En una nota publicada en el periódico español El País da cuenta del dictamen emitido el miércoles de la presente semana, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en el cual obliga al Estado mexicano a que se conceda la protección de la justicia a dos de las madres de los migrantes asesinados en Tamaulipas.
Asimismo 16 parientes de los migrantes centroamericanos serán inscritos en el padrón de víctimas, con lo cual se abre la posibilidad de que sea el Estado mexicano el que repare el daño ocasionado, además de prestarles ayuda judicial y sicológica.
La nota del periódico español detalla que la SCJN determinó que los familiares de dos migrantes asesinados por uno de los grupos delictivos que se disputan Tamaulipas obliga a reconocerlos como víctimas y giró instrucciones a la Procuraduría General de la República obligándola a entregarles la copia del expediente de Manuel Antonio, hermano de Alma Yessenia Realegeño y a Bertila Parada, madre de Carlos Alberto Osorio, de origen salvadoreño.
El primero fue encontrado en una de las 47 fosas que se localizaron en San Fernando en el 2011, así como el cuerpo de Carlos Alberto estaba entre los 72 asesinados en un rancho de esa población.
La PGR insistía a los familiares de los dos centroamericanos a que autorizaran cremar el cadáver para enviarles las cenizas, a lo que se opusieron la hermana y la madre de las víctimas, lo que llevó a una batalla legal que ganaron ambas, porque ahora el Estado mexicano tiene que responder ante los hechos.
En el caso de los migrantes centroamericanos, el Nacional Security Archive, de la Universidad de George Washington “reveló que los agentes municipales de San Fernando también participaron en la masacre”, indica el periódico.
Con este dictamen se abre la posibilidad de que los familiares de todos los migrantes asesinados sean considerados víctimas y que México les repare el daño provocado por hechos tan lamentables.
El reconocimiento de la SCJN es vital para que en este país se comience a hacer justicia de fondo y que haya reparación del daño ocasionado, pero además se debería hacer un compromiso legal de la no repetición del daño.
Como lo expuso Bertila Parada cuando se enteró de la muerte de su hijo, cuando la PGR se oponía a probar la verdadera identidad de los cadáveres, “para mí fue como si mi hijo volviera a desaparecer después de muerto”, dijo la señora.
Estos dos casos son apenas el comienzo de una serie de investigaciones y dictámenes que deben emitirse por las autoridades en el país para restañar las heridas a los extranjeros y a los mexicanos que han perdido a familiares en esta lucha estéril contra la delincuencia organizada.
Tras años de enfrentamientos en las calles a las ciudades y pueblos afectados sólo les queda la esperanza de justicia, reparación del daño y la no repetición de la violación a los derechos humanos.
También abre la posibilidad a que aquellas autoridades que no evitaron todos esos crímenes o que participaron de manera directa o indirecta a cometerlos sean llevados a juicio.
Es hora de limpiar la atmósfera tamaulipeca del tufo a muerte.
LA FRASE:
Desde tribuna, Clemente Castañeda manifestó que la iniciativa ciudadana denominada 3de3, busca obligar a los funcionarios a transparentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés, “En el Congreso de la Unión sólo 92 diputados y 16 senadores han hecho públicas sus declaraciones. Es una oportunidad para que los servidores públicos demuestren su convicción de fortalecer las instituciones”, dijo el integrante del Partido Movimiento Ciudadano que junto con sus compañeros se pusieron a camiseta para apoyar esta propuesta de la ciudadanía, según recoge una nota del periódico El Universal.
De los senadores y diputados tamaulipecos, ¿cuántos habrán cumplido con la regla 3de3?
Estimado lector y lectora hay que apoyar esta iniciativa para contribuir a disminuir la corrupción e impunidad entre quienes están obligados a servir a la ciudadanía.
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