Lejos de los reflectores públicos, el reloj caminaba aceleradamente para la sucesión en la Presidencia del INEGI al terminar 2015. En noviembre pasado se mencionaron en este espacio las maniobras que se venían dando para que el gobierno recuperara el control del INEGI, la gran fábrica de información sobre la cual se diseñan políticas públicas en México que por su autonomía, se había ganado el respeto como contrapeso a las estadísticas y mediciones del gobierno. Su independencia de criterio y libertad de expresión no era algo con lo que la administración del presidente Enrique Peña Nieto estuviera cómoda. Todo lo contrario. El INEGI era un órgano fundamental, y por eso la imposición de Julio Alfonso Santaella, parte del equipo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que está tomando el poder del gobierno, para que hiciera el trabajo de maquillaje que requiere la administración.
Dos mediciones causaban un roce permanente con el INEGI, las mediciones del Producto Interno Bruto, y las de la pobreza. En octubre, el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, esbozó lo que venía en camino. Núñez cuestionó al INEGI al asegurar que era “necesario evaluar si la forma en que actualmente se (medía) el Producto Interno Bruto de México (era) correcta, porque el crecimiento económico del país no parece empatar con algunos indicadores de recaudación, consumo y empleo”. Reiteradamente, por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, ha cuestionado la metodología de todos los órganos que miden la pobreza en México porque sólo se enfocan en el ingreso y no “diversas carencias sociales”.
Todavía no hay cambio en la medición del PIB, pero la modificación de la metodología para medir la pobreza, realizada unilateralmente por el INEGI, está causando un escándalo. No es para menos. Según el reporte trimestral sobre ingreso en los hogares, los más pobres tuvieron un incremento real de 33.6% en un solo año. La nueva metodología recortó en tercio lo que en 40 años no se había podido lograr. Nada mal para el manejo de número. Según el INEGI, el ingreso real de los hogares a nivel nacional se elevó 11.9%, aunque en algunas entidades ese aumento fue de 30% entre 2014 y 2015.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, conocido por sus siglas CONEVAL, que mide la pobreza en México, protestó airadamente. El cambio de metodología se hizo a espaldas de ellos, pese a existir un convenio con el INEGI. “Dichos cambios carecen de documentos públicos de carácter técnico que los justifiquen, y no fueron debatidos técnicamente con CONVENAL, ni anunciados de manera oportuna, por lo que el proceso de captación del ingreso que elaboró el INEGI no fue transparente”, indicó el órgano este domingo en un comunicado. Su secretario ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona, añadió: ““Estamos muy molestos de que el INEGI no nos hubiera dicho que harían esos cambios. Sin transparencia. Sin planeación. No habrá forma de conocer la evolución de la situación de los hogares en México respecto de años previos”.
El trabajo sucio comenzó. En el texto publicado en este espacio en noviembre pasado, se citaba un artículo de Jonathan Heath, un respetado economista, maestro y conferencista, quien escribió en octubre sobre lo dicho por Núñez: “Llaman la atención las declaraciones del titular del SAT, de que el INEGI calcula mal el PIB del país. Según la posición (del SAT), el crecimiento económico no empata con los indicadores de recaudación, consumo y empleo. Lo que dice la dependencia de la SHCP es que dado que las cifras que produce el INEGI no reflejan lo que el gobierno quiere, habría que cambiar la metodología de las cuentas nacionales… Básicamente, lo que sugiere ahora (Hacienda) es que hagamos en México lo que hicieron en Argentina: manipular las cifras económicas para reflejar los deseos de los funcionarios”.
Heath alertó en su momento lo que pretendía hacer Hacienda al imponer a un presidente en el INEGI cortado a su medida. “Esta posición es exageradamente peligrosa… ¿A qué se debe esta falta de respeto a la autonomía del INEGI?”. Ese mismo octubre, Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, apuntó en El Financiero: “Si los analistas podemos ser críticos, ¿por qué no puede serlo un funcionario del gobierno federal, si la opinión se trata de un organismo autónomo a quien ya no puede dirigir, ni ‘torcer las tuercas’, como se dice vulgarmente?”.
Casillas dijo en aquél momento que esta dinámica se daba porque la libertad de expresión es mucho más amplia que antaño y que el INEGI era autónomo. Es cierto que hoy en día hay mayores márgenes de libertad de expresión, pero también lo es que hay tendencias autoritarias regresivas. La autonomía tampoco es diáfana. En un país de libertades acotadas como México, no puede medirse bajo la definición clásica de autonomía. En este espacio se afirmó en noviembre que la autonomía operaría como reloj hasta que se enojara el gobierno.
Entonces empezarían los problemas. Casillas pensaba en ese momento que no podían “dirigir o manipular” al INEGI desde afuera, por lo que necesitaban a un cómplice metodológico que actuara como le dictaran desde Hacienda, no a un presidente que defendiera la autonomía del INEGI por encima de sus métricas. Las visiones catastrofistas se cumplieron. En su primera prueba, Santaella demostró para que fue nombrado.
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