La corrupción es un problema que vulnera a la sociedad de forma política y económica, atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía al no tener un goce sustantivo de los mismos. La corrupción se debe erradicar, es por esto que en la legislatura pasada nos comprometimos a hacer las reformas necesarias para implementar un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y hoy ese esfuerzo se ve reflejado en la promulgación del decreto de reforma.
El Sistema es un paso importante para combatir la corrupción en México, resultado del esfuerzo de tres años de trabajo conjunto de la sociedad civil, la academia y el gobierno; pero es a la ciudadanía a quien se le otorga el mayor papel, pues es ésta quien decidirá la operación del Sistema mediante el Comité de Participación Ciudadana (CPC), como eje integral del combate contra la corrupción, para cumplir con la expectativa de erradicarla.
El CPC tendrá la tarea de diseñar los formatos de las declaraciones fiscales, de interés y patrimonial que deberán entregar los funcionarios públicos y los particulares que participen en licitaciones y contratos que involucren recursos públicos, así como operar de forma óptima el SNA, asegurando el acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.
El CPC trabajará en conjunto con el comité coordinador de las instituciones que participarán en el SNA, como la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y órganos especializados como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA).
La ASF podrá presentar denuncias según se trate de un delito o de una falta administrativa ante la FECC o iniciar procedimientos ante el TFJFyA. Así mismo, podrá fiscalizar recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la Federación; promover la imposición de sanciones a servidores públicos federales, estatales, municipales, de la Ciudad de México y particulares.
El nuevo TTFJFyA contará con plena autonomía para dictar fallos y deberá imponer las sanciones a los servidores públicos de los tres poderes y órganos constitucionales autónomos de la Federación, así como de las entidades y municipios, por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen de éstas, además de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias.
Las sanciones administrativas graves tendrán un periodo de prescripción a siete años, con lo cual se podrá investigar y sancionar a funcionarios públicos, aún cuando haya terminado el periodo en el cual ejercieron sus funciones. Los servidores públicos, ahora, están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, en los términos que determinan las leyes aplicables. También, procederá la extinción de domino en casos de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.
El SNA es un logro importante, pero aún queda trabajo que hacer, y en el que debe participar la ciudadanía, académicos y representantes de gobierno, para hacer del sistema un instrumento que contribuya a la pronta erradicación de la corrupción en nuestro país.
