Después de amenazar que metería a la cárcel a los maestros que no acataran las disposiciones de la reforma educativa, entre otras bravuconerías con las que trató infructuosamente de doblegar a la CNTE, el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, no ha tenido más remedio que doblar las manos.
Antes el funcionario declaró que era inútil dialogar con la coordinadora magisterial, ordenó que despidieran del trabajo a 3 mil 360 profesores que no asistieron a clases por participar en los bloqueos de carreteras y destrucción de inmuebles del gobierno, advirtió que no se tolerarían más intimidaciones, machacó que no se aplicarían cambios al ordenamiento legal, ni que aplicación de éste estaba a discusión y que no habrá diálogo hasta que regresaran a clases.
Sin embargo, cuando se dio cuenta de que las amenazas no solamente no doblegaron a los profesores sino que intensificaron las protestas y de que, ante la crítica situación que estos actos provocaron, así como de que el presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, igual que el presidente de la comisión educativa del órgano senatorial, el priísta Carlos Romero Hicks, coincidieron en que era necesario revisar la legislación, particularmente en el rubro de la evaluación y hasta corregirla, como expresó el primero, el titular de la SEP cambió de actitud.
Suavizó el discurso y finalmente aceptó tácitamente que se había equivocado. Este martes, además, se sentará a platicar con los docentes inconformes a los que antes había menospreciado. Incluso, ante la sorpresa de propios y extraños, reconoció que se trataba de un diálogo muy importante y hasta que deberían hacérsele modificaciones al controvertido ordenamiento legal.
Nuño Mayer anunció igualmente que en el análisis y debate del nuevo modelo educativo que tendrá lugar a partir de este miércoles participarán, además de especialistas en la materia, como educadores y pedagogos, representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a la que anteriormente había descalificado.
En qué irá a parar el asunto, no se tiene idea, pero lo que salta a la vista es que en el río revuelto de la ola de controversias desatada por las reformas constitucionales, además de la educativa, las energética y hacendaria, hasta la Arquidiócesis Primada de México cuestionó las modificaciones jurídicas, las cuales, dijo, “ya hicieron agua”, pues, a consecuencia de la aplicación de algunas de ellas, el 2016 ha sido un verdadero calvario para los mexicanos.
Otro hecho poco común o desusado al que todo indica que el gobierno recurrió para recuperar la confianza de la población fue el perdón que el presidente Enrique Peña Nieto pidió ayer a la nación debido al agravio causado por el escándalo de la “Casa Blanca”. Aunque el mandatario aclaró que se condujo con apego a la ley, reconoció que el caso lastimó la investidura presidencial, a su propia familia y a la confianza de la sociedad.
Para rematar, la presidencia anunció que la señora Angélica Rivera Hurtado había devuelto el inmueble motivo de la controversia a la inmobiliaria HIGA y que la empresa a la vez había reintegrado a la primera dama los pagos efectuados, dado que se trataba de un contrato con reserva de dominio.
Como la disculpa fue formulada en el marco de la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, la lectura que algunos le dan al tema es que podría ser el inicio de una serie de acciones destinadas a demostrar que la lucha contra los corruptos va en serio a efecto de que aquellos servidores públicos que tienen cola que les pisen sepan que sus
fechorías no quedarán impunes. Habrá qué ver.
En donde la están haciendo cardiaca, mientras tanto, es en el tribunal electoral de Tamaulipas. A casi mes y medio de que el PAN impugnó el resultado de las votaciones de alcalde de Tampico del 5 de junio, es fecha que la instancia aún no emite ninguna resolución.
De acuerdo con el presidente del comité directivo municipal de Acción Nacional, Sergio Meza López, quizá como el término límite de la autoridad electoral vencerá el 20 de agosto no se sabe hasta cuándo se resolverá la impugnación, ni si el caso será llevado luego a la sala regional del Trife de Monterrey.
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