Imaginemos por un momento la situación por la que pasan aquellos niños, niñas y adolescentes cuyos derechos son violentados.
Por ejemplo, aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema, que no pueden ir a la escuela, que trabajan desde temprana edad o que sufren algún tipo de maltrato o abandono. ¿A quién acuden? ¿En quién confían? ¿Con qué mecanismos cuentan para la prevención y la atención integral de sus derechos?
Diariamente, miles de niños, niñas y adolescentes enfrentan circunstancias que los ponen en riesgo. Sin embargo, México ya cuenta con una Ley General Sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que está vigente en el país y cuenta con carácter preferente desde diciembre de 2014.
Otro instrumento clave de garantía de los derechos de la infancia y juventud es el nuevo Sistema Nacional de Protección para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual fue presentado por el Presidente de la República en diciembre de 2015 y permitirá gestionar de manera coordinada los recursos y los esfuerzos multisectoriales.
Este sistema, el cual está siendo rápidamente articulado a nivel estatal y municipal, permitirá sentar las bases para que los más de 43 millones de niños, niñas y adolescentes en México tengan una vida plena, brindándoles un marco de justicia y equidad, y articulando el rol de las instituciones públicas para lograr que éste avance, se traduzca en una política armonizada a nivel nacional, estatal y municipal.
Para liderar la coordinación de los esfuerzos y la articulación de políticas, se ha establecido una Secretaría Ejecutiva a nivel federal, la cual consecuentemente tendrá que ser replicada a nivel estatal y municipal. Esta secretaría asumirá el rol de elaboración de Planes Estatales o Municipales según corresponda, y de desarrollar los Sistemas de Información, destinando todos los recursos necesarios para su operación.
En UNICEF hemos seguido de manera muy cercana la creación y la armonización de la Ley General en el país y hemos visto con especial emoción la rápida armonización que se ha llevado a cabo en los 32 estados que ya cuentan con una Ley local; un récord y un parteaguas en materia de legislación en el país.
La infancia representa 35% de la población mexicana, y merece una inversión proporcional; el presupuesto que le corresponde. Está comprobado que la inversión en la infancia y la juventud es la mejor inversión que puede hacer un país; y es estratégica, porque los recursos que se dejan de distribuir en ellos y ellas hoy, suponen mayores costos sociales, políticos y económicos el día de mañana.
Por eso es tan importante que los mecanismos del Sistema se repliquen en todas las entidades federativas y municipios del país, y que se cuente con el respaldo de todas las y los gobernadores y presidentes municipales, los mejores aliados de la infancia para velar porque esta Ley General, así como el Sistema de Protección Integral para la niñez y la adolescencia, lleguen al último rincón del país.
Este es un momento histórico que representa una gran oportunidad para cambiar la realidad y la historia del país. Una oportunidad que no debemos dejar ir, para que la infancia y la adolescencia sea desde hoy un eje rector en la agenda en México.
Por ellos y por ellas, por sus derechos y por el presente y el futuro del país.
