CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Una unidad de búsqueda especializada en desaparecidos y la tipificación del delito de desaparición forzada, entre otras exigencias, plantearon los familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas al titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) estatal, César Verástegui Ostos.
En entrevista con Expreso, el presidente del colectivo Victoria, Guillermo Gutiérrez Riestra, enfatizó que la unidad de búsqueda anunciada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca debe contar con la participación de los parientes de la(o)s no localizados.
“La limpia en la Procuraduría General de Justicia. La Procuraduría no hizo absolutamente nada. Solamente archivaron los expedientes; el resultado es que no han dado con ninguno de los desaparecidos. Lo poco que hay en los expedientes es aportado por los familiares. Ellos nunca investigaron nada”, dijo el padre.
La señora Graciela Pérez, quien busca a su hija, 3 sobrinos y un hermano desde hace 4 años, mencionó que urge instalar la comisión estatal de víctimas, elaborar un protocolo de búsqueda y evitar que sólo sean tratados con apoyos sociales. Alertó que los casi 6 mil casos aumentarán pues hay familias que no han denunciado ante las instancias estatal y federal.
“Creo que sí querrán hacerlo pero la ciudadanía está tan dañada. La delincuencia no se va a calmar y las víctimas de estos delincuentes seguimos buscando y presionando”, dijo.
Gutiérrez y Pérez estuvieron en la reunión que convocó el secretario Verástegui Ostos el martes en Palacio de Gobierno. A la cual asistieron aproximadamente 30 personas entre familiares y el equipo estatal. El ministro del Interior estatal prometió que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunirá con los representantes la próxima semana.
El sábado pasado, el mandatario tamaulipeco anunció la creación del cuerpo especializado de intervención y reacción para la atención de secuestros y extorsiones; del primer registro estatal de personas desaparecidas, y el primer banco de ADN para contribuir a su búsqueda y su localización; y de la primera estrategia integral de prevención y atención social a las víctimas de violencia.
De la situación jurídica de los miles de casos, el líder del colectivo victorense explicó que durante tres años sólo le expidieron una carta circunstanciada y la archivaron. En 2014 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) abrió la averiguación previa. De acuerdo al testimonio del padre, un comando armado entró a su casa y se llevó a Raquel y otros amigos. “Incluso los jefes de esos grupos armados están detenidos y ni siquiera han dado información de qué hicieron con los desaparecidos”.
Sobre el compromiso de crear un banco de ADN, la mamá Milynali Piña Pérez aclara que la PGJ tiene una base de datos con 500 ADN’s de personas no identificadas que fueron sepultadas en fosas comunes. Sin embargo, en este año familiares de desaparecidos en Reynosa pidieron la apertura de algunos entierros para extraer muestra para identificar a posibles personas.
El caso de la señora Graciela ocurrió en agosto de 2012. Su hija, los sobrinos José Arturo y Alexis Domínguez Pérez, Aldo de Jesús Pérez Salazar e Ignacio Pérez Rodríguez viajaban en una camioneta rumbo a Tamuín. Nadie supo más de ellos mientras pasaban por Mante. En 2014, buscó una audiencia con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero no fue escuchada. Por ello, considera que los padres, madres e hijos han sido maltratados.
“Esperamos que lo mínimo que reclamamos lo atiendan; que los huérfanos tienen el derecho de seguir estudiando y alimentándose, de tener seguridad. Pero lo otro es exigir que la guerra se acabe. Nosotros queremos vivos a nuestros desaparecidos”, manifestó Gutiérrez Riestra.
