CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno mexicano tiene la meta legítima de someter al crimen organizado, pero lo ha hecho desplegando a las fuerzas de seguridad, quienes han hecho un uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, afirmó James Goldston, director de Open Society Justice Initiative (OSJI).
Al presentar el informe «Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México», señaló que esta política ha derivado en «falsos positivos», es decir, personas inocentes que han sido víctimas de asesinato, tortura o desaparición forzada por considerarse involucrados con la delincuencia sin evidencia alguna, así como los denominados «daños colaterales».
«La impunidad casi total es una señal clara de que la violencia no está por casualidad», sostuvo.
Los altos niveles de violencia, reiteró, no se han dado al azar, en gran parte por la incapacidad del Estado mexicano por regular el uso de la fuerza.
Señaló que hay evidencia de que las Fuerzas Armadas en México han actuado bajo órdenes para aniquilar a un criminal en lugar de entregarlo a las autoridades.
Asimismo, indicó que los tres Poderes siguen una política de encubrir las atrocidades cometidas por el Ejército.
Aseveró que en México hay crímenes de lesa humanidad, entendidos como uno o más actos individuales cometidos con conocimiento de que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Éstos, aclaró, son imputables tanto al Gobierno federal como a cárteles de la droga, como el de Los Zetas.
José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que nadie puede negar que en el País cometen atrocidades, ya sea por funcionarios o por criminales, que muchas veces están en complicidad con las autoridades.
«Las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la tortura en el contexto de la política de seguridad no son casos aislados, son una acumulación no accidental de actos», mencionó.
Estos crímenes, apuntó, tienen respaldo público, pues las autoridades niegan los hechos e incluso manipulan las escenas del crimen.
Con estos elementos, consideró, la Corte Penal Internacional podría abrir un examen preliminar en México.
Juan Carlos Gutiérrez, de Idheas, afirmó que en México no existe voluntad política para investigar violaciones graves a los derechos humanos.
Resaltó que en respuesta al The New York Times al informe de OSJI, un funcionario del Gobierno mexicano señaló que los crímenes no son generalizados y que el reporte sólo muestra que hay desconocimiento por parte de las organizaciones.
Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que los crímenes de lesa humanidad en México se ha cometido contra personas migrantes.
Recordó que las tres masacres contra migrantes cometidas en San Fernando en agosto de 2010 y en abril de 2011 y en Cadereyta, en mayo de 2012, permanecen impunes.
Acusó que más autoridades se han empeñado en hacer creer que los casos son aislados.
A estas masacres, refirió, hay que sumar los secuestros y desapariciones forzadas de migrantes.
«No fue aleatorio, por parte del Estado hubo una voluntad de aliarse y colaborar con el crimen organizado para cometer estos crímenes», denunció.
