CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La incertidumbre laboral de más de 14 mil trabajadores de Pemex y CFE y de 16 mil más en las delegaciones federales, así como la suspensión de más de 31 proyectos de infraestructura que no se realizarían ya este año; un endurecimiento de la política de austeridad en las delegaciones federales y un inminente perjuicio al crecimiento económico estatal dejará en Tamaulipas el paquete de medidas preventivas anunciadas ayer por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Las medidas anunciadas para enfrentar la baja en los ingresos del Gobierno Federal como consecuencia de la baja en los precios internacionales del petróleo y la volatilidad en el tipo de cambio agudizará una tendencia negativa en la asignación de recursos públicos federales que Tamaulipas enfrenta desde hace 2 años.
También afectará a la industria de la construcción integrada con más de 500 empresas y que impacta en 63 de las 79 ramas de la economía por el limitado gasto público que ha venido sustituyendo a la inversión privada.
El Gobierno Federal anunció un ajuste preventivo al gasto en la Administración Pública Federal para 2016 por un monto de 132.3 mil millones de pesos, 0.7% del PIB, para hacer frente al deterioro del entorno global.
La información dada a conocer señala que el recorte está compuesto por una reducción del gasto del Gobierno Federal para 2016, por 32.3 mil millones de pesos y otro de Pemex por 100 mil millones de pesos durante el presente ejercicio fiscal.
Para este año, 37 proyectos de inversión pública de la Federación en Tamaulipas representaban hasta ahora, 4,813 millones de pesos, de los cuales Hacienda no ha definido con precisión los proyectos que afectará la medida.
Sin embargo, desde principios de año, Tamaulipas ya enfrentaba reducciones significativas de la obra federal.
Y es que las complicaciones presupuestales significaron para Tamaulipas, un ajuste a la baja de la inversión federal en infraestructura de más de 2,443 millones de pesos; una caída del 33% con respecto a lo que el Gobierno Federal gastó en 2015.
El año pasado, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión 7,256 millones de pesos mientras que para este 2016, la cifra asciende a 4,813 millones de pesos.
Las dependencia que más caída registran son Pemex con más de 2,093 millones de pesos de recorte en su gasto para la entidad, seguida de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes cuyo monto paso de 2,227 millones en 2015 a 1,713 en 2016.
Otros rubros como Medio Ambiente pasaron de un presupuesto de 256 mdp a 81 millones en este año.
En el lapso, hay 31 Proyectos que no tuvieron asignación presupuestal y tampoco la tendrán el resto del año, tres de ellos en Sagarpa, 4 en SCT, uno en Medio Ambiente y en Desarrollo Agrario y Territorial, 3 en la Función Pública 9 en CFE y 20 en Pemex.
En el caso de Pemex, esta será la dependencia que más resienta las medidas de ajustes y la que más impacto negativo tenga en Tamaulipas.
Por un lado porque el 60% del ajuste preventivo será en Pemex y porque es precisamente Pemex la que agrupa al 63% de los proyectos de inversión pública federal que se desarrollarán en Tamaulipas este año con más de 2,770 millones de pesos de los cuales más de mil millones se aplicarán en la Refinería Francisco I. Madero en el sur de la entidad.
Pemex da empleo en Tamaulipas a más de 14 mil empleados que podrían ver amenazada su esquema de trabajo que ahora permite a la paraestatal liquidar con mayor facilidad.
En los últimos tres años, la caída en el gasto público, el lento ejercicio y pago del mismo ha estado detrás de la debilidad de la economía estatal.
La mayor presión afectará a las delegaciones federales pues agudizará su programa de austeridad y podría impactar en 2 mil de los 16 mil empleados que laboran en las dependencias del Gobierno central.
Este año, las delegaciones federales enfrentan ya un ajuste de 170 millones de pesos en su gasto operativo menos a comparación con el gasto ejercido el año pasado.
Los lineamientos de Hacienda señalan que en no procederá la adquisición de vehículos, salvo aquéllos indispensables para prestar servicios públicos a la población; no se crearán plazas, salvo que se tengan recursos presupuestados expresamente para ello; no se autorizará incremento salarial en términos reales para mandos superiores.
También deberán preverse acciones para fomentar la eficiencia energética y el ahorro en el consumo de agua en las oficinas públicas, la adquisición y arrendamiento de inmuebles procederán exclusivamente cuando no se cuente con bienes nacionales aptos; la remodelación de oficinas se limitará a las que sean estructurales y no puedan postergarse, impliquen ocupación más eficiente y generen ahorros en el mediano plazo.
Además, de realizará la contratación consolidada de materiales, suministros y servicios, siempre que asegure ahorros y las mejores condiciones en calidad, precio y oportunidad.
