CIUDAD DE MÉXICO.- Además de la sobrepoblación, en los reclusorios nacionales prevalecen la corrupción, el control de grupos delictivos y la ausencia de la ley, lo que los aleja de su objetivo que es la readaptación social, advirtió el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En una mesa titulada Homicidios en Centros Penitenciarios, realizada en el Aula Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Francisco Rivas Rodríguez, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que en 88% de los penales estatales y 45% de los federales, no se separa a sentenciados de procesados.
Refirió que según el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en 2014 se registraron mil 471 riñas (692 en los Ceresos y 779 en los Ceferesos).
En cuanto a la sobrepoblación, Rivas Rodríguez detalló que a finales de 2014 había 223 mil 656 presos en 269 edificaciones diseñadas para dar cabida a 173 mil 400 camas.
En 23 entidades el número de internos rebasaba la capacidad instalada (Nayarit en 177%; Estado de México en 126%; Hidalgo en 100%; Jalisco en 82% y Durango en 58%).
El costo de manutención para cada reo fue de 52 mil pesos en promedio, aunque señaló que los dos extremos se encuentran en Guanajuato y San Luis Potosí, ya que el primero destinó en 2014, 135 mil pesos por sujeto, mientras que en el otro estado siete mil pesos.
El reporte indicó que la relación reclusos-custodios a nivel nacional muestra que por cada nueve presos hubo un vigilante; Quintana Roo fue la entidad con menos, al tener uno por cada 36 convictos y Guanajuato la que más, con 10 guardianes por cada 30 confinados.
“Los delitos, en su mayoría, han sido sancionados con encarcelamiento, pese a que hay mecanismos como la pena pecuniaria, en su especie de multa y trabajo comunitario, así como otras estrategias a las que no se acude tradicionalmente”, dijo Rivas Rodríguez.
Daniel Montero Zendejas, del Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario, subrayó que los puntos focales a observar en el renglón son la superpoblación, corrupción y la ceguera de autoridades.
“Hay hacinamiento y bajo salario del personal de seguridad y custodia, lo que condiciona actos de corrupción y en muchos casos el dominio de la delincuencia organizada”, explicó.
María Sirvent Bravo Ahuja, de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, expuso que México detenta el sexto lugar global por el tamaño de su población penitenciaria, detrás de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil.
Miguel Sarre Iguíniz, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, estableció que para cambiar esta realidad “se requiere que prime la ley para que no imperen los poderes salvajes y la muerte al interior de las cárceles, pues los problemas derivan de la inexistencia de mecanismos que hagan valer las normas.”
Agregó que “en esta labor son indispensables jueces de ejecución penal que cumplan su función constitucional y garanticen el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.
