En un hecho poco común, un grupo de 16 diputados priístas expresaron el fin de semana a través de un desplegado su desacuerdo con el ajusticiamiento y eventual expulsión del partido del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, un conato de rebelión que puso de relieve, al mismo tiempo, la falta de liderazgo y de peso como jerarca nacional de Enrique Ochoa Meza.
Pero si los militantes inconformes con el castigo que se pretende imponer al mandatario veracruzano se expusieron a cualquier represalia, entre otras razones porque en el tricolor está prohibido disentir y jugarle las contras a las cúpulas, los que corrieron un riesgo innecesario fueron los 4 legisladores del Verde Ecologista que hicieron causa común con sus homólogos del PRI para condenar la penalización al controvertido jefe político estatal.
Como el proceder de estos últimos estaba fuera de lugar por entrometerse en asuntos que no les correspondía, el dirigente nacional del Partido del Tucán, Carlos Puente Salas, se apresuró a anunciar que los firmantes de la publicación de esta organización serán objeto de un extrañamiento, lo que eso signifique, cuando menos para guardar las apariencias y hacer creer a la población que el hecho de ser aliados del PRI no les da derecho a meterse en los asuntos internos del tricolor.
Si entablar una probable alianza electoral con el PRI en circunstancias tan adversas para el priísmo como las que se vislumbran para la sucesión presidencial del 2018 es riesgoso, meter las manos al fuego por un priísta al que el propio partido ha decidido sacar de la agrupación es a todas luces un desplante
imprudente y temerario.
La realidad es que causa extrañeza que, tras las graves acusaciones que se imputan al gobernante, haya quienes aún lo defiendan.
La gran mayoría de los priístas y de los seguidores del Revolucionario Institucional del país están a favor de que se sancione ejemplarmente al acusado pero no únicamente por la mala imagen que la actitud del político ha dado a la causa priísta, sino porque fue uno de los factores por los que el ex invencible perdió 7 de las 13 gubernaturas en los comicios locales del pasado 5 de junio.
Aparentemente, los militantes de ex partido oficial que defienden a Duarte no se han dado cuenta todavía de que si el partido perdona al gobernador e incluso mueve sus influencias para impedir que sea juzgado judicialmente, como lo hizo meses atrás con el ex dirigente nacional, el bailarín Humberto Moreira Valdez, al que salvó de la justicia española, cavaría su propia tumba política.
O quizá están tan obnubilados por el poder que no alcanzan a ver, a pesar del creciente rechazo de la sociedad que actitudes como ésta son las que han provocado una animadversión popular generalizada contra la organización y que ésta pierda miles de adeptos en cada proceso electoral por esa razón.
El castigo que el PRI se propone imponer al jefe del ejecutivo de Veracruz tiene por objeto recuperar la confianza de las bases y seguidores del priísmo, pero sobre todo la de los miles de ciudadanos que retiraron el apoyo al partido político que gobierna el país por la complacencia y hasta la defensa que ha realizado el alto mando nacional ante este tipo de fechorías condenadas por la sociedad.
En asuntos de otra índole, como sucedió en la recta final de la gestión de Oscar Pérez Inguanzo, los empleados del municipio tampiqueño temen que a causa de la falta de dinero originada por la crítica situación económica les vayan a quedar a deber la parte proporcional del año en el pago de los aguinaldos y otras prestaciones laborales que le corresponde a la administración saliente.
El temor es tal que algunos de los trabajadores han advertido que, si el gobierno de la ciudad no les garantiza el cumplimiento de la obligación legal, podrían realizar paros parciales de actividades o plantones de protesta para que las autoridades les aclaren las dudas que han surgido sobre el asunto en las semanas recientes y se les diga con toda honestidad si se trata de versiones fundadas o rumores sin fundamento.
En situación similar se encuentran los locatarios de los mercados municipales. El retraso en la construcción de la magna obra les ha hecho pensar que ésta podría quedarse a medias hasta en tanto no se consiguen los millones de pesos que se afirma que se requieren para la edificación total de los nuevos centros de abasto.
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