CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En lo que va del año, las multas por perjudicar al medio ambiente en Tamaulipas lo mismo se han aplicado a constructoras que a una Secretaría de Estado.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha aplicado 22 multas a igual número de empresas e instituciones de Gobierno por infringir diversos ordenamientos legales de protección ambiental.
En total, en lo que va del año suman más de 550 mil pesos en sanciones.
La multa más grande la tiene Z Industries con 109 mil pesos, mientras que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado tiene dos multas una por 10 mil y otra más por 14 mil pesos.
Un documento de la dependencia señala que las 22 empresas e instituciones sancionadas y obligadas al pago de una multa están ubicadas en 10 municipios del Estado, en tanto que es Victoria, la capital, donde más empresas infractoras hay.
La información disponible señala que el número de multas y sanciones, así como el monto de las mismas que ha impuesto la dependencia, es casi el doble de las que se registraron en el primer semestre del pasado año 2015, cuando el registro marcaba apenas 14 empresas.
De la misma manera han aumentado los montos, pues en el mismo periodo del año pasado, las sanciones sumaban apenas 129 mil pesos.
De acuerdo con la Profepa, la comisión de ilícitos ambientales en las materias de forestal, impacto ambiental, recursos marinos, vida silvestre y zona federal marítimo terrestre, pueden constituir la imposición de sanciones que abarcan desde lo administrativo hasta lo penal.
Las violaciones a los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen son sancionadas con Multa o Clausura temporal, o definitiva cuando el sancionado no haya dado cumplimiento de las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; en casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente.
De acuerdo con la dependencia, cuando se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones se aplica el arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones.
En el caso de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, las infracciones son sancionadas administrativamente por la SEMARNAT.
