En medio del ebullente panorama que vive el Estado, las dificultades hacendarias se suman también al paquete de complicaciones que le aquejan.
Con seguridad usted ha escuchado sobre el tema de la deuda pública que sufre Tamaulipas o ha leído algo al respecto. Es tan pesada esa carga que el gobernador Francisco García le ha concedido, como ya lo anunció, prioridad máxima para tratar de reestructurarla y liberar en la medida posible lo que llamó “manos atadas” de esta Entidad federativa.
Pero la deuda pública no es el único problema en materia financiera que quita el sueño al actual gobierno. Un grave error administrativo del pasado reciente encendió desde hace años una chispa que aún desde la visión más positiva, mantiene al erario estatal sobre un polvorín en ciernes.
Podría llamarse, sin faltar a la verdad, “La otra deuda”. Una carga potencial que rebasó ampliamente los 2 mil millones de pesos y que se ha ido atendiendo poco a poco, debido a la crisis presupuestaria de la Entidad.
Es una historia germinada –se debe reconocer así– en las buenas intenciones, pero sin la dosis de prevención que debió observar el anterior gobierno desde el inicio de sus acciones. Intentaré explicarla, con una disculpa previa por no citar con todo rigor el proceso.
La administración anterior, para cumplir un compromiso de campaña, fue concediendo bases laborales a todos los trabajadores por contrato. Se hizo de manera generalizada, otorgándose paulatinamente esa seguridad a miles de empleados de confianza.
Pero lo que empezó como un sueño cristalizado se convirtió en pesadilla para el gobierno. Los trabajadores basificados empezaron a ser acosados por abogados que les ofrecieron una carnada irresistible: un juicio laboral por el no otorgamiento de prestaciones durante los años en que prestaron sus servicios, que les garantizaría una indemnización que va de los 200 mil hasta el millón de pesos de acuerdo al tiempo trabajado y ya han convencido a alrededor de 3 mil burócratas para demandar al Estado. Los legajos de los litigios se amontonan en la Junta de Conciliación.
Nadie en el anterior gobierno estatal o por lo menos así parece, pensó en que era posible una reacción de esa naturaleza y no curó en salud jurídicamente a las finanzas de Tamaulipas. Hasta el final del sexenio, precisamente por la insuficiencia de dinero, no encontraron solución a ese problema como lo confirman muchos trabajadores involucrados, en un lastre que todo indica fue heredado a la nueva gestión.
Quién o quiénes fueron culpables de ese error gigantesco ya poco importa porque el daño está hecho. Pero lo que sí importa es el reclamo de miles de empleados que con la certeza de inamovilidad de su plaza en el bolsillo, darán un buen mordisco a las arcas estatales.
Y ni vuelta de hoja. La ley está con ellos…
Buena decisión
La mejor administración que en los 15 años más cercanos ha registrado la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado –COMAPA– de Victoria, ha retornado a esa dependencia. Me refiero a la gerencia que encabezó y ahora vuelve a hacerlo, Gustavo Rivera Rodríguez.
Lo dije en ese tiempo y lo confirmo ahora, sin ánimo de endulzar oídos y en estricta justicia. Fue en esa etapa cuando la COMAPA prestó un nivel de servicio que le valió reconocimiento generalizado gracias a la atención adecuada de los problemas y en especial a uno de ellos que tantos dolores de cabeza ha provocado: la reconstrucción de vialidades que destrozan las cuadrillas de esa oficina en sus reparaciones y que sólo bajo la responsabilidad del funcionario mencionado se repararon con el material original, así fuera concreto hidráulico.
Me parece esta designación, una decisión acertada del alcalde capitalino Óscar Almaraz…
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