Aunque de acuerdo a lo establecido por la ley, el proceso de entrega recepción deberá iniciarse 30 días antes de que concluyan las administraciones salientes y a estas alturas los gobernantes electos ya tienen todo listo, empezando por la integración de los equipos de transición para iniciar el cambio de gobierno, todo indica que será al regreso de vacaciones cuando arrancarán los relevos.
Tenemos entendido que el gobernador electo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya está dando los toques finales a la conformación del cuerpo de colaboradores a los que se encomendará la tarea de verificar los inventarios, tanto en lo que se refiere al manejo de los recursos materiales, como humanos y muy especialmente los financieros.
El sucesor de Egidio Torre Cantú ha declarado que no habrá cacería de brujas pero también ha advertido que si se encuentran irregularidades se harán las denuncias a que haya lugar.
Lo que no se sabe aún a ciencia cierta todavía es ¿qué harán los miles de priistas que se quedarán sin trabajo el último día de septiembre? La mayoría seguramente irán a engrosar las filas del desempleo a esperar que regrese el PRI al gobierno, en tanto que aquellos que hicieron su guardadito para los tiempos de vacas flacas se dedicarán al comercio en pequeño y los que tienen carrera, a lo mejor regresan a la actividad profesional, en donde tampoco las cosas son promisorias.
En algunos municipios, como el de Madero, muchos de ellos ya se han acercando al sindicato petrolero para que les ayuden a trabajar en Pemex, empresa en la que, lamentablemente, las plazas y oportunidades de empleo se encuentran muy restringidas a causa de los recortes del gasto y del presupuesto aplicados a la paraestatal por el gobierno para enfrentar los bajos ingresos causados por caída de los precios internacionales del petróleo.
Según afirman los allegados a la refinería, la mitad de los transitorios o más se encuentran actualmente sin trabajo por ese motivo.
La situación se ha tornado tan complicada para los priistas que si antes, cuando los gobiernos estatales y municipales se encontraban en manos del Revolucionario Institucional, se peleaban la posiciones del partido político, ahora están batallando para encontrar a dirigentes porque debido a la falta de dinero tendrán que trabajar de meritorios, por puro amor al arte.
Cambiando de tema, el día de la promulgación de la leyes que conforman el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado jueves 18 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto hizo una observación interesante. “Hasta no ver resultados contundentes, expresó, la ciudadanía verá en nuestros discursos solamente eso, discursos”.
¿Cuándo los habrá? No se tiene idea, sin embargo, candidatos para estrenar el SNA sobran. Lo único que tendría qué hacerse es escoger a los más emblemáticos para demostrar que no se trata una pantomima sino una verdadera disposición destinada a castigar a los gobernantes corruptos.
A propósito, las presiones para que se impida a los mandatarios de Quintana Roo, Roberto Borge; de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, evadir la ley, aumentan y no precisamente por parte de la sociedad ni de los representantes de los partidos de oposición, sino de los propios militantes del PRI.
Hace una semana, el consejero nacional, Armando Barajas, solicitó a la comisión nacional de justicia partidaria del tricolor que se suspendiera a los mandatarios estatales los derechos partidistas y se les expulsara de la organización, por el daño político que le han causado al ex invencible con su mala actuación
Ayer se sumó a las exigencias el senador priista Arturo Zamora, quien entregó a la oficina de la presidencia del Senado de la República una carta en la que pide a la instancia legislativa que ejerza sus facultades legales para tramitar y resolver en forma preferente las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la PGR y la Suprema Corte de Justicia contra aquellas maniobras realizadas por los jefes políticos estatales para proteger su retirada.
“Estamos en contra de cualquier acto, dice el solicitante, que pretenda prohijar la opacidad, encubrir la corrupción e incubar la impunidad”.
jlhbip@hotmail.com
