Empresarios y líderes religiosos piden más policías, militares o marinos que pongan orden en una ciudad donde se dispararon los crímenes de mujeres y niños.
Una sociedad que observa la destrucción de su entorno, donde el respeto a la vida es tomado tan a la ligera, con una frivolidad que raya en el desprecio, refiere a una comunidad dañada y seguramente enferma.
Los asesinatos de tres familias ocurridos en menos de dos semanas son crímenes que asemejan a las purgas que realizan grupos extremistas donde la destrucción de etnias y pueblos enteros son calificados como crímenes de lesa humanidad.
En Tamaulipas las voces de los empresarios hasta ahora se escuchan más fuerte demandando el respeto al estado de derecho.
La voz de clérigos pidiendo mayor vigilancia y calificando a Tamaulipas como estado fallido, donde hasta el alcalde victorense admite tener miedo, tendría que mover a resolver este drama de una vez por todas.
La cercanía de un nuevo gobierno estatal pareciera que está influyendo en el recrudecimiento de la guerra entre grupos antagónicos.
El tuit de quien será el mandatario a partir de octubre demandando mayor seguridad suena paradójico porque hasta ahora lo único que ha prometido es enviar a los policías a capacitarse a Estados Unidos, pero no conocemos alguna estrategia que diga cómo resolverá este añejo problema.
A partir de octubre Tamaulipas entra en una etapa distinta y la ciudadanía espera resultados y pronto.
Espero que en breve el nuevo gobierno que comenzara los trabajos de la transición diga cómo le hará para resolver la inseguridad.
Entre tanto la federación sigue como observadora del proceso destructivo que padece esta entidad y sin atender debidamente los reclamos de empresarios y religiosos.
LA CASA BLANCA
Ahora que dice la presidencia de la República que Angélica Rivera ya devolvió la casa blanca es oportuno que nos informen donde vivirán Enrique Peña Nieto y su familia ampliada que le cuesta un buen dinero a los mexicanos empezando por el número de guardaespaldas y personal de servicio que les tienen asignado.
Se supone que ellos tendrían que vivir en Los Pinos y como está eso de que habitaban la residencia que “les vendió” el tamaulipeco dueño del Grupo Higa,
La devolución de la costosa propiedad no requirió una investigación profunda para descartar malversación de fondos públicos.
Entonces, todo quedará como borrón y cuenta nueva?
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