Una de las primeras acciones que la LXIII Legislatura del Congreso local habrá de dictaminar fast track, es la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a fin de desaparecer las dependencias que, para el gobernador electo, nada bueno le aportan al servicio público; instaurar otras sugeridas por él mismo; y la descentralización de por lo menos tres para establecerlas en puntos estratégicos de la geografía estatal.
Igual se contemplaría en este proyecto el nombramiento de algunos funcionarios sancionados por el Poder Legislativo –como serían el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el secretario de Seguridad Pública y quien al mando tenga la Contraloría gubernamental–, como en campaña lo propusiera Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Enseguida habrán de integrarse las comisiones, aunque sé que, por interés de la bancada albiceleste (que ostentará la mayoría absoluta), en el reparto de las presidencias son pocas las que ocuparían los priistas; y menos sus demás opositores.
Esto bajo el entendido de que Acción Nacional tendría 19 diputados, al menos, acorde al veredicto que ofrezcan las autoridades electorales a más tardar el día 20 de agosto (que mañana inicia) tras desahogar hasta eso, contadas impugnaciones sobre el escrutinio que le da al PAN por lo menos 16 distritos (de 22).
Como fuere, sé que la bancada albiceleste (aún sin estrenarse) está ocupada en los rubros citados líneas arriba.
Esto quiere decir que la composición estructural del Poder Ejecutivo sufrirá cambios sustanciales en algunas dependencias a fin de optimizar recursos, agilizar trámites, hacerlas más eficientes, adelgazar su padrón laboral y evitar la duplicidad de funciones.
Algunas direcciones generales serían enrocadas para depender en lo sucesivo de otras secretarías; y en varios casos sólo se cambiaría su nombre y en otros su organigrama.
De cualquier forma la nueva administración iniciaría con un gabinete en forma.
Casi al mismo tiempo habrá nombramientos de nuevos funcionarios aunque muchos de ellos sólo cambiarían de dependencia, pero no de cargo.
En el caso de los órganos que cambiarían de nombre y atribuciones no creo que ocurra nada extraordinario, pero en cuanto al nacimiento de las nuevas dependencias hay que verlo minuciosamente –no ahora, sino en análisis por separado, pues el gasto corriente podría sufrir, también, modificaciones sustanciales, ya que al contratar empleados y asignarles infraestructura y recursos para su operación, podría distraerse parte del presupuesto asignado al Gobierno estatal para lo que resta del 2016.
Claro que esto ya debe haberlo contemplado el Gobernador electo, pero es interesante el tema, si tomamos en cuenta que para funcionar al cien por ciento cualquier dependencia requerirá, cuando menos, colocar en sus carteras más estratégicas a profesionales del servicio público.
Y también cobran.
Esto quiere decir que tendría que adelgazarse más el gasto de otras instancias –tomando en cuenta que no desaparecería ninguna de las instancias actuales, a menos que el burocratismo simple y llanamente sea reubicado, lo que, en el fondo, poco garantizaría por la proclividad que manifiesta a la improductividad.
La medida podría ser acertada –igual, pero aquí la dejamos, por el momento, hasta que no tengamos mayores elementos de juicio.
Buscadores de chamba
A partir de mañana, bien lo sé, en las oficinas del nuevo mandatario se harán presentes los buscadores de chamba que le solicitan audiencia tratando de venderle sus ‘capitales políticos’.
También buscarían a sus compadres, familiares o conocidos, según sea el caso, con cartas de presentación y recomendación en mano, tarjetas y, por supuesto, su currículo.
Son profesionistas muchos o quizá la mayoría –inclusive algunos ya con experiencia en el ejercicio público y otros por primera vez pretenden incursionar en las esferas del poder, aunque igual hay burócratas que resultarían víctimas del relevo institucional; damnificados de los grupos políticos en decadencia y uno que otro saltimbanqui.
Y pasan largas horas haciendo antesala en busca de la oportunidad aunque ésta no sea de la jerarquía requerida o que consideran merecer.
Lo importante para ellos es ser enlistados en la nómina oficial y estar vigentes, pues en tiempo de crisis y desempleo cualquier ‘huesito’ significaría un éxito.
Obviamente, sé, no faltan las llamadas telefónicas ni las peticiones directas de políticos y personajes ‘influyentes’ –esos que consciente o inconscientemente hacen abrigar expectativas a quienes de una u otra forma les han servido y aún creen en sus falsas promesas y hueca palabrería, que mediante la amenaza velada, la súplica o el soborno tratan de cobrar facturas con posiciones de dirección pa’ bajo.
En situaciones ‘normales’ –según los aludidos, la administración pública permite a cualquier alto funcionario integrar su equipo de trabajo con gente que le es afín –y regularmente la coloca en los puestos claves de mando y toma de decisiones, porque con ello, se dice, garantizaría una dinámica de trabajo adecuada, alcanzaría los objetivos y metas planteados, y tendría la garantía de que no habría escurrimientos informativos ni deslealtades por parte de sus colaboradores.
Pero la realidad siempre ha sido distinta.
Método selectivo
De acuerdo a lo observado, la nueva dinámica que podría aplicarse en la contratación del personal de confianza es que los jefes enfrenten el reto de conocer sobre la marcha el nivel de profesionalismo, eficacia y eficiencia de sus subalternos, pues muchos (de ellos) pertenecen a la administración anterior, provienen de otras cofradías, llegarían en base a negociaciones, o simple y llanamente porque así convendría al funcionamiento del sistema.
Por tanto los nuevos integrantes de la alta jerarquía gubernamental, admítase o no, estarían en todo su derecho de hacer un diagnóstico acerca de la experiencia y aptitudes de los recursos humanos que a su cargo pudieran contratar; e incluso de someterlos a evaluaciones a fin de evidenciar la calidad o deficiencia en su experiencia profesional, para entonces sí tomar las decisiones más acertadas.
Sería la mejor política en lo que toca a la administración del personal con que se contaría y de los nuevos servidores públicos que habrán de contratarse en el transcurso de este mes y el subsecuente.
Sobre todo si tomamos en cuenta que los integrantes del gabinete habrán de ser seleccionados de manera rigurosa acorde al perfil, conocimiento y experiencia profesional requeridos en cada dependencia, según lo ofrecido por Francisco Javier.
Riesgo de improvisar
Reza un dicho popular que “echando a perder se aprende…”
Pero en esta situación tan delicada y sensible como es la de concretar a cabalidad un proyecto de Gobierno para confeccionarlo con las propuestas del propio pueblo tamaulipeco, las improvisaciones constituyen inercias que podrían retardar el cumplimiento de compromisos, lo que irremediablemente impactaría (para mal) en la imagen de la administración.
Sabedor de lo aquí consignado –y basado en su conocimiento del manejo de personal y de que el trabajador debe adecuarse al puesto, no el cargo al empleado, seguramente el nuevo titular del Poder Ejecutivo, asesorado por sus colaboradores más cercanos, revisa las áreas donde habrá de definir nombramientos; la documentación de los prospectos a ocupar las vacantes –aunque en las carteras sigan despachando los ‘renunciados’, y evaluando trayectorias profesionales.
Esto sin embargo, no significa que los ‘prietitos en el arroz’ ya estén eliminados por completo. Pero la eventualidad de que haya colados e improvisados en los niveles de mando se reduce en forma considerable.
No olvidemos que en toda organización el principal recurso es el humano; y que si éste falla difícilmente se alcanzarían las expectativas trazadas.
Y ello también, repito, repercutiría inevitablemente en la imagen del Gobierno.
Carteras estratégicas
Por otra parte es pertinente señalar que la administración pública estatal cuenta con áreas cuyo manejo (en los mandos medios y superiores) implica alta responsabilidad y probada honorabilidad, por lo que ahí debe evitarse que tengan cabida quienes acostumbran pescar a río revuelto.
Son instancias donde la transparencia amerita ser práctica cotidiana, como es el caso de las carteras encargadas del manejo financiero, recaudatorio, adquisición de materiales y equipo; asignación de obras, administración, aplicación de la justicia y prevención del delito; las responsables del manejo político y de la comunicación institucional.
Principalmente porque los ojos de la sociedad civil estarán puestos en ellas y en los personajes que las manejen, a fin de constatar si los nuevos funcionarios transitan por el camino correcto o se dejan seducir por la deslealtad y la corrupción.
De cualquier forma en esas carteras no habría cabida pa’ los ‘busca chambas’… pero ¡cuidado!, éstos a veces son tan hábiles que en una audiencia podrían colarse hasta arriba y con el tiempo sacarle los ojos a quienes sin saberlo crían cuervos…
Renovación priista
En cuanto se haga pública la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal (CDE) priista –que aún preside Rafael González Benavides–, el reacomodo de los grupos habrá de ser harto notorio igual que la escisión de cuadros para emigrar al PAN.
Son varios los nombres los que se han ventilado para el relevo pero lo cierto es que todavía no se ha tomado la decisión, porque, según se observa, poco interesa a los aludidos, tomando en cuenta que al menos durante lo que resta al 2016 y todo el 2017 la actividad políticopartidista será poca y por ende el tricolor padecerá una severa crisis económica, a menos que a través de las delegaciones federales se le inyecten recursos.
De cualquier forma mucho se especula en torno al tema.
Tarjetahabientes acosados
Ante la insolvencia económica que padecen miles de tarjetahabientes y la incertidumbre provocada por la crisis financiera que se vive en todo el país, hay bancos que instrumentan nuevos programas para recuperar la cartera vencida y ejecutan una contracción crediticia.
Sin embargo ninguna de estas medidas es la panacea que alivie el grave problema que padecen las instituciones bancarias y menos quienes gustan utilizar el llamado ‘dinero de plástico’.
De ahí que diversos bancos, en los últimos días, hayan dado en enviar citatorios a sus clientes para exigirles que en un plazo no mayor a las seis quincenas liquiden totalmente los intereses generados por sus adeudos, ofreciéndoles ‘la oportunidad’ de pagar en mensualidades el crédito total.
Claro, siempre y cuando cumplan con el pago puntual de nuevos recargos.
Tal es el caso de Banamex, que en escaso un mes trasladó a cerca del 50 por ciento de sus ‘clientes problema’ (que cayeron en la cartera vencida) a bufetes especialistas en cobros extrajudiciales, para que mediante el terror traten de recuperar al menos el capital y una parte de intereses moratorios (que obviamente son ganancia para esas firmas recuperadoras de pasivos), so pena de boletinarlos en el Buró de Crédito, que, por cierto, en breve podría iniciar una recapitulación en su sistema operativo, según lo anunciado por sus altos ejecutivos.
¿Sólo de palabra?
La misma táctica, aunque a menor escala, la practican Bancomer, HSBC (antes Bital), Banorte, SantanderSerfín y otros, que no están dispuestos a perdonarle la vida a la ‘gallina de los huevos de oro’.
O sea, a sus tarjetahabientes.
Por esa misma causa la emisión de nuevas tarjetas de crédito se ha desplomado. Y es decisión de los principales bancos desincentivar a los usuarios comunes, castigando el uso de este servicio con la aplicación de tasas de interés onerosas.
Esto de acuerdo con informes que celosamente guardan el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria.
Motivos del endeudamiento
La necesidad de contar con recursos líquidos es apremiante para los particulares, y de ahí se han agarrado las instituciones bancarias que tan sólo por el servicio de disposición en efectivo llegan a cobrar una comisión promedio que muchas veces rebasa el nueve por ciento; y al mismo tiempo ejercen una política más agresiva para contrarrestar la cartera vencida al limitar el otorgamiento de tarjetas a solamente los cuentahabientes ricos.
Otro de los efectos que resienten las personas que pretenden obtener tarjetas de crédito, es la condicionante del ingreso.
Hasta hace un año, quien percibía un ingreso mensual de dos salarios mínimos era sujeto de crédito. Pero actualmente sólo la gente que compruebe percibir entradas mayores a los doce salarios mínimos puede aspirar a una tarjeta.
Es aberrante esa disposición de la usura institucionalizada. Y así lo reconoce la Asociación Mexicana de Tarjetahabientes, a quien le resulta paradójico que mientras las autoridades de los organismos crediticios (expresamente las del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria) realizan encuentros emergentes para ofrecer una serie de mecanismos que permitan a los bancos mantener sus niveles de capitalización y reestructurar su deuda, estos se nieguen a bajar sus tasas de interés y a la emisión de nuevos créditos.
En el primer caso según advierte la Asociación Mexicana de Tarjetahabientes, los bancos han ofrecido congelar los pagos mensuales, disminuir la amortización del capital e incrementar el pago de intereses de acuerdo con los niveles que alcancen los rendimientos.
Pero ninguna de estas tres medidas garantiza ningún beneficio adicional para los usuarios.
Por el contrario, con este tipo de programas la banca sólo busca mantener ‘amarrados’ a los clientes por mucho más tiempo del estipulado en los contratos cuando existen, a fin de obligarlos mediante todos los recursos legales y extrajudiciales a pagar elevadas tasas de interés.
Alerta máxima
En los próximos días usted, como usuario del ‘dinero de plástico’ o aspirante a convertirse en tarjetahabiente, podría recibir la visita de algún representante bancario, quien haría todo lo posible porque le firmara documentos en blanco u otros redactados con letra tan, pero tan
diminuta, que quizá no lograría leer.
Pero niéguese a escuchar el canto de las sirenas
No estampe su rúbrica sin consultar previamente con un abogado y/o un contador público (de los que sí conozcan el tema), pues de lo contrario no se lo deseo, que conste, estaría casi firmando su acta de defunción.
Prestamistas abusivos
El abuso contra el patrimonio familiar que cotidianamente realizan las empresas prestamistas instaladas en los 43 municipios de la entidad, es un asunto que la LXIII Legislatura del Congreso del Estado debe atender en lo inmediato y no relegarlo, como lo hicieron los diputados de legislaturas anteriores, aun simple punto de acuerdo.
Más cuando su operación y funcionamiento no acata lo dispuesto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicada en el Diario Oficial en junio del 2001, que regula, promueve y facilita el servicio de las incontables promotoras de créditos que han aparecido en toda la geografía estatal.
Por tanto, las llamadas casas de empeño están incurriendo en el delito de usura, según lo establece el Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
¿Acaso éste no es un buen tema para debatir en el Congreso local?
Eso acarrearía credibilidad a los diputados entrantes.
Y más si sancionaran tanto abuso.
E-m@il
Jusam_gg@hotmail.co
