Tardíamente el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, sale a decir que 95 candidatos han renunciado para no participar en el proceso electoral del 5 de junio.
De esas 95 renuncias sólo 36 se repusieron, el resto eran los aspirantes del PRI y de Movimiento Ciudadano, partidos que optaron por no nombrar a otros candidatos y dejaron esas posiciones libres para que el PAN se quede con los ayuntamientos y las diputaciones locales.
La autoridad electoral le echa la culpa tanto al Partido Acción Nacional como al Revolucionario Institucional de contribuir al ambiente de incertidumbre, desde el momento en que les pide que ayuden a generar unión y no hagan más grande el deterioro de la elección provocado por las acusaciones mutuas de sus relaciones con el crimen organizado, que en ninguno de los casos, dice, están respaldadas con una denuncia ante las autoridades correspondientes.
En Tamaulipas la autoridad electoral ha permanecido como espectadora de los ataques entre aspirantes a la gubernatura, y ni siquiera la cascada de renuncias, ha merecido que los consejeros salgan a plantear una postura seria y firme al respecto, como si este fuese una práctica común en un proceso electoral.
En la entrevista al periódico Expreso, se percibe que el presidente del IETAM, Jesús Eduardo Hernández Anguiano está rebasado por la responsabilidad. Anda más preocupado por su imagen y que no resulte afectada, que por los resultados que debe dar ante la ciudadanía como responsable directo de la elección.
El hecho de las 95 renuncias es una situación inédita en Tamaulipas, debería haber una investigación seria solicitada por el propio IETAM para conocer las verdaderas causas de ese fenómeno y que el consejero presidente deje de restarle importancia a esta situación que afecta especialmente a los electores de los municipios de Mainero, Villagrán e Hidalgo, porque los dejan con una sola opción para salir a emitir su sufragio.
Pero no, el funcionario electoral se escuda en que no hay una denuncia formal para escurrir el bulto y sacarle a su responsabilidad.
Al respecto tampoco se ha escuchado la voz de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien junto con Hernández Anguiano, constituyen el grupo de funcionarios que perciben los mayores sueldos del país y que sin embargo, se mantienen a la expectativa en lugar de resolver un proceso electoral irregular, dudoso y con, vaya usted a saber, qué resultado en la jornada del 5 de junio.
LOS ALIJADORES CON EL PAN NUEVOLAREDENSE
Una agrupación que cuerpeó, desde que se creó, al Partido Revolucionario Institucional llevándole el voto corporativo de miles de sus agremiados, el miércoles decidió darle la espalda en Nuevo Laredo a la organización que la fundó para sumarse al proyecto del PAN en el municipio fronterizo.
Qué diría Pedro Pérez Ibarra, el ex dirigente cetemista por treinta años, si viviera, así como el resto de los dirigentes obreros que pregonaban a los cuatro vientos su adhesión eterna al priismo.
Qué dirá Rafael González Benavides de esta acción encabezada por el dirigente de la Sección II del Sindicato de Alijadores, Óscar Medina García, considerando que el actual líder del PRI estatal, es hijo de quien dirigiera la CTM en Matamoros, sector priísta al que pertenece el sindicato de Alijadores.
Este sí es un golpe duro a la moral de los priistas que siguen intentando llegar fuertes a la elección que está a la vuelta de la esquina.
LOS JÓVENES QUIEREN TRABAJO
El congreso local anuncia una reforma a la Ley de Educación para acelerar los trámites de entrega de documentos, de tal forma que los egresados puedan salir a buscar empleo con su título por delante.
“Los integrantes de la Comisión de Educación, dictaminaron procedente reformar la Ley de Educación, para establecer que las instituciones del Sistema Educativo Estatal,
entregarán los certificados, constancias y títulos académicos en un tiempo que no exceda los diez días hábiles a partir de cuándo se hayan expedido”, explica el comunicado.
Sin embargo, habría que añadir que la escasa oferta de trabajo hace imposible que los nuevos profesionales encuentren un empleo con sueldos y prestaciones decorosas. Está bien la iniciativa legislativa, sólo que para efectos prácticos poco sirve si no hay dónde emplearse.
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