigente una “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres” y que los tres poderes han mostrado interés por enfrentar la situación.
“Siendo yo Presidenta de Congreso (Local; 2011-2012) tipificamos el delito de feminicidio en el Código Penal del Estado”, ejemplificó Flores Valdez.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el delito de feminicidio se comete cuando se perpetra un homicidio o asesinato de una mujer, en que el agresor activo muestre odio, desprecio a la mujer o ginefobia, que los motivos tengan que ver con la condición de mujer de la víctima.
“Qué bueno que se vuelva a homologar el feminicidio en el Código Penal Local con el federal, pero además de reforzar las penas nos urgen campañas culturales que le hagan ver a la gente que respetar el derecho de la mujer a la igualdad es respetar el derecho a la igualdad que tienen su madres, hermanas, hijas, esposa, amigas”, dijo Marta Alicia Jiménez Salinas, quien fue parte yo de la Comisión de Justicia cuando se incluyó en 2012 el feminicidio como el Artículo 337 Bis del Código Penal para Tamaulipas.
Las tres coincidieron en que en México y en este caso, en Tamaulipas, se han hecho esfuerzos para acabar con la impunidad en los casos de maltrato a la mujer y en específico en cuanto al feminicidio, pero aún falta mucho por hacer.
“Desde 2008 hay una Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres”, dijo Flores Valdez, mientras que Guillén Vicente subrayó que en dicha Ley “viene legislado la violencia feminicida y la alerta de violencia de género”.
“Más allá de los títulos y las leyes lo que es necesario es una política pública a fin de trabajar sobre un plan integral que la haga realidad.
El feminicidio es la violencia máxima y es difícil identificar cuándo es producto de una violencia reiterada sobre la víctima”, agregó Guillén Vicente.
¿POR LA BUENA?
Entre 2012 y 2013 se incluyó en el Código Penal Federal en 31 entidades federativas el tipo penal de feminicidio, aunque este se efectúa luego de que en 2009 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emite la sentencia por las fallas policiacas, procesales y el grave daño social tras los feminicidios de Ciudad Juárez, entre la década de 1996 a 2005.
El 16 de noviembre de 2009 la CIDH declaró en la sentencia del “Caso Algodonero” (Muertas de Juárez) que en México el feminicidio era un crimen de Estado, porque la vida y seguridad de las mujeres no estaba garantizada, por lo cual se obligó al Gobierno Mexicano a mejorar la legislación, incluir formas de indemnización y reformar su Código Penal para incluir específicamente el delito de
Feminicidio.
La CIDH resalta en su sentencia subraya el contexto de violencia contra las mujeres que prevalecía en todo México en general y en particular en Ciudad Juárez en los casos de asesinatos de jóvenes mujeres, en cuyo proceso policiaco y judicial quedaban manifiestas una magnitud de fallas que propiciaban la impunidad.
A la fecha la penalidad que prescribe para el feminicidio el Código Penal Federal en su Artículo 325, de 40 a 60 años, pena que es replicada en la reforma propuesta el miércoles por la mayoría PRI, Verde, Nueva Alianza en la LII Legislatura de Tamaulipas, es la más alta entre los siete países de América que han incluido este delito en sus códigos penales.
¿VIOLENCIA FEMINICIDA?
Según el Observatorio Nacional Ciudadano sólo en 20 entidades de las 32 del país cuentan con protocolos en materia de feminicidios: “Sin embargo, algunos de ellos carecen de perspectiva de género y no
están especializados en esta conducta delictiva”.
Tamaulipas se ubica entre estas últimas entidades, donde en términos reales las policías preventivas y ministeriales e incluso los agentes del Ministerio Público, no están preparados para determinar desde el levantamiento del área del delito, si se trata de un feminicidio o un homicidio.
En la actualidad según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, ni la Procuraduría General de la República ni la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas reportan averiguaciones previas iniciadas por feminicidio y en los dos casos solamente identifican el homicidio de mujeres.
Pese a la obligación que tienen las autoridades ministeriales en Tamaulipas de reportar las cifras de violencia de género y en su caso, de feminicidio, esto no se cumple.
La diputada local priista, Olga Sosa Ruiz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que entre las mil 333 víctimas de homicidio que se reportan en Tamaulipas de enero de este año al último de octubre, hay 462 mujeres y en todos los casos se ha reportado como homicidio doloso y no cómo feminicidio, pese a que en 28 se ha determinado la presunta autoría del cónyuge.
“Un homicidio doloso tiene una penalidad de 15 a 30 años de cárcel. Sin embargo, un feminicidio va de 30 a 50 años de prisión y con la reforma al Artículo 337 Bis será de 40 a 60 años de prisión. Esa es la diferencia”, subrayó Sosa Ruiz.
El feminicidio se agrava cuando hubo amenazas o advertencias previas, hechos de violencia por motivos sentimentales o conyugales previos al asesinato, haya ocurrido tortura, violación, mutilación o necrofilia en los actos que llevaron a la muerte de la víctima.
